Hacia un uso insensato del poder penal

OPINIÓN Por
En los últimos días, un periódico de gran influencia contiene una sorpresa entre quienes hemos recibido una formación jurídica parecida en la argentina post-dictatoria
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Rusconi es Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires

En los últimos días, un periódico de gran influencia contiene una sorpresa entre quienes hemos recibido una formación jurídica parecida en la argentina post-dictatorial: el jurista Alejandro Carrió, alguien de prestigio entre sus pares, se ha decidido a sostener algunos extremos en la polémica actual sobre el uso de la prisión preventiva en casos resonantes que obligan a recordar cariños y respetos personales para no elevar el tono de la disputa más de lo indispensable. Como vivimos épocas en las cuales las reacciones masivas ante las violaciones del Estado de Derecho brillan por su ausencia (se extrañan las solicitadas o cartas abiertas de Universidades, Colegios profesionales, ONGs –antes tan activas-), he decidido contestar yo; lo cual me incomoda doblemente: por la amistad con el autor de la nota y porque me desempeño como abogado defensor de algunos de los sujetos que han sido detenidos, por decirlo de una forma elegante, de un modo irregular.

Carrió, decidido aparentemente a apoyar la llamada "doctrina Irurzun" en materia de utilización de la cárcel sin condena, desliza algunas afirmaciones que me encantaría contestar, solo podré concederme el placer de ocuparme de pocas. En la primera de ellas Carrió ubica el dilema entre dos fuerzas que tironean con igual legitimidad: "por un lado –el- principio de presunción de inocencia…." y por otro "el hartazgo de la población ante graves casos de corrupción de un grupo de personas que bien merecen el calificativo de una banda delictiva". No voy a utilizar el atajo de preguntarle a Carrió bajo qué criterio jurídico (el de nuestra ciencia) él califica de ese modo al conjunto de personas al cual se refiere. Eso corre por su cuenta. Pero si sorprende que coloque en un pie de igualdad a una de las garantías, derivada del juicio previo, de la máxima trascendencia por lo menos para nuestra cultura occidental junto con una supuesta sensación comunitaria, "el hartazgo", a la cual se puede responder, y Carrió lo sabe, con un plan institucional de lucha contra la corrupción que tome en cuenta la complejidad real del problema en todas sus dimensiones, y que culmine proponiendo un nuevo modelo procesal, ciertas correcciones en la legislación penal sustantiva y sobre todo un nuevo sistema de selección de jueces que asegure que un Magistrado nunca estará dispuesto a responder a las necesidades de coyuntura política y mediática. Un dato bastante presente en los jueces de los cuales emanaron las decisiones de detención que Carrió trata con cierta benignidad.

Apoyado en lo que opinaría "mucha gente común", Carrió parece explicar alguna de estas últimas detenciones preventivas en "el peso de las evidencias". Aquí el autor yerra en lo fáctico. Se olvida, por ejemplo, que en el caso del diputado Julio De Vido, su detención ni siquiera tuvo que esperar el acto mismo de la indagatoria en una causa que tenía cerca de un año de trámite y que el propio juez había expresado anteriormente y de modo reciente, que ni siquiera había elementos para definirle con precisión el hecho imputado a De Vido en la audiencia, contestando así negativamente al pedido del fiscal de la causa. ¿Cuál será aquí el peso de la evidencia? Las opciones son: nulo o pobre.

Por último, Alejandro Carrió parece aprobar, en el caso de De Vido, el argumento de que "se estaba destruyendo prueba producto de los contactos que aquél aún mantenía con áreas de poder". La lectura del expediente hubiera iluminado a Carrió en el sentido de que si en esa causa hubo un faltante de prueba justamente no lo fue por responsabilidad de la víctima de la detención ilegítima. Pero el argumento de la cercanía al poder que Carrió considera un nuevo "estándar puntual", él seguramente coincidirá conmigo, que deja en situación muy endeble a los que lejos de tener un poder solo residual (la oposición) están imputados de un delito y tienen un poder protagónico (funcionarios oficialistas). ¿No ve Carrió ahí una doble vara en el comportamiento de los jueces?

A lo formulado por Carrio se le opone lo mejor de la doctrina.


Anteponer un difuso "sentido común" a la vigencia esencial de las garantías básicas que conforman el Estado de Derecho, ya deja de ser demagógico para transformarse en la excusa populista para liberarnos de los antipáticos límites constitucionales. Nada hay más peligroso.

Los malhumores políticos son muy malos consejeros a la hora de pretender guiar a la justicia penal. Pero si esos malhumores invaden la conciencia de los juristas la situación es trágica.

El autor es Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires

Fuente: Infobae

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