"TRAGEDIA DE ONCE": UN "RIÑÓN" DE CRISTINA KIRCHNER EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

EDITORIAL 27/09/2017 Por
Trascendencia y valoración de esta importantísima causa judicial
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Mañana no será un día cualquiera en el ajetreado trajinar de los Tribunales Federales de Comodoro Py. En la Sala “AMIA” de esa sede judicial, a la hora 9.30, comenzará a escribirse uno de los capítulos más importantes dentro de los anales de la justicia argentina por varias razones.

En primer lugar, quien estará sentado en el banquillo de los acusados será, nada más y nada menos, que el ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación durante la administración de Cristina Fernández de Kircher, y hoy Diputado Nacional Julio DeVido, imputado por los delitos de “estrago culposo agravado” y “administración fraudulenta”, en la causa por la Tragedia de Once”, en la que fallecieron 52 personas. Esto, en sí, resulta muy novedoso para la justicia de nuestro país, ya que, por primera vez, quien deberá responder por un hecho accidental, en el que se registraron víctimas fatales y un gran número de heridos, será, nada más y nada menos, que el funcionario que ostentaba la máxima responsabilidad sobre el área.

En segundo lugar, cualquiera fuere finalmente el veredicto, se dejará sentado un importantísimo antecedente a nivel jurisprudencial, que abrirá la posibilidad de enjuiciar no solamente al Estado, por la responsabilidad que le cabe en velar y salvaguardar la vida y la suerte de todos los habitantes de la Nación, sino también a la figura política que se encuentre a la cabeza del área pública al momento en que se produzca cualquier tipo de siniestro sobre el que la Administración Central tenga la obligación de fiscalizar su mantenimiento y buen funcionamiento. En otras palabras, y dando un caso con fines meramente ejemplfictivos, una persona que pudiere llegar a protagonizar un siniestro o accidente en la vía pública, ya se como autor o como víctima, de manera activa o pasiva, y que se pudiere inferir que el hecho podría haberse evitado si hubiera existido una correcta señalización o un buen mantenimiento de la carpeta asfáltica, podrá recurrir ante los estrados judiciales e ir contra quién, administrativa y políticamente, tuviere, o hubiere tenido al momento del hecho, la responsabilidad de contralor específico sobre esos ítems.

Por otro lado, este juicio contra Julio De Vido, también abrirá la posibilidad de debatir, en sede legislativa, los alcances de los “fueros” con que cuentan quienes tienen una banca, ya sea en el Congreso de la Nación, las Legislaturas Provinciales o los Consejos Deliberantes. Esto es así, puesto que si se diera el supuesto de que al Diputado De Vido se lo encontrase culpable, por ejemplo del primero de los delitos enunciados, y que cuenta con una pena, como máximo, de 11 años de prisión efectiva, entonces se plantearía el caso de cómo puede ser posible la continuidad de la función para el cargo por el que fue electo y, al mismo tiempo, que recaiga sobre él una condena privativa de la libertad, lo que definitivamente sería una incongruencia, tanto a nivel ético como práctico.

También, en lo que específicamente se refiere la “administración fraudulenta”, el enjuiciamiento de un personaje de la categoría y poder de Julio De Vido, supone todo un reto para la justicia argentina, ya que importa entrar de lleno a hurgar hasta el fondo mismo de uno de los delitos más reiterativos dentro de la función pública de mucho tiempo a esta parte, que se convirtió en moneda corriente, dándole con esto una suerte de impunidad para su comisión.

La República Argentina ha sido pionera, a nivel mundial, en algunos aspectos judiciales, como las causas que se ventilaron a mediados de la década de los '80, y que configuraron la primera experiencia en que un poder constitucional del Estado de Derecho ponía en el banquillo de los acusados a los miembros de un gobierno de facto. Lamentablemente, en otros aspectos de la justicia, nuestro país se encuentra mucho más atrasado, como son las causas que derivan de delitos cometidos por todo tipo de funcionarios del Estado en contra del erario público.

Resulta sorprendente ver, en otros países, la manera en que avanza la justicia en casos de corrupción desde el Poder, por hechos que acá dan la impresión de ser insignificantes. Pero es así como se debe hacer respetar la norma, teniendo por delito todo hecho que encuadre en la tipificación prevista por ella, y no solamente por la gravedad del mismo.

Más allá de que el hecho por el cual se encuentra imputado el Diputado Nacional Julio De Vido, importa una suprema gravedad, por el luctuoso saldo de muertes que el mismo reportó, existen hoy en día infinidad de causas en contra de funcionarios de rangos muchísimos más inferiores al del ex Ministro de la Nación y hombre de mismímo “riñón” de la ex Presidenta de “todos y de todas”, que no tienen el impulso que deberían, justamente porque tampoco han tenido, en el pasado reciente, las más importantes y notorias.

Este es un muy mal ejemplo que le baja a la sociedad desde los estratos más altos del Poder, y configura, sin lugar a dudas, una de las razones fundamentales de la anómia que afecta a la Nación desde hace mucho más tiempo del que queramos recordar.

Asimismo, con el enjuiciamiento de tan notorio y poderoso personaje, se pondrá también a prueba todo el funcionamiento actual del Poder Judicial de la Nación, que importará ver hasta qué punto las lealtades y los favores debidos actúan a la hora de dictar una sentencia. Es importante decir, teniendo en cuenta la opinión de la gran mayoría de expertos y comunicadores sociales, que el ciudadano común, el argentino medio, ya se formó una acabada idea de cuál debería ser la sentencia en este caso. Entonces, la que en definitiva se dicte, pondrá una valoración muy importante en la opinión pública sobre el grado de independencia y compromiso de un Poder del Estado que ha venido perdiendo mucho de su prestigio, sobre todo en lo que se refiere a su fundamental papel de ser el último garante de todos los derechos constitucionales de los habitantes de la Nación.

Quieran los integrantes del tribunal interviniente en esta causa estar a la altura de las circunstancias que el hecho que se ventilará requiere, para bien de todos los que resultaron víctimas de la “Tragedia de Once”, en cualquier medida que sea, y, sobre todo, para bien del mismísima garantía constitucional de “igualdad ante la ley” que elegimos como una de las premisas fundamentales para desarrollarnos como nación libre, soberana y respetuosa de los derechos y de las instituciones de una estado moderno y democrático.

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