LA ALTERNANCIA EN EL PODER ES SANA

Limitación y periodicidad en los mandatos como ejercicio del ideal republicano y democrático.
hoy

Una vez recuperada la democracia en nuestro país, allá por el año 1983, la reelección no era un formato político muy popular: la Constitución Nacional no lo admitía en referencia al Presidente y a su Vice sino con intervalo de un período, y ninguna Provincia permitía la reelección del Gobernador. Hoy solo Santa Fe y Mendoza no lo hacen. A su vez, siete Estados Provinciales no han tenido alternancia en el poder desde hace 30 años: Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Luís y Santa Cruz.

 

La propensión a las reelecciones, especialmente las indefinidas, tienden a constituir en las provincias fuertes concentraciones de poder político que favorecen prácticas autoritarias, nepotistas, clientelares, todo ello dentro de grandes asimetrías y desigualdades sociales. Así, los gobernadores son extremadamente poderosos porque no solo son dueños del poder político, sino del económico y del mediático. Mayorías parlamentarias amplias y control del Poder Judicial, son los rasgos institucionales restantes que garantizan un esquema de gran concentración de poder.

 

Pero hay más, la alternancia del poder, clave de un sistema democrático, se ve resentida por la presencia de reelecciones que afectan la competitividad electoral. En aquellas provincias donde no está permitida la reelección del gobernador casi no existe ventaja oficialista, mientras que en las que la reelección es indefinida, la ventaja del partido gobernante es por demás pronunciada y, por tanto, tienen oposiciones más débiles y poderes más concentrados. Con estos contextos, las reglas del juego impiden que se formen partidos opositores que puedan alcanzar el poder y por tanto violan una de las reglas de oro de la democracia: que la voluntad de la mayoría gobierne jamás debe entenderse como una limitación de los derechos de las minorías, particularmente el derecho a convertirse, a su vez, en mayoría, en paridad de condiciones.

 

Muchos de los proyectos de reformas políticas encubren intentos más o menos explícitos de perpetuación en el poder. Cabe recordar que la Reforma Constitucional de 1994, más allá de importantes aportes en orden a los derechos, estuvo signada desde lo político, por la ambición reeleccionista de Carlos Ménem. Esto demuestra que los reclamos reeleccionistas, de no pocos gobernadores provinciales que implementaron reformas constitucionales en beneficio propio, no han ido de la mano necesariamente de propuestas innovadoras de la política, sino, en todo caso, dan cuenta de uno de los supuestos implícitos más conservadores de una Constitución.

En este sentido, es bueno advertir que los Ejecutivos fuertes y concentrados nacen del esquema institucional originado en la propia Constitución de 1853. Esta estableció un sistema en que el Presidente, como Alberdi lo llamó, debería ser un “Rey sin corona”, un “Monarca electo”. La estirpe del Ejecutivo fuerte es una consecuencia deseada, un objetivo del diseño institucional de los constituyentes de 1853. No es una anomalía circunstancial nacida de líder alguno: es una cultura política, una forma de vida social. Y, de esta manera, gobernadores provinciales e intendentes municipales suelen reproducir, consciente o inconscientemente, bajo un esquema institucional poco democrático, prácticas que solo deberían estar reservadas para el sistema presidencialista. De esta manera se trata de reproducir la concentración de poder, establecida constitucionalmente para el Gobierno Central, en los niveles inferiores del sistema Federal.

 

La limitación de los mandatos de un gobernador, legislador, intendente o concejal aparece como un ideal aconsejable no solo porque oxigena y dinamiza la política, permite la renovación de las dirigencias y abre las puertas a las nuevas generaciones, a las que tanto se invoca pero que no siempre se permite su participación, sino porque impone precondiciones que deben cumplir los dirigentes en las democracias, como ser, la periodicidad en los mandatos. Esta limitación en el ejercicio del poder fue una verdadera conquista histórica y democrática. En efecto, el estado de derecho nació sustancialmente para poner límites al poder concentrado de las monarquías absolutas, vitalicias y hereditarias. Cuanto más monopolizado está el poder y cuanto más perpetuo se ubica un gobierno en el poder, más nos alejamos de aquellas conquistas. El ideal de los dictadores que rompen la legalidad democrática es, precisamente, la aspiración de la perpetuidad en el poder. El ideal republicano y democrático debería ser el de la limitación y el de la periodicidad en el ejercicio de las funciones. La periodicidad de los mandatos, entre otras virtudes, tiende a romper la continuidad de pactos, arreglos y negociados no siempre respetuosos de la ley y la ética pública.

 En definitiva, y dicho esto de manera clara y directa, la concentración y la perpetuidad en el poder favorecen las más corruptas prácticas que erosionan la legitimidad democrática de toda Nación.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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