¿Lorenzetti está a favor o en contra de la legalización del aborto?

ABORTO LEGAL EN ARGENTINA Por
El aborto ya es legal en la Argentina si se pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o si el embarazo fue consecuencia de una violación. Lo dice el Código Penal y lo ratificó la Corte Suprema de Justicia hace seis años
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El aborto ya es legal en la Argentina si se pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o si el embarazo fue consecuencia de una violación. Lo dice el Código Penal y lo ratificó la Corte Suprema de Justicia hace seis años. Si la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo que ahora se debate en el Congreso promete terminar en tribunales, parece útil recordar qué estableció el máximo tribunal sobre esta polémica.

En marzo de 2012, la Corte Suprema resolvió por unanimidad que los abortos producto de cualquier tipo de abuso sexual nunca será punible. Y que, por ello, no era necesaria la intervención de la Justicia para autorizar un pedido de ese tipo ante médicos y hospitales.

Esto es lo que decía a la prensa el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al explicar aquel fallo:

 



 

El problema fue que no todas las provincias implementaron el protocolo que publicó el Ministerio de Salud de la Nación recién en 2015 -tres años después del fallo-. Muchas veces los casos volvieron a los tribunales por las objeciones de conciencia que alegaron los médicos. 

¿Qué fue el caso F.A.L?.  Se conoce así al caso que disparó el fallo de la Corte. Se trataba de una chica de 15 años que había quedado embarazada luego de que su padrastro -un oficial mayor de la policía de Chubut- la violara. La menor había amenazado con suicidarse si no se lo permitían abortar.

La interrupción del embarazo se hizo, pero el caso igual abrió una grieta en tribunales. Los fallos de primera y segunda instancia de Comodoro Rivadavia avalaron el pedido de la menor y su madre que la acompañaba, pero de todas maneras tuvo que intervenir el máximo tribunal de Justicia de Chubut y luego a la Corte Suprema de Justicia. La presentación la impulsaba el asesor General Subrogante provincial, en representación del niño no nacido.

"Si bien en la Convención Constituyente de 1994, en su última sesión, se generó un amplio debate sobre el derecho a la vida, lo cierto es que en ninguna oportunidad quedó plasmada una voluntad que pretendiera ni definir la cuestión relativa al aborto ni limitar el alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal al supuesto de la víctima violada idiota o demente"
El fallo del máximo tribunal de Justicia fue firmado por unanimidad por los jueces Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt y Raúl Eugenio Zaffaroni, y por los votos individuales de los jueces Enrique Petracchi y Carmen Argibay.

La resolución sirvió para dar por tierra con las interpretaciones restrictivas sobre el artículo 86 del Código Penal, creado en 1921 -hace casi cien años- y en donde también se incluía el aborto en ciertos casos.

¿Qué dice desde entonces el artículo 86? Que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible cuando:

1) se hace para evitar “un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”;

2) Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

El fallo de la Corte Suprema dejó en claro en 2012 que el aborto no solo era aplicable para los casos de abuso sexual de mujeres con discapacidad mental, sino para todas las mujeres violadas. El voto mayoritario sentó tres reglas:

1) que los tratados internacionales no sólo no prohíben la realización de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación.

2) que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos. Solo basta la declaración jurada de la víctima o su representante legal, diciendo que el embarazo fue consecuencia de un abuso sexual.

3) que los jueces no pueden convertirse en un obstáculo para que una persona ejerza sus derechos.

Lo que viene. Si el proyecto que se analiza en el Congreso se convierte en ley, habrá un nuevo capítulo en los tribunales, porque distintos sectores ya amenazan con reclamar la inconstitucionalidad de la ley.

De ser así ya no se tratará de interpretar los alcances de un artículo del Código Penal sino de dar respuesta legal a dos posiciones que parecen irreconciliables: el derecho del niño por nacer y el inicio de la vida desde el momento de la concepción versus la voluntad de la mujer a decidir sobre su cuerpo y el planteo de que una persona es precisamente persona, plena de derechos, después de haber nacido. 

Fuente: www.a24.com

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