Excarcelandia

OPINIÓN Por
Las liberaciones de nombres polémicos alientan la sensación general de impunidad.
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Si a esto lo llaman beneficiar a unos imputados, creo que están equivocados”. Con esas palabras Eduardo Farah, juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, quiso justificar su decisión ante una indignada sociedad que buscaba respuestas, luego de ver que Cristóbal López, empresario emblemático enriquecido de modo cuestionable durante el kirchnerato, volvía a gozar del derecho más preciado para el hombre: la libertad.
En estos últimos años, la Justicia fue una protagonista indiscutida del debate social. El destino de referentes políticos y sus allegados –que alguna vez supieron representar la esperanza de muchos– se ve hoy comprometido por bochornosas causas de corrupción, y la Liga de la Justicia que debe defendernos de sus atropellos es un gran misterio para la sociedad. Se trata de nombres resonantes que vemos a diario en los titulares de noticias, pero que pocas veces podemos identificar con una cara y una voz. Esta es la encrucijada que debió enfrentar el juez Farah, quien definió con su voto la libertad de López para la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, que decidió romper el manto de misterio con una nota televisada e intentar así apaciguar la lluvia de críticas, tanto de la sociedad como hasta del propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. El efecto que logró fue exactamente el contrario.

Contextos. El camarista se centró en explicar las resoluciones más polémicas del fallo: el levantamiento de la prisión preventiva de López y su socio, De Sousa, y el cambio de carátula de “defraudación al Estado” a “apropiación indebida de tributos”, lo que implicaría que sea investigado bajo el fuero penal económico, dándole la posibilidad de acogerse a un plan de facilidades de pago, con quita de intereses, y pedir la extinción de la acción penal por pago. Farah niega tajantemente que la sentencia sea beneficiosa para el imputado y aduce que las penas no solo son las mismas, sino que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, estaría más complicado. Pero vale la pena repasar el trayecto de la causa para comprender su contexto.

Factor Carrió. La causa se inició en marzo de 2016 tras una denuncia que Elisa Carrió realizó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, donde relató el modo en el que las autoridades de la AFIP habrían permitido, en connivencia con Cristóbal López y De Sousa, que la empresa Oil Combustibles no abonara el impuesto sobre los combustibles líquidos y utilizara indebidamente ese dinero para capitalizar otras sociedades del grupo Indalo. La intención de la diputada fue sumar la denuncia a la causa madre, iniciada en 2008 en ese juzgado por la asociación ilícita que encabezarían la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios públicos y sus empresarios amigos, elevada a juicio oral el pasado 2 de marzo.
Unos meses después de presentada la denuncia, el juez Ercolini se declaró incompetente en favor del juzgado penal económico, aduciendo premisas similares a las del fallo actual de la Cámara de Apelaciones. En dicha oportunidad, fue por un recurso de Casación presentado por el fiscal de Cámara Germán Moldes. La Cámara de Casación en noviembre de 2017 declaró la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones y devolvió la causa al fuero federal. Es decir, ya había existido un intento de que la causa fuese juzgada bajo la órbita del fuero penal económico. Ahora, ¿cuál es el problema principal del cambio de carátula, además de darle a López la posibilidad de financiar su deuda y ser eximido de la acción penal? Que al ser juzgado bajo el fuero penal económico, la defensa podría acogerse a éste para acceder a los beneficios que ella prevé e intentar desligarse de la causa madre que inició Carrió en 2008.

Carátulas. “La hipótesis delictiva no se agota en un posible delito de naturaleza tributaria, sino que comprende maniobras que suponen la intervención de diversos funcionarios públicos”, cita el fiscal Pollicita en el recurso de apelación presentado ante la declaración de incompetencia del juez Ercolini en 2016. Fuentes cercanas a la fiscalía aseguran que, al no ser vinculante, no cambiarán la carátula sea cual sea la resolución de Casación.
    “No me voy a callar más, es algo de lo que me arrepiento”, decía un Cristóbal López enfurecido en la improvisada conferencia de prensa luego de su liberación. Pero después de los consejos de su abogado Carlos Beraldi, el empresario decidió mantener silencio para planificar su estrategia de defensa ante los medios. En verdad, lo que sucedió es que frente a un coaching exigente el empresario K pudo contestar con fundamentos solo un par de preguntas. Allegados a López están convencidos de que la prisión fue de “alevosa arbitrariedad” y que detrás de la maniobra está el presidente Mauricio Macri, quien “quiere ver al empresario en quiebra para que sea un caso testigo”. “No se puede usar a la Justicia para operaciones políticas”, dijo Beraldi. que sostuvo además que el impedimento por parte de la Justicia y la AFIP de realizar el pago de la deuda llevó a un intencional estrangulamiento de la empresa.

A la calle. Pero como “sobre llovido, mojado”, ayer recuperaron su libertad Luis D’Elía y el secretario de Legal y Técnica del kirchnerato, Carlos Zannini. Como dijimos desde esta columna, ambas prisiones preventivas eran de débil argumentación jurídica. Veamos la nómina de los liberados: Amado Boudou, Roberto Baratta –ex mano derecha de Julio De Vido– Cristóbal López, Fabián de Sousa. Esto no hace más que agregar descrédito a una Justicia crecientemente desprestigiada. Las sospechas de coimas corren por los pasillo de tribunales a la velocidad de un rayo. Hay nombres, lugares y cifras exactas. En muchos casos, la ley se interpreta de forma sesgada y, a veces, disparatada. Las causas están repletas de escaramuzas. Sentencias hay pocas y, en casos de corrupción, cuando se producen ya son inocuas. Un ejemplo es el caso del ex presidente Carlos Menem y su exhibición de obscena impunidad. Es hora de recordar –una vez más– que sin justicia no hay república.

Fuente: Perfil

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