Sobresueldos: confirman las condenas para Carlos Menem y Domingo Cavallo, quien quedó al borde de la cárcel

JUDICIALES Por
Los jueces rechazaron los recursos presentados por las defensas. Como el ex ministro no tiene fueros, podría ser detenido.
MENEM CAVALLO

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de 4 años y medio de prisión para el ex presidente Carlos Menem, y de 3 años y medio para el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, por el pago de sobresueldos en la década del ’90.

Las camaristas Ana María Figueroa y Ángela Ledesma votaron por rechazar los recursos interpuestos por las defensas y dejar firmes las condenas que dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) por la comisión del delito de peculado por el pago de sobresueldos a funcionarios que lo acompañaron en su segundo mandato de gobierno, entre 1995 y 1999. En tanto, el juez Eduardo Riggi se inclinó por hacer lugar a los planteos realizados.

En esa causa fue absuelto el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. La sentencia fue dictada el 1 de diciembre de 2015 y sus argumentos difundidos el 2 de marzo de 2016.

Ahora, con la condena confirmada, Cavallo quedó cerca de la detención ya que, a diferencia de Carlos Menem, no cuenta con fueros parlamentarios. De todas formas, aún queda la instancia del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de justicia.

Menem y Cavallo fueron hallados culpables del delito de peculado, que establece penas de entre dos y diez años de prisión al "funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo". Los tres también fueron condenados a la pena accesoria de no poder volver a ejercer cargos públicos.

Al momento de fundamentar su voto, la camarista Ángela Ledesma consideró que no se había afectado el plazo razonable, invocado por las defensas, y que en consecuencia en el caso se había dictado sentencia condenatoria y el contexto de corrupción de las maniobras imputadas.

“los graves y múltiples hechos denunciados en la causa que involucran la intervención de funcionarios públicos, dieron lugar a sucesivas medidas de prueba (muchas de ellas de complejidad técnica, como ser, pericias contables y prueba de informes ) orientadas a determinar la real ocurrencia de los sucesos y la determinación de quiénes habían sido los autores de una maniobra que duró 10 años en el marco de las más altas esferas del Poder Ejecutivo", expresó en su voto.

Asimismo, la jueza Ledesma indicó que la multiplicidad de acciones investigadas, "justifica entonces el prolongado curso de la investigación, máxime cuando se trata de maniobras de alta complejidad, tal como lo destacó el Tribunal en el fallo en crisis.”

En esta misma línea, la jueza Ana María Figueroa resaltó que no tenía fundamento el pedido de las defensas alegando la violación a ser juzgado en un plazo razonable, y consideró que esto no se verificó en este caso por cuanto "ya se había llevado a cabo el juicio oral y público y dictado sentencia condenatoria en el marco de respeto al debido proceso legal".

Al reforzar su argumento indicó que los hechos de corrupción en la función pública suelen ser de "difícil comprobación", y que en muchos casos, el acceso a la prueba "es arduo, que existe presión social y mediática para la condena de funcionarios públicos imputados de este tipo de ilícitos, pero lo que tampoco puede soslayarse es que el principio de igualdad ante la ley impone que todos los habitantes tengan el mismo tratamiento ante los tribunales de justicia y por ello todos son juzgados con los mismos derechos y garantías".

El voto en disidencia fue el del juez Riggi quien entendió que era atendible el recurso planteado por las defensas. 

Los jueces que acusaron en su momento a Menem y ex funcionarios dieron por probado que durante el gobierno del actual senador por La Rioja se pagaban sobresueldos a los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado a través de fondos reservados de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), amparados en el decreto ley 5315/56 que establecía ello pero únicamente para tareas vinculadas con la seguridad nacional.

El argumento era que algunos ministros cobraban menos sueldo que directores o funcionarios de carrera de los ministerios que ellos encabezaban, pero durante el juicio se comprobó que esa diferencia salarial no era tal, dijeron fuentes de la acusación. Luego, a través de otro decreto, se asignó la misma plata pero para el rubro de "gastos de representación", ítem que, según fuentes judiciales, aún hoy se sigue cobrando en la administración pública.

Otra prueba importante en esta causa fue la declaración del ex secretario privado de Granillo Ocampo, Wilfen Roberto Martínez Medina, quien dijo haber ido a retirar sobres con el dinero a la jefatura de Gabinete.

La semana pasada, la Cámara Nacional de Casación Penal absolvió al ex presidente Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, pese a que había sido condenado a 7 años y medio de prisión.

 

 

Con información de www.totalnews.com.ar

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