El poder judicial, en pie de guerra ante López Obrador

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Más de 600 jueces y magistrados se amparan en contra del recorte de sueldos promovido por el Gobierno de Morena
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México vive una invisible guerra de baja intensidad. Dos potentes fuerzas están por chocar bajo la superficie justo en el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La primera es el impulso transformador que ha abierto la era presidencial de Morena con un discurso de austeridad y en contra de las élites. La otra es el poder judicial, que ha alzado la voz en lo que considera “un claro contexto de debilitamiento” mediante ataques a la independencia judicial. El enfrentamiento de estos sujetos podría derivar en el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, quien podría dirimir un conflicto institucional entre el poder Ejecutivo y Judicial.
Más de 2.000 empleados de la judicatura —entre ellos 600 magistrados— han promovido juicios de amparo, un proceso en el que se impugnan normas generales que se consideran violatorias de los derechos humanos.

Los funcionarios se han mostrado inconformes por la primera reforma del Gobierno de Morena, la de dos artículos de la Constitución —75 y 127—, con la que López Obrador ha decretado que nadie en la Administración Pública gane más que él. El mandatario recortó un 40% su sueldo y lo fijó en 108.000 pesos mensuales (5.300 dólares). La demanda afirma que esta reforma “es contraria al orden constitucional”. “El Poder Judicial goza de autonomía para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligación de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales”, afirma la demanda, de la que EL PAÍS tiene una copia.


Esta crisis escaló porque el poder judicial se fue quedando sin interlocución ante el nuevo Gobierno. Una comisión visitó al senador Ricardo Monreal, de Morena, después de que este presentara en octubre una polémica iniciativa para “sacudir” a la judicatura con una propuesta de gran envergadura para rotar jueces, hacerles pruebas de polígrafo y modificar sus encargos. Este fue el primer aviso que puso en guardia a los magistrados. Tras visitar al legislador, la comisión ejerció presión en orden ascendente en el escalafón de Morena. Siguió una visita a Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación [ministra del Interior] con la que encontraron buena sintonía porque fue ministra del Supremo entre 1995 y 2015. A ella siguió el cabildeo con Julio Scherer, el abogado de la presidencia. Por último, los jueces pudieron comunicar sus preocupaciones al propio López Obrador en una reunión a puerta cerrada. El presidente electo intentó tranquilizarlos diciendo que no había una agenda contra ellos.

Pero la realidad mandaba otras señales. Las alarmas saltaron el 5 de noviembre, cuando fue publicada la norma de remuneraciones. El viernes 21, la magistrada Sonia Rojas, de Sinaloa, promovió un amparo para que su sueldo no sea afectado en enero, cuando entre en vigor el presupuesto de 2019. Su demanda fue aceptada en un tribunal. Desde entonces, cientos de jueces federales han seguido el ejemplo en un caso donde se han convertido en juez y parte. “El impacto de la ley va a ser el contrario al buscado: riesgo de apertura de las puertas a la corrupción”, afirma la demanda.

Esta es la apuesta de la judicatura por desmotivar el empuje transformador de Morena. Está por verse si es suficiente para tranquilizar un caso sin precedentes en México. El antecedente más próximo del choque entre el Judicial y el Ejecutivo se dio en diciembre de 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) dio un manotazo en la mesa y redujo el pleno de la Suprema Corte de 26 a 11 ministros. Era un gesto de autoridad igual que el que pretende López Obrador en el arranque de su mandato.

El choque con el poder judicial es el primero al que se enfrenta el nuevo presidente de México, que tras la victoria del 1 de julio tiene una mayoría absoluta en las dos Cámaras del Congreso, por lo que la oposición política es simbólica. Los jueces, en ese sentido, se vislumbran como la única contención a López Obrador.

Hasta este viernes se habían promovido 440 juicios que incluyen a 2.194 quejosos, entre ellos 291 jueces y 323 magistrados de circuito. Fuentes del Poder Judicial estiman que la cifra escalará rápidamente entre los 1.429 puestos más altos de la judicatura: ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, consejeros de la judicatura y magistrados electorales.

Los demandantes ruegan a los jueces de distrito que se declaren impedidos en estos casos y piden a los Tribunales Colegiados solicitar a la Suprema Corte de Justicia atraer el caso para ponderar la constitucionalidad de la reforma promovida por Morena. El caso de la magistrada Sonia Rojas ya está siendo estudiado en una de las salas del Tribunal Constitucional, cuya presidencia entrará en un proceso de renovación en enero próximo y que tiene a dos jueces de carrera, Alberto Pérez Dayán y Jorge Pardo Rebolledo, entre sus principales interesados.

Muestra de buena voluntad

El Poder Judicial prepara un acuerdo general de autorregulación como una señal de buena voluntad para desactivar la crisis. Los jueces reconocen algunos de los vicios y deudas que tienen con la sociedad mexicana, por lo que ofrecen una regeneración que venga de ellos mismos y no de la imposición del Legislativo. El Acuerdo General del Consejo de la Judicatura, en manos de este diario, pretende promover la meritocracia y erradicar el nepotismo.

En su artículo 10, el acuerdo impide a los jueces nombrar o promover a sus cónyuges, concubinos o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. También prohíbe hacer acuerdos o promociones o influir por su posición jerárquica para hacer nombramientos. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito no serán adscritos a sitios donde haya un servidor público con el que tengan un vínculo. Si un juez se casa con un servidor público será reasignado.

La carrera judicial se hará a través de cursos y exámenes de habilitación, señala el documento, que consta de 16 artículos. El acuerdo incluye el registro público de méritos de los servidores públicos que ponderará, además de la experiencia, la formación académica, sanciones, notas desfavorables en el expediente y premios y reconocimientos.

Fuente: El País

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