EL MITO DEL ETERNO RETORNO

EDITORIAL 18/10/2017 Por
Domingo Felipe Cavallo asesorando a las autoridades del Banco Central y economistas que propugnan volver al esquema previsional del menemismo marcan la tendencia que alienta el gobierno nacional para volver a la década de los '90
jubilacion

Isaias Abrutzky Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N

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Si algún sistema fracasó en la Argentina, fue el de las jubilaciones privadas, a cargo de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Instauradas en 1994, durante la primera presidencia de Carlos Menem, a través de la ley 24.241, la idea era que las AFJP se encargaran de manejar los aportes jubilatorios de los trabajadores, invirtiéndolos en actividades rentables, contribuyendo al desarrollo del mercado de capitales y generando un crecimiento del patrimonio del trabajador al momento del retiro.

Como es sabido, el resultado fue desastroso. Las empresas gerenciadoras de esos dineros cobraban por su trabajo el 30% de los aportes, que en algunos casos -por tratarse de montos fijos- alcanzó hasta el 54%.

El Estado debió seguir pagando a los jubilados y pensionados preexistentes, esta vez sin el ingreso proveniente de los trabajadores en actividad. Y esto llevó a la insólita situación de que para hacer frente a esas obligaciones, el fisco tomó préstamos de las propias AFJP, condenándose a pagar intereses por lo que anteriormente le ingresaba sin costo.

El sistema no sólo produjo el desfinanciamiento del Estado sino que también se prestó al desmanejo y la corrupción. Malas inversiones, en parte debido a las crisis económicas mundiales (efectos Tequila y Vodka) que se produjeron, desvío de los fondos hacia el pago de las deudas de las propias empresas, deriva hacia el oligopolio en vez de la competencia, apañamiento por el órgano estatal encargado del control, y finalmente la caída de los mercados internacionales por la debacle de la burbuja inmobiliaria, en el 2007, determinaron el fin del esquema.

La vuelta al sistema de reparto, que fue dándose gradualmente hasta quedar a cargo íntegramente del Estado, tuvo resultados más que destacables: la jubilación mínima, desde el año 2002 hasta el 2015, subió de 150 pesos hasta $ 4.299, incremento que representa 2.866 por ciento.

La inflación, en tanto, tomando las cifras más altas medidas por distintas entidades oficiales y privadas alcanzó durante ese período 1.097,22 por ciento. Esto significa que el poder de compra de los jubilados y pensionados se elevó en más de dos veces y media.

A esta mejora en las retribuciones debe sumarse, por otra parte, el interesante monto que implicó el plan Remediar, por el que se otorgaban descuentos de hasta el 100% en medicamente, así como otros beneficios a cargo del PAMI.

Pero no solamente se logró mejorar de esa manera el ingreso de la clase pasiva, sino que se incrementó el número de beneficiarios en más de cuatro millones, llevándose la cobertura desde el 67% hasta el 97%, casi la totalidad de quienes habían alcanzado la edad de retiro.

Lo notable fue que a pesar del considerable aumento de los gastos del Estado en materia de jubilaciones y pensiones, el colchón monetario establecido para atender las contingencias, el denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) pudo acumular nada menos que 62 mil millones de dólares. Protegido de la tentación de echarle mano para fines distintos a los de su constitución hasta diciembre de 2015, el actual gobierno flexibilizó la posibilidad de manejarlo, y se lo puso en peligro a través de distintos cambios y maniobras, incluido un exótico Memorandum Argentina-Qatar, por el que se extraterritorializaba una parte del mismo, y que ahora investiga la justicia.

Cuesta creer que frente a la contundencia de los hechos y de una realidad indiscutible, haya hoy quienes sostengan que en nuestro país el sistema de jubilación de reparto está quebrado, y propongan una vuelta a la administración privada, entre otras medidas perjudiciales para los trabajadores y las clases menos favorecidas económicamente, como el aumento de la edad jubilatoria y el camino hacia una mayor inequidad social.

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