Dolarizar: Audaz propuesta para sortear la crisis (con reminiscencias de los noventa)

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A continuación presentamos la segunda y última parte de la propuesta elaborada por el director del Centro de Economía Aplicada de la UCEMA donde replantea un esquema de dolarización en etapas concatenadas, evaluando los pros y contras
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La segunda propuesta está libre del riesgo de una colocación compulsiva de bonos y, por tanto, del riesgo de una corrida bancaria. Pienso en una banca comercial internacionalizada. En síntesis, los bancos residentes seguirían prestando los servicios típicos del mercado de capitales pero no captarían depósitos ni harían préstamos tradicionales por cuenta propia, sino por cuenta y orden de bancos extranjeros AAA. Estos depósitos y préstamos quedarían bajo las jurisdicciones de los bancos centrales de los países de origen de los bancos AAA. Por tanto, esos bancos centrales se convertirían en los prestamistas de última instancia de la banca comercial residente en Argentina bajo ley extranjera.

Este problema demanda una solución a la brevedad atento al riesgo que se corre. En rigor, las etapas segunda y tercera podrían ser consideradas una unidad.

Cuarta etapa: dos problemas adicionales exigen solución para alcanzar una dolarización sostenible. El primero se refiere a dificultades para colocar deuda soberana y el segundo, a cuestionamientos por 'pérdidas de competitividad'.

Empiezo por el que parece menos grave. Para un Gobierno que no tiene un banco emisor podría resultar más difícil colocar deuda. En una crisis de financiamiento, un bonista se siente menos expuesto al default cuando sabe que el Gobierno tiene la posibilidad de echar mano a la maquinita, motivo por el cual pediría un menor rendimiento. Podemos pensar en líneas especiales o contingentes de crédito del exterior para hacer frente a esta desventaja. O aconsejar una política de superávit fiscal. Hasta donde sé, no existe una buena solución para este problema. Por una buena solución entiendo un arreglo con baja probabilidad de reversión.

Si la falta de un prestamista de última instancia es letal en el corto plazo, los reclamos por pérdida de competitividad de la industria protegida pueden ser corrosivos en el largo plazo. Una dolarización sostenible reduciría de manera sensible la tasa de interés de largo plazo, produciría abundante crédito y un inevitable encarecimiento del país (suba del precio de los servicios: salarios, alquileres). En una economía dolarizada pierde sentido la idea del atraso cambiario. Hay dos reformas potentes contra el encarecimiento: aumento del coeficiente de apertura, definido como el cociente entre exportaciones e importaciones y PBI, y disminución del tamaño del Estado, definido como el cociente entre gasto público y el PBI.

Que nadie se llame a engaño, no hay forma de elevar el coeficiente de apertura externa sin la herramienta de una apertura anclada en acuerdos de libre comercio con superpotencias. La apertura crea una nueva estructura de precios relativos. En particular, aumenta el precio del sector exportable y en consecuencia promueve una reasignación de capital, trabajo y capacidad empresarial desde el sector protegido hacia el sector hasta ahora desprotegido, en tanto crea un ambiente atractivo para la inversión extranjera directa. Pero si los empresarios e inversores percibieran que la nueva estructura de precios es transitoria, la economía se empantanaría en el peor de los mundos: parálisis de la industria protegida a la espera de una reversión, salto del desempleo, postergación de inversiones y estancamiento exportador. El remedio para tal situación son los acuerdos de libre comercio firmados con superpotencias, porque tienen baja probabilidad de revocación. Si la apertura no pudiera anclarse en este tipo de acuerdos, es mejor no hacerla. Puesto que, en vista de la alta probabilidad de que un Gobierno argentino sea el primero en pedir excepciones, la economía se empantanaría y los acuerdos se hundirían en el desprestigio público.

Un ejercicio de balanza de pagos permite explicar las fuerzas de la apertura que llevarían a un abaratamiento o 'ganancia de competitividad'. Sabemos que el saldo de cuenta capital es igual al saldo de cuenta corriente con signo opuesto. Supongamos que no hay entrada neta de capitales y que el saldo de cuenta corriente es, por tanto, nulo. Se produce la apertura. Esta implica una disminución del precio de la mercadería importada y un aumento de las importaciones. Pero como la cuenta corriente debe arrojar un saldo nulo, las exportaciones tienen que aumentar. Aumentan gracias al abaratamiento del país. La baja del precio de los servicios refuerza la suba del precio relativo de la producción exportable que señalé en el párrafo anterior.

La disminución del tamaño del Estado contribuye al abaratamiento en forma directa. Como el gasto público está compuesto por una variedad de sueldos (maestros, jueces, policías) y obra pública, su reducción implica una reducción de la demanda de servicios en general y un abaratamiento adicional. La flexibilización laboral, la inversión en infraestructura y la eliminación de tributos distorsivos son importantes reformas. Pero cuando el gasto público vuela y la economía se cierra sus efectos son testimoniales.

A medida que el mercado de capitales compruebe avances concretos en la cuarta etapa de la dolarización sostenible, la prima de riesgo argentino pondrá proa hacia la prima de riesgo chileno. Un sostenido proceso de inversión extranjera, expansión exportadora y crecimiento económico acompañará la reducción del riesgo argentino. Estos resultados serán tangibles en el término de tres o cuatro presidencias.

La primera etapa de la propuesta no tiene sentido sin la segunda. La segunda sin la tercera resulta peligrosa. Y la tercera sin la cuarta es algo tonto, además de funesto para el ideal de integrar el país al circuito mundial del comercio y la inversión.

Este es el argumento económico puro. Que ponderen ahora los políticos.

PRIMERA PARTE: No todo está perdido, señor Presidente; ¡hay un plan B!

Fuente: Ámbito

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