¿Para cuando una Corte Suprema que nos de orgullo y no vergüenza?

Pasan los gobiernos, pasan los ministros, pasan los años y siguen pasando las ilusiones de tener la Corte Suprema que cualquier país serio se merece
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Las historias, por más que sean repetidas, no dejan de tener un menor grado de gravedad.

En este sentido, lo que ha venido ocurriendo dentro del Poder Judicial de la Nación es una muestra de la manera en que gobiernos elegidos por el voto popular, operando de espaldas al pueblo, avasallaron uno de los tres pilares fundamentales sobre el que se basa nuestro sistema republicano.

Así, nos podemos remontar a la última década del siglo XX que, reforma constitucional de por medio, modificó el número de miembros que debían integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instaurando, de hecho, lo que luego se denominó como “Corte de mayoría automática”, con lo que el gobierno de Carlos Saúl Menem se aseguró de contar con cinco integrantes de la misma que votaban en los casos más complejos que les tocó entender en sintonía con los intereses del menemismo.

Este avasallamiento a la independencia del Poder Judicial, como era de suponer, tuvo su correlato en los máximos tribunales provinciales, y su ejemplo bajó hacia los estratos inferiores de una justicia que actuó en consonancia con las directrices emanadas desde los diferentes poderes ejecutivos, tanto a nivel nacional como provincial, con lo que todo el accionar de esta institución se vio salpicada por innumerables sospechas de corrupción, connivencia y parcialidad en sus decisiones, dando como resultado un fenomenal descrédito de cara a la sociedad argentina.

Con la asunción de Néstor Kirchner a la Primera Magistratura de la Nación, se creyó que esta enorme irregularidad que viciaba la administración de justicia en el país iba a operar un cambio sustancial, ya que ese fue el criterio con el que, en una de las medidas más inmediatas adoptadas por el ex Presidente, se redujo el número de ministros que conformaban esa Corte de la aberrante “mayoría automática”. Pero, tanto en lo que hace al menemismo como lo realizado por ese incipiente kirchnerismo y su proyecto “Nac & Pop”, finalmente configuraron una suerte de gran engaño, estafa, mentira o como quiera calificarse a los hechos que rodearon tanto una como otra conformación.

La de Menem resultó, si se quiere, más directa, desprovista de cualquier tipo de maquillaje, realizada a través de turbios negociados entre oficialismo y miembros de la entonces oposiciones, que mediante la reforma de la Constitución Nacional llevada a cabo en el año 1994, ajustaron y ciñeron al Poder Judicial de la Nación a los designios e intereses que provenían, de manera directa, del Poder Ejecutivo. Así y todo, nadie puede tachar a esa Corte de haber sido constituida de manera ilegal, lo que, de ninguna manera, le otorgó la necesaria legitimidad, sin la cual su accionar siempre estuvo desvirtuado desde cualquiera de los ángulos que se lo quiera o pueda mirar.


Por el contrario, la reducción de miembros realizada en los inicios mismos del mandato de Néstor Kirchner, si bien puede ponerse en tela de juicio la legalidad de la medida, puesto que no contó con las formalidades estipuladas dentro de nuestra Carta Magna para llevarla a cabo, resultó, en un primer momento, de una legitimidad sin discusiones, aunque con el tiempo se pudo ver que su independencia estaba viciada por el carácter político que se le imprimió a la totalidad del cuerpo judicial de la nación, mediante un sistemático y sostenido proceso de adoctrinamiento a que fueron sometidos la mayoría de sus miembros, tanto en el plano de los magistrados como en el de los funcionarios y empleados que lo componen.


Estos dos claros ejemplos de copamiento de un Poder por parte de otro de igual preponderancia, pero con funciones e intereses definitivamente disímiles, nos deposita, de manera directa, en la debacle que, hoy por hoy, se cierne sobre alguno de los miembros de nuestro máximo tribunal de justicia, que desde su presidente, Ricardo Lorenzetti, pasando por muchos de los jueces federales que tienen a su cargo los expedientes más “calientes” y un porcentaje muy significativo de todo el cuerpo jurisdiccional de la nación, son el foco de las críticas más severas y de la desconfianza que generan en toda la población, la que ve en este Poder Judicial a una institución que no cumple con las expectativas, ni siquiera de mínima, puestas en ella y que, además, se constituye en una suerte de “fábrica” de conflictos que desnaturalizan su primordial y supremo objetivo dentro de todo el sistema de Poderes del país.


Para finalizar, es importante tener en cuenta que, aún en épocas en que el “partido militar” dirigía los destinos, siempre por la fuerza de las armas, de todos los habitantes de la Nación, disolviendo al Poder Legislativo, removiendo jueces de sus cargos a diestra y siniestra, los máximos tribunales, tanto nacionales como provinciales, mantenían casi incólume su estructura, su funcionamiento y su integridad.


Por ello, resulta sumamente triste añorar, desde esa perspectiva, un tiempo nefasto para la Nación en general, pero en el que el Poder Judicial se mantenía siempre intocable, como representación de el último estadio al que recurren los hombres cuando todo lo demás está putrefacto o corrupto.


Aunque duela, es una verdad y, como sentencia el poeta, “la verdad nunca es triste, lo que no tiene es remedio”.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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