Pasajes en el Congreso: el canje discrecional, una "caja negra"

POLÍTICA Por
En Argentina el poder está organizado de manera representativa y federal. Los diputados se seleccionan proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de habitantes del distrito en el que son electos, pero representan a todos los habitantes del país
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Es decir, las provincias se consideran sólo con fines electorales, más no representativos. Por lo tanto, resulta acertado pensar en que todos los legisladores deban contar con los recursos necesarios para poder trasladarse a lo largo del país, y participar (y hacer participar). Y no sólo con pasajes, sino con autos y choferes (que también tienen), viáticos para nafta u hoteles al realizar una actividad oficial, sumado al concepto de "desarraigo" que actualmente cobran todos aquéllos que viven a más de 100 km del Congreso (un 14% de su dieta).

Ahora bien, el problema llega cuando ese dinero público, que debería estar destinado para fines representativos y puramente parlamentarios, se convierte en una caja negra. En los últimos días, a partir de realizar pedidos de acceso a la información pública e incluso interponer recursos de amparo, pudimos acceder a la cantidad de pasajes que los diputados nacionales canjean por dinero en efectivo. Y las explicaciones no tardaron en llegar: que donan el dinero, que lo usan para viáticos alternativos, que no les alcanza para "caja chica" y necesitan ese dinero. Cabe destacar que esto mismo existe en el Senado, pero es incluso más cerrado porque no responden a nuestros insistentes pedidos de información. Notable.

Esta práctica de canjear los tramos no utilizados por efectivo existe hace más de 20 años en el Congreso. Hoy tienen 20 tramos aéreos y 20 terrestres, los cuales pueden ser cobrados por $ 1.350 y $ 650 el tramo, respectivamente. Haciendo cuentas no es muy difícil llegar a los $ 480.000 anuales que puede recibir si canjean todos sus pasajes. Son $ 40.400 mensuales, lo que representa un 45% de su sueldo, aproximadamente. Adicional, discrecional, sin rendir cuentas, sin contar para qué se usa, sin pagar impuestos. Nada.

Y lo que es aún más lamentable, es que es una práctica transversal a todos los bloques políticos. Ciertos legisladores aislados han manifestado públicamente su rechazo, incluso algunos bloques minoritarios también lo hicieron. Un dato llamativo es que meses atrás, desde la presidencia del cuerpo se dictaron resoluciones con limitaciones a este sistema, que luego tuvieron que atenuarse por presiones de diferentes bloques políticos. Es decir, la mayoría estuvo de acuerdo en que no son necesarias las limitaciones, todos se sienten cómodos con el sistema tal cual está. Y esto es grave. Demuestra que hay un velo corporativo que quiere mantener la opacidad, que no quiere transparentar la Cámara y que quiere reproducir sus privilegios.

Además, y por fuera de la práctica del "canjeo", conviene preguntarse también quién y para qué se usan los pasajes efectivamente. El sistema es tan flexible y adaptable, que recién a partir de este mes se comenzó a registrar quién utiliza los pasajes. Es una práctica naturalizada en la Cámara, que incluso muchos legisladores han manifestado públicamente que se venden los tramos o que se los donan a personas o instituciones para viajar a la Capital del país. Torneos, operaciones, visitas, estudios. Todo menos fines parlamentarios.

Desafortunadamente, la reproducción de este sistema pone en duda los valores de la transparencia y la rendición de cuentas del Poder Legislativo. Pasan los años y seguimos sin poder responder ¿Para que se usa el dinero que se canjea? ¿A dónde va el dinero que no se canjea? ¿Por qué no se exige rendición de cuentas clara y concreta a todos quienes utilizan los tramos?

Entendemos que es necesario que existan recursos y gastos de movilidad para los legisladores, pero ¿deberían tener la posibilidad de canjear por efectivo si no los utilizan? Es necesario que esté contemplado como parte de los recursos que tiene un legislador para movilidad, pero no como un agujero negro de dinero no remunerativo que no se sabe para qué se usa. Avalados por la normativa, nuestros legisladores nacionales continúan sin poder repensar un modelo coherente de gestión que pueda transparentar y hacer un uso racional de este recurso, para dotar a nuestro Poder Legislativo de mayores niveles de apertura y rendición de cuentas.

Por Mercedes de los Santos, Coordinadora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno, y Agustina De Luca, Directora General de Directorio Legislativo

Fuente: Ámbito

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