Procesaron a cuatro miembros de la comisión evaluadora del Ministerio de Defensa

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Es por la preadjudicación, durante el proceso de licitación, a una firma española para la búsqueda del submarino, que no cumplía los requisitos.
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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó a cuatro miembros de la comisión evaluadora del Ministerio de Defensa. Los encontró responsables de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, a raíz de una denuncia que se había realizado por irregularidades en la preadjudicación de una empresa española para la búsqueda del submarino ARA San Juan.

En la resolución del magistrado, a la que accedió Clarín, se planteó que los funcionarios "omitieron aplicar la ley" al preadjudicar a la firma española del empresario argentino Marcelo Devicenzi, que no cumplía con los requisitos establecidos en el pliego.

En otro tramo del escrito, Martínez De Giorgi expresó: "Tuvieron pleno conocimiento de las reglamentaciones vigentes para la contratación y pese a todas las evidentes inconsistencias que presentó la oferente recomendada, continuaron con el proceso y no desestimaron la oferta".

Así, quedaron procesados Héctor Horisberger, Marcelo Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Bastitta, y Pablo Longhi, de la Comisión Evaluadora de la Subsecretaría de Planeamiento Operativa y Servicio Logístico de Defensa, por las irregularidades en la preadjudicacion a Igeotest Geociencias y Exploraciones SL. A todos se les aplicó un embargo de un millón de pesos.

El 1 de junio de 2018, los cuatro recomendaron la adjudicación a los españoles omitiendo las cláusulas particulares establecidas entre los requisitos para acceder a la búsqueda del submarino. Según se desprende de la resolución judicial, la empresa no estaba en condiciones para acceder al contrato.

La contratación, tenía por objeto la prestación del servicio de búsqueda submarina por medio de “batimetría multihaz, sonografía, magnotometría e imágenes visuales a fin de localizar e identificar al submarino ARA San Juan, buque sumergible que tuvo su último contacto con la Armada Argentina el día 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo”.

Entre las irregularidades, expuestas en el expediente, figura que "el número societario de la empresa española Igeotest Geosciences SL preadjudicada, no coincidía con el número de registro" y que "la denunciante constató que el número societario de la empresa estaba relacionado con la compañía española Control y Prospecciones SL, la cual se encontraría concursada desde el año 2017".

Como consecuencia de la omisión perpetrada por Horisberger, Dip y García Bastitta (bajo la supervisión de Pablo Alberto Longhi), -advirtió eñ juez-, “se recomendó la contratación de una empresa que en rigor de verdad, se trataba de dos personas jurídicas distintas, de acuerdo a la dictaminado por la Oficina Nacional de Contrataciones el día 28 de junio del corriente año”.

Por ello, el magistrado consideró que la Comisión Evaluadora conformada por los procesados “se apartó de las prescripciones del art. 16 del decreto delegado 1023/01 y no desestimó, con causa evidente, la oferta de la empresa que a tenor de la documentación incorporada al proceso de compra, exhibía reiterados incumplimientos de sus obligaciones, en las condiciones establecidas para llevar a cabo el proceso de compra”.

La causa se inició el 13 de junio por denuncia de la abogada Valeria Carreras -apoderada de familiares de tripulantes del Ara San Juan- con el patrocinio del estudio de Fernando Burlando, quien denunció a los integrantes del ministerio a cargo de Oscar Aguad, quienes integran la Oficina de Contrataciones por la "adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública"..

En su presentación, Carreras expuso distintas irregularidades acontecidas en torno a la contratación directa (por razones de urgencia) para la búsqueda del buque sumergible de mención, iniciada por el Ministerio de Defensa de la Nación a través de un concurso internacional de ofertas.

El Gobierno finalmente otorgó la licitación a la firma Ocean Infinity, que un año y después del último contacto de la nave la detectó a 900 metros del fondo marítimo.

 

 

Con información de www.totalnews.com.ar

 

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