Bonadío procesaría a Cristina, con prisión preventiva, como jefa de una asociación ilícita

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El argumento del juez Federal se basa en la confesión de José López, que apuntó que al morir su esposo, ella heredó el manejo de los sobornos. Los empresarios, todos libres.
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El juez federal Claudio Bonadio tenía anoche a la firma una gigantesca resolución con la que procesará con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita conformada por funcionarios públicos que recaudaban dinero negro de empresarios que eran beneficiados con contratos millonarios de infraestructura.
La decisión se basa en el testimonio del exsecretario de Obras Públicas José López : fuentes con conocimiento de la causa indicaron -según publicó La Nación- que en su confesión dijo que al morir Néstor Kirchner ella lo citó para avisarle que desde ese momento asumía el control de las operaciones que hasta entonces había gestionado su esposo.
El fallo se conocería la semana próxima. Allí se señalará al exministro Julio De Vido y a su mano derecha, Roberto Baratta, como los organizadores de la asociación ilícita, indicaron fuentes judiciales.
Los empresarios que confesaron haber pagado sobornos quedarían englobados en dos grupos. En uno estarán los que integraban el mecanismo recaudador, como el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens, que serían considerados miembros de la asociación ilícita junto con los exfuncionarios.

Los empresarios, todos libres
Otro grupo de empresarios que confesaron haber pagado sobornos quedarían acusados de partícipes de cohecho, un delito menos grave. Sin embargo, no está descartado que el juez finalmente los sume a la organización criminal.
Los empresarios que confesaron haber hecho pagos ilegales son Juan Chediak, Wagner, el primo del Presidente Angelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero (ambos por Iecsa, la empresa de la familia Macri), Gabriel Romero (Hidrovía), Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Héctor Zavaleta (ex-Techint), Juan Carlos de Goycoechea, Armando Lozon, Claudio Glazman y Alberto Taselli.
La asociación ilícita se castiga con una pena máxima de 10 años de prisión y el cohecho con seis años como máximo. Pero los mínimos son mucho más bajos y en todo caso, si los empresarios confesos son condenados como arrepentidos pueden tener una reducción de pena que les permitiría recibir una condena de ejecución condicional, es decir que no irían presos.

Los que no figuran como arrepentidos
Todos están libres, excepto Sergio Taselli, hermano de Alberto, que quedó preso al igual que Carlos Mundin, de BTU; Néstor Otero, de la Terminal de Retiro; Raúl Vertúa; Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Juan Carlos Lascurain, exvicepresidente de la UIA. Todos los detenidos no integran la lista de arrepentidos y seguramente serán procesados con prisión preventiva. Está prófugo aún Oscar Thomas, de Yacyretá.

Fuente: La Nación

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