El oficialismo presentó otro proyecto de financiamiento político menos ambicioso y crecen las discusiones internas

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Solo propone la bancarización de los aportes a las campañas electorales y deja afuera la vuelta de las contribuciones empresarias, uno de los puntos más resistidos por la oposición
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Con la agenda orientada a la discusión del Presupuesto, y ante un virtual naufragio parlamentario de las modificaciones que se habían impulsado en el sistema de financiamiento de la política, el oficialismo introdujo otro proyecto de ley menos ambicioso que solo propone la bancarización de los aportes a las campañas electorales y que deja afuera la vuelta de las contribuciones empresarias, uno de los puntos más resistidos por la oposición.

Hace más de dos meses, en la segunda quincena de julio, la Casa Rosada había enviado el proyecto oficial de financiamiento de los partidos políticos, a las apuradas por la escalada del caso de los aportes truchos en la campaña bonaerense del año pasado. Pero la apretada agenda del Congreso, la falta de voluntad política y los efectos de la causa de los cuadernos que tramita el juez Claudio Bonadio dejaron a la iniciativa a la deriva, en vísperas de la campaña presidencial del año próximo.

En ese escenario, el Gobierno introdujo ahora otro proyecto, más acotado. Lo hizo hace dos semanas. La encargada de presentarlo en Diputados fue Silvia Lospennato, que tuvo una activa colaboración en la confección de la iniciativa original del Poder Ejecutivo. La diputada participó, por caso, en seminarios alusivos en Casa Rosada.

La iniciativa de Lospennato, consensuada en Balcarce 50, se centra solo en la "bancarización de aportes a los partidos políticos", uno de los puntos que introducía el proyecto original del Gobierno. "La idea es ver si aunque sea el tema de la bancarización puede salir, es lo que más consenso tiene con todas las fuerzas políticas", explicaron fuentes gubernamentales.

El texto de la diputada del PRO no hace ninguna mención a la vuelta de los aportes de personas jurídicas, que habían sido prohibidos a fines del 2009 en las modificaciones a la ley 26.215 tras el Triple Crimen de General Rodríguez, que vinculó al financiamiento de la campaña K del 2007 con la denominada "mafia de los medicamentos".

El Gobierno machacó con el levantamiento de la prohibición de los aportes de empresas a las campañas -pueden contribuir al desenvolvimiento de los partidos- que, en los hechos, se dan por fuera de la ley vigente o a través de gerentes y directivos. Sin embargo, buena parte de los dirigentes de Cambiemos cambiaron de parecer cuando estalló la causa de los cuadernos, tras la confesión de decenas de empresarios arrepentidos.

Antes de eso, un grupo de diputados del oficialismo se había convocado para discutir los alcances de las supuestas modificaciones a la ley de financiamiento. Lospennato, Pablo Tonelli, Paula Oliveto, Juan Manuel López, Graciela Ocaña y Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Gobierno -uno de los impulsores del proyecto-, se congregaron en la oficina de Mario Negri. Y armaron un grupo de WhatsApp, que tuvo actividad hasta hace poco más de un mes, cuando la crisis del programa económico se apoderó de casi toda la agenda pública.

En ese grupo de legisladores, la idea original de volver a habilitar los aportes empresarios se desvaneció. Por las discrepancias internas. Y por las derivaciones de la causa de los cuadernos.

Fuentes calificadas de la coalición de gobierno le aseguraron a este medio que la presentación acotada de Lospennato tuvo buena recepción en la gobernación de María Eugenia Vidal. En julio, cuando estalló el caso de los aportes falsos a la campaña bonaerense de Cambiemos del 2017, la gobernadora había dicho que bancarizaría todos los aportes en el 2019, como una manera elegante de superar la crisis.

La iniciativa de la diputada del PRO apunta en ese sentido a mostrar al menos algún atisbo de transparencia en las campañas, mientras avanzan los debates de asesores en torno a la ley enviada por el Poder Ejecutivo. Más allá de las negociaciones en el Parlamento, empiezan a haber discusiones internas sobre quiénes aportarán el próximo año. Y quiénes serán los encargados de pasar la gorra.

En los corrillos surgidos a partir de aquella reunión en la oficina de Negri, y en diversos despachos de Casa Rosada, trascendió sin embargo una carta de negociación para acercar posiciones con los bloques opositores. La idea de impulsar una amnistía para los partidos en infracción por las rendiciones de cuentas desaprobadas por la Justicia Electoral, una irregularidad que atraviesa a casi todos los espacios.

Según pudo saber este medio, Ocaña y la Coalición Cívica ya avisaron que no están dispuestos a convalidar la medida.

Fuente: Infobae

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