EL HUEVO NO TIENE PELOS

Esa mala costumbre de personalidades del periodismo nacional por informar de manera incompleta y de buscarle la "quinta pata al gato"
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Durante años, los argentinos hemos escuchado desde los principales medios de comunicación del país, el reclamo constante de periodistas y analistas políticos, en el sentido de que a la Argentina le hace falta una operación al mejor estilo del llamado “Manipulite” italiano, para entrarle de lleno a la corrupción enquistada en los estamentos más alto del Poder.

El “machaque” sobre ese tema fue tan constante, sobre todo dirigido al ámbito de los estrados de la Tribunales de Comodoro Py, que incluso llegamos a conocer el mote con el que se conocía a cada uno de los jueces que son titulares de juzgados radicados en esa sede. Sólo, a modo de ejemplo, voy a referirme el que carga a Sebastián Casanello, al quien se lo conoce como “tortuga” Casanello. Obviamente, no hace falta hacer gala de una gran imaginación para llegar a la conclusión que lo de “tortuga” guarda directa relación con el tiempo que los expedientes radicados en el juzgado a su cargo tardan en resolverse.

Por ello, quiero centrar mi análisis de hoy en un comentario producido por el prestigioso periodista Carlos Pagni, quien conduce el programa “Odisea Argentina”, que se transmite por la señal televisiva de “La Nación+”, y que lleva por título el de “Ya llama más la atención la impunidad que la corrupción”.

Para quienes no hayan tenido la oportunidad de escucharlo, el mismo puede verse, de manera completa, ingresando el link www.lanacion.com.ar/2079984-ya-llama-mas-la-atencion-la-impunidad-que-la-corrupcion.

Carlos Pagni hace una muy dura crítica por la forma en que jueces federales Ariel Lijo y Caludio Bonadío ignoran códigos para poner presa a gente, que según sus propias palabras debería estar presa, pero con una clara intención de que no se ponga atención sobre sus propias personas. En otras palabras, corriendo el centro del tema, que para Pagni es la impunidad que campea sobre los integrantes del Poder Judicial de la Nación hacía la corrupción de ex funcionarios como Amado Boudou o el diputado, hoy desaforado, Julio De Vido, entre otros.

En esa línea de pensamiento, el periodista hace un análisis, a “vuelo de pájaro”, sobre el instituto jurídico de la “prisión preventiva”, diciendo que ésta solamente es operante cuando se da el supuesto de que el imputado o procesado por un delito de corrupción, estando en libertad, pueda interferir con la causa que en su contra se le sigue. Y, en mérito a ello, se hace dos preguntas, con las que direcciona sus “dardos” en contra de los magistrados actuantes en dichas causas. Las preguntas son las siguientes: ¿Por qué se piensa que ahora, que los ex funcionarios a los que se les dictó la prisión preventiva, puedan tener una actitud perjudicial para la prosecución de las causas, siendo que ya no están en los cargos que tenían, y no se hizo lo propio cuando sí estaban en funciones? ¿Siguiendo con el criterio aplicado a los ex funcionarios del régimen kirchnerista, por qué no se hace lo mismo con funcionarios de la actual administración de “Cambiemos” que están denunciados ante la justicia, y, también, por qué no encarceló a Mauricio Macri cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa que le instruyó por las “escuchas” telefónicas, y de la que finalmente fue sobreseído?

En primer lugar, a este mordaz profesional de la comunicación se le están escapando varios puntos. El primero de ellos sería el de asesorarse con un buen abogado, que maneje al dedillo el Derecho Penal y sus procedimientos, porque se le olvidó” el segundo supuesto sobre el que opera la “prisión preventiva”, que no es otro que la presunción que pueda llegar a tener el magistrado sobre una posible fuga del imputado, con lo que, si bien la causa podría llegar a definirse con una sentencia privativa de la libertad en su contra, la ejecución efectiva de la misma, que es el fin último de este tipo de proceso penal, no podría llegar a concretarse, con la consecuente lesión del bien jurídico protegido, que en este caso es la protección del interés general de los habitantes del territorio argentino.

En segundo lugar, Pagni parece no tener en cuenta en sus planteamientos un factor de vital importancia: el psicológico. En la mente del personaje corrupto, del funcionario, sobre todo si este es el de aquellos que ocupan un cargo de gran relevancia que los hacen acreedores a un poder superior, la idea de ser sancionado por su accionar antijurrídico y antiético muchas veces ni siquiera llega a formarse en su mente, ya que creé contar con una “impunidad” que va a durar por siempre, y esto cuando este personaje tiene conciencia de esa antijuridicidad, puesto que en más ocasiones que las deseadas, lo que está haciendo es, a su entender, algo absolutamente normal. Entonces, ¿para qué ocultar pruebas, cuando tiene la mejor oportunidad para hacerlo, que es en el momento en que aún se encuentra ejerciendo sus funciones, si en su psique ha cobrado forma el razonamiento de que jamás va a ser alcanzado por los brazos de la justicia o, lo que es más grave, que no está incurriendo en un hecho delictivo, en el sentido de que le asiste un real derecho para apropiarse de dineros públicos?

De modo inverso, pero siempre teniendo al factor psíquico como un elemento fundamental que Carlos Pagni no ha sopesado, ¿ qué sentido tendría, para funcionarios actuales, el dictado de prisión preventiva, siendo que lo que hay en las causas penales que se les tramitan no tienen el peso específico suficiente como para inferir que van a tratar de entorpecer la labor judicial, y, por sobre todo, que en la psique de un inocente nunca anida el temor de terminar tras las rejas de una unidad carcelaria, puesto que sabe, perfectamente, que la verdad lo asiste?

Quizá, la mejor comprobación de este pensamiento que estoy exponiendo sea el sobreseimiento que recayó en la figura del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la mencionada causa por las “escuchas” telefónicas. Quien nada tiene que ocultar, quien sabe que no ha cometido un delito, aguarda el veredicto de la justicia con tranquilidad y calma, sin entorpecer ni hacer ningún acto que pueda poner en peligro la integridad del proceso que se le sigue, por que lo que esa persona más quiere no es otra cosa que la resolución del mismo, que a la larga va a fallar a su favor.

Hasta acá, lo referente al desconocimiento manifiesto y, a raíz de ello, a la mala interpretación que Carlos Pagni hace del instituto de la “prisión preventiva”. Aunque, no quiero dejar pasar por alto, que lo de “desconocimiento manifiesto” y “mala interpretación” es un gesto mio de reconocimiento hacía la trayectoria del referido periodista, puesto que me niego a creer que, desde el medio en que trabaja y con los recursos con que cuenta, no tenga acceso a figuras idóneas en materia jurídica que lo asesoren de la manera más cabal y completa posible, sobre todo teniendo en consideración el grado de llegada con que cuenta en la opinión pública. Por ello, prefiero pensar en que antes de echar a volar hipótesis como las que soltó debería “desasnarse”, y no que lo hace de manera ex profesa.

Y, en lo que se refiere al supuesto encubrimiento de las irregularidades que le atribuye a lo que él dice que se conoce como “la familia judicial”, solamente me gustaría expresar que este tipo de conductas, de un Poder Judicial que no estuvo al margen de lo que ocurrió en el resto de las instituciones del Estado durante el régimen “K”, no es algo que ha tomado estado público recién ahora. Muy por el contrario, es un asunto conocido por todos desde hace mucho tiempo, y, más específicamente, por quienes desempeñan labores dentro del periodismo argentino. Pero, todo indicaría que antes no era correcto o no quedaba bien denunciarlas, y en la actualidad puede llegar a ser un buen tema para sembrar una “nueva polémica” que cubra los agujeros que se producen en algunos medios de comunicación cuando no hay más “casos Maldonado” u otro tipo de escándalo que sacuda a la opinión pública.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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