Inicia era Rosenkrantz con tensiones e internas

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Reorganización con enigmas e intrigas sobre destino de secretarías clave (oficina de escuchas, incluida). Enfrentamiento Lorenzetti versus Highton. Mes de transición y, luego, aceleración de fallos sensibles
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Carlos Rosenkrantz iniciará hoy su desembarco en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en medio de un clima de tensiones, intrigas e internas. Como un león herido, Ricardo Lorenzetti dejará atrás 11 años de hegemonía en el máximo Tribunal tras un golpe palaciego, y con ello mutará también la lógica del cuarto piso del Palacio de Tribunales con una serie de cambios. En las próximas semanas se definirá el destino de áreas sensibles como la administración general, la comunicación oficial y parte del organigrama de control del Poder Judicial, así como se discutirá el destino de la sensible oficina de escuchas judiciales. Todo esto en medio de un ambiente convulsionado donde el ahora expresidente apuntará a cobrarse traiciones, además, con fallos trascendentes de por medio. Esa nueva dinámica tendrá un mes de adaptación para que en noviembre comience a abrirse el grifo de las sentencias que ya están en agenda. No está previsto un acto formal de asunción del cargo, lo que alimenta la versión de una Corte "a puertas cerradas" con bajo perfil. Es lo que más inquieta a Comodoro Py, acostumbrado a tener cobijo en esos pasillos.

Lorenzetti cerró la semana pasada su gestión con una serie de resoluciones donde "rescató" a su entorno de confianza para atrincherarse en su vocalía. Otra parte del personal quedó destinado a la Biblioteca, a la mesa de Entradas y hasta en la Morgue. También mostró que la Corte cuenta con un superávit financiero de $26 mil millones correspondientes al fondo anti cíclico. La cuestión financiera cosechó elogios por la cuantía y habilidad de inversión, pero críticas también entre los tribunales más desfavorecidos que pugnan por mayor presupuesto edilicio. El destino del administrador general Daniel Marchi es uno de los interrogantes. Con apoyo de varias vocalías por los números que manejó a lo largo de estos años, su permanencia o el recorte de sus atribuciones pasan a ser una cuestión simbólica. Desde el lorenzettismo agitan la posibilidad de que se desarme por tramos esa poderosa dependencia y que con sus trozos se conforme otra mucho más influyente en un formato similar al de la Secretaría de Gestión que estuvo en su momento a cargo de Alfredo Kraut. Para ese sitial echaron a rodar el nombre de "Elenita" Nolasco, la hija de la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco. Sus contactos habituales con jueces federales donde se habría transmitido ese nuevo objetivo sirvieron como corroboración del rumor. Pero la sola sospecha de una trama de nepotismo haría tambalear el sugerente apoyo que le dio Elisa Carrió horas después del Acuerdo en el que se selló el destino de la nueva presidencia del máximo Tribunal. Fue su voto el que inclinó el tablero en favor de Rosenkrantz.

Highton pasó en las últimas dos semanas a ser una de las nuevas enemigas íntimas de Lorenzetti. Mucho más allá del propio Rosenkrantz, o de Horacio Rosatti, cuya guerra fría inicial pasó ahora a un segundo plano. Los movimientos de los últimos días también terminaron incomodando la relación con Juan Carlos Maqueda, el único que votó a favor de una reelección de Lorenzetti. Con todo, Maqueda y Rosenkrantz sostienen posiciones jurídicas irreconciliables. El ahora expresidente podría ubicarse en las antípodas de su sucesor con el objetivo de diferenciarse. Su voto pasa ahora a ser clave para una eventual mayoría pero sin la ventaja de ser el último.

Dos dependencias están en vilo para una reorganización: la secretaría Judicial de Relaciones del Consumo, a cargo de Nolasco (con poca densidad de casos en comparación a otras) y la Secretaría de Juicios Ambientales (uno de las materias fetiche de Lorenzetti). En esta última reporta Magalí Mazzuca, la esposa del juez federal Ariel Lijo. Casualmente, la tensión en el ambiente de la Corte se cristalizó el jueves cuando debían firmarse tres resoluciones de efectivización de personal con más de 4 años de antigüedad. La que correspondía al interior del país se firmó, pero la de la Corte y la de interinos quedaron pendiente por revisión de nombres. La demora generó la queja airada de Julio Piumato, gremialista de los judiciales y uno de los aliados que conserva Lorenzetti junto al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que le cargaron la factura a Highton por supuestas presiones del Gobierno. En esa nómina de "efectivos" no sólo estaba Mazzuca, sino también uno de los secretarios de Lorenzetti, Reinaldo Rota. Pero además una veintena de personas que reportan en la Oficina de Violencia Doméstica que controla la propia Highton, lo que desinfla la posibilidad de que ella hubiera sido la que boicoteó la firma. Todo esto sucedía en realidad el mismo día en el que todo el edificio de Talcahuano 550 evacuaba ante una amenaza de bomba. El clima era tan tenso en el cuarto piso que no hubo impasse y todos, empleados y ministros, permanecieron en sus puestos como si nada ocurriera abajo.

La oficina de escuchas es otro de los ítems sensibles. El gobierno trabaja sobre tres versiones de decretos que podrían sacarlas de la órbita de la Corte y alejarlas de las manos de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra. A Rosenkrantz no le interesa conservarla y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón -archienemigo de Lorenzetti- es el encargado oficial de encontrarles destino. El Centro de Información Judicial (CIJ) ha quedado en un limbo. Varias de las personas clave que reportaban allí encontraron refugio en la vocalía de Lorenzetti, mientras que la herramienta que fue uno de los pilares de su gestión ha quedado desactivada durante la última semana sin garantía de continuidad pese a la importancia de la publicidad de fallos y como órgano de difusión.

"No habrá una cacería", sostienen fuentes judiciales sobre el estilo que imprimirá Rosenkrantz a su gestión. Sin embargo, se abrirá un periodo de revisión que puede generar roces y chispazos. Por caso, dieron como ejemplo el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte que tiene como subdirector a Ignacio Parra, hijo de quien fuera señalado por Carrió como uno de los socios de una mutual ligada al expresidente de la Corte que integraron parte de su pedido de juicio político. Hasta los más mínimos detalles comenzarán a ser escrutados.

Fuente: Ámbito

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