Estamos ante una guerra judicial

OPINIÓN Por
Se trata de una triple alianza entre el Poder Judicial, mediático y financiero que avanza a paso firme para intentar reconfigurar el plano político conforme a los intereses de los grupos económicos concentrados y las élites tradicionales
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El país está experimentando sin duda alguna el fenómeno de la guerra judicial (Lawfare) que recorre América Latina. Se trata de una triple alianza entre el Poder Judicial, mediático y financiero que avanza a paso firme para intentar reconfigurar el plano político conforme a los intereses de los grupos económicos concentrados y las élites tradicionales. Las caras visibles de este proceso son prestigiosos personajes como el salomónico Claudio Bonadío, la imparcialísima Laura Alonso o el intachable Jorge Lanata.

Por un lado opera la "limpieza interna" y el disciplinamiento dentro del Poder Judicial, utilizando a los propios magistrados como mentores y ejecutores. Por el otro, la institucionalidad jurídica se convierte en herramienta de anulación de la voluntad política y encorsetamiento de candidatos. El libreto se prepara en los estudios de televisión que actúan en coordinación con las trincheras judiciales. Dos claros ejemplos nos conmueven esta semana y otros más vendrán conforme la información de que disponemos.

En La Plata, el juez Luis Arias es llevado a juicio político por la gobernadora María Eugenia Vidal. Se trata de uno de los pocos jueces de la provincia que no dudó en enfrentarse con todas las administraciones políticas para hacer cumplir la ley y los derechos humanos. Su compromiso con los derechos que asisten a los ciudadanos más vulnerables molestó a los diversos gobiernos provinciales que no dudaron en amenazarlo y perseguirlo en numerosas oportunidades. Baste solo recordar el famoso caso que desnudó la mentira de Daniel Scioli sobre los muertos de la inundación platense hace unos años. Ahora el oficialismo, que antes aplaudía al juez Arias, por sus intervenciones, impulsa su juicio político.

En Buenos Aires, el juez Bonadío prepara una nueva embestida judicial-multimediática contra Cristina Fernández de Kirchner. Opera allí la misma mecánica que con Lula en Brasil y Correa en Ecuador. Las graves situaciones de corrupción ocurridas durante los gobiernos progresistas-populares, grave desviación de sus postulados, lejos de encausarse mediante una investigación justa e imparcial, son instrumentalizadas, manipuladas y direccionadas a la destrucción de determinados actores políticos para proscribirlos y llevar al lodo las ideas que de algún modo encarnan.

Luis Arias es víctima de un Poder Judicial que se abroquela y responde sin limitaciones a las expectativas del poder. Cristina Kirchner es el objetivo más preciado del capítulo argentino del Lawfare Lejos estamos de una propuesta que permita superar la corrupción política y la degradación judicial. Nadie habla de una procuraduría independiente contra la corrupción ni de la reformulación de los organismos de control. Poco se dice de la elección popular de los magistrados o la reforma judicial. La ley de extinción de dominio duerme en el Congreso porque ni tirios ni troyanos quieren arriesgar su patrimonio. Tampoco se cuestiona el sistema de financiamiento de la política que deriva en casos como el de aportantes truchos de la provincia de Buenos Aires ni la falta de reglas claras para evitar los graves casos de conflicto de intereses que perjudican al país. Mucho menos, la cuestión de fondo: la necesidad de una opción profunda por el servicio desinteresado, austeridad de vida y ejemplaridad pública de todos aquellos que asumen una responsabilidad política, judicial, religiosa, sindical o social.


Así, no será justicia.

Fuente: Infobae

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