Shhhh, si quieren llamar gradualismo al ajuste, el FMI no se los discutirá

OPINIÓN Por
El recetario de siempre: Eliminar subsidios económicos (tarifas), atacar más decididamente el déficit previsional, acelerar una reforma laboral, reducir la planta estatal, y mantener tasas de interés positivas.
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A partir del momento en que Mauricio Macri decide apretar el botón de pánico que había instalado en las oficinas del Fondo Monetario Internacional y viaja el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a Washington para formalizar los trámites de la asistencia condicionada, necesariamente se abre un impasse, tregua, o como se la quiera llamar, en la carrera de los precios relativos para dar lugar a que se concrete la auditoría de práctica a las cuentas del país por parte de los expertos del organismo.  

Antes del SOS, la Casa Rosada se apresuraba en dar curso al nuevo cuadro tarifario del gas con el aumento que promedia el 40%, argumentando que estaba previamente homologado por la Audiencia Pública del 19 de abril pasado (aunque no sea vinculante), que totaliza un incremento escalonado del 66%, y Dujovne anunciaba, en una cuasi cadena oficial, una baja a 2,7% del déficit fiscal presupuestado en 3,2% este año, a partir de un recorte de $30.000 millones en obras, de los que 8.000 millones se los rebanaron al operativo reelección de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Sugestivamente, el gobierno siguió adelante el lunes pasado con una retahíla de 750 nombramientos de cargos de niveles del medio para arriba que estuvieron saliendo en el Boletín Oficial durante las últimas semanas, fundamentados en una reestructuración funcional del Estado.

 
Las incorporaciones publicadas a principios de esta semana llenaron con cargos a 13 de los 21 Ministerios a los que la gestión macrista había agrandado el Poder Ejecutivo Nacional al asumir.

 
Según la Fundación Libertad y Progreso (LyP), la estructura ampliada desde diciembre de 2015 consta, además de los 21 ministerios, de 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarías de Estado y 687 direcciones nacionales y generales.

Cuando los auditores que envíe el FMI revisen el cumplimiento de la medida de reducir en un 25% los cargos políticos en el Estado, el congelamiento durante este año de los salarios de los funcionarios políticos de la Administración Pública Nacional y el decreto para que ningún ministro pueda nombrar familiares en el Gobierno, habrá que ver qué interpretan de estos nombramientos. Echándoles el ojo a los del viernes pasado aparece el de la fonoaudióloga presidencial, Micaela Méndez, como directora de Gestión Comunicacional de la Dirección General de Discurso de la Subsecretaría de Comunicación Presidencial de la Secretaría General de la Presidencia.

Lo mismo sucede con otros refuerzos en los RRHH, como el de la planta superior que pusieron en práctica la Jefatura de Gabinete y la de Articulación de Política Social dependiente de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, a la que se proyecta como candidata potencial a algún elevado cargo electivo en 2019.

¿Recomendarán los auditores retrotraer este aumento de la nómina o que se le haga  lugar dentro de aquel 25% pautado de desvinculaciones comprometido? ¿Y que los sueldos asignados encuadran en el congelamiento de los que ya están? Más bien irán con el número.

El recetario de siempre

El vademécum que portan las misiones del FMI es más que conocido, difundido y dicho hasta el cansancio por los propios portavoces del organismo: reducir drásticamente la inflación, profundizar el ajuste fiscal  y aumentar el ahorro nacional, haciendo hincapié en:

-eliminar subsidios económicos (tarifas),

-atacar más  decididamente el déficit previsional,

-acelerar una reforma laboral,

-reducir la planta estatal,  y

-mantener tasas de interés positivas.

Mientras se analiza cuál de las variantes del portafolios de asistencia que tiene el FMI se adapta mejor a la situación argentina si, descartado un stand by, la línea de crédito flexible o la de precaución y liquidez, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, consiguió que tanto Alejandro Bulgheroni como sus ex empleadores de Shell aceptaran no aplicar este mes el 12% de aumento en los combustibles que surgiría de conjugar el alza internacional del crudo y la devaluación, y esperar a julio para reanudar indexaciones hasta fin de año.

El CEO de YPF, la compañía de bandera que lidera el mercado de las naftas con el 55% de share, Miguel Gutiérrez, no tiene otra que acatar.

Pero será el Congreso, en todo caso, la caja de resonancia que aguarda al vínculo crediticio que se inició con el FMI, y no sólo por la mala prensa que el organismo multinacional tiene en el país, según palabras de Graciela Fernández Meijide.

Una encuesta de  D’Alessio Irol y Berensztein da cuenta que un 75% de los consultados están en desacuerdo con volver a acudir a la ayuda del FMI, y se descuenta que tanto el kirchnerismo como la izquierda aprovechen esa bandera para potenciar su discurso y posibilidades de movilización callejera y de base.

Cambiemos intentará hacer valer en el Poder Legislativo, ya que no una mayoría, el pacto fiscal firmado con los gobernadores a fin de pasar por las cámaras la exigencia que plantee el Fondo con las reformas pendientes, como la flexibilización laboral, y lo que quedó de la impositiva y previsional, por los proyectos oportunamente negociados con la oposición que licuaron los efectos buscados, como sucedió con el régimen jubilatorio y ganancias.

El ex delegado hemisférico ante el FMI, Claudio Loser, lo anticipó con conocimiento del paño que la prioridad de agenda que traerán los auditores: que haya menos gradualismo en bajar el déficit fiscal y en disminuir el peso del endeudamiento, al cual contribuiría que los 20 ó 22.000 millones que sean otorgados al país bajen a un tercio el costo de esa porción refinanciada.

En un análisis que trascienda el ombligo nacional, no habría que dejar de lado el significado que asume para Washington, en el crítico contexto internacional, la petición del “miembro valioso”, como definió Lagarde a la Argentina, frente a la recomposición mundial del comercio y el repentino endurecimiento de las condiciones financieras desatados por la Administración Trump. El organismo está llamado a intervenir activamente en la regularización de los niveles de deuda global que, entre la pública y la privada, han alcanzado el récord de US$164 trillones, un 40% más que el nivel de 2007.

Urgente24

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