PROCELITISMO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

¿Existe capacidad en los adolescentes para fijar las politicas educativas?
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Las instituciones de una nación son el marco donde se desenvuelve toda la actividad socio política de sus habitantes.


Hoy no se concibe una república moderna sin sus instituciones, porque la división misma de los Poderes del Estado lleva a una división de funciones y responsabilidades que se configura en reaseguro de los derechos y garantías que todo ciudadano tiene.


Así como existen instituciones de carácter supremo, como son las establecidas por la Constitución Nacional, también podemos encontrar aquellas que se encuentran en un grado inferior. Estas son las educativas, las recreativas, las asociaciones civiles y profesionales, entre otras.


Ninguna institución puede desarrollar sus actividades fuera del marco legal que las regula, porque si se diera este caso se estaría ante un estado de caos y descontrol total.


El tema que hoy me convoca es, específicamente, la toma de colegios, por parte de los alumnos que se oponen a una reforma del sistema educativo.


Como resulta obvio, la escuela es una institución que, como tal, debe estar regida por normas claras y por un orden de jerarquías y funciones muy bien establecidas y delimitadas.


Así como los ciudadanos, según nuestra Carta Magna, “no gobiernan ni deliberan sino a través de sus representantes”, el alumnado no se puede irrogar, de manera directa, la función de establecer las políticas educativas. Para ello, justamente, existen órganos del Estado creados a tal fin.


El alumno concurre a la escuela para educarse, para prepararse de la mejor manera posible para enfrentar la vida de adulto que el futuro le depara. Es inconcebible que se haya instalado en el seno de nuestra sociedad la idea de que es el propio estudiante quien debe tomar intervención activa en el diseño de aquello que todavía no ha aprendido. En otras palabras, no puede alguien, que todavía navega en los mares de la ignorancia, pretender ser el arquitecto de su propia educación.


Cuando una persona siente que está siendo atacada por alguna enfermedad, tiene tres opciones a seguir: 1) hacer caso omiso de las alertas que su mismo cuerpo le está dando e ignorar su padecimiento; 2) automedicarse o prestarle oídos a personas que no son idóneas en el arte de curar; o 3) concurrir a un especialista, a un profesional capacitado y habilitado para tratar su afección y seguir el tratamiento indicado.


Si optara por alguna de las dos primeras opciones mencionadas, lo más probable sería que su estado de salud empeorara. Sólo la tercera opción es la que le va a asegurar una pronta mejoría o, al menos, una recuperación paulatina de su salud. Y es que, para ese fin, los profesionales de la salud se capacitan durante años y, en mérito al estricto cumplimiento de una currícula determinada previamente, el Estado le otorga su título habilitante. Acá estamos en presencia de una de las funciones propias de la institución Estatal: regular y fiscalizar este tipo de actividad profesional, con el objetivo de garantizar a toda la ciudadanía que aquél que ostenta, por ejemplo, el título de médico, sea una persona idónea para ello, y no un “curandero” que “toca de oído”.


Entonces, volviendo al tema de los estudiantes secundarios que tienen pretensiones de diseñar ellos mismos los planes de estudio, a los cuales se deberán someter para cumplimentar una de las etapas más fundamentales y de mayor formación en sus vidas, no resulta coherente que lo intenten desde el desconocimiento que naturalmente tienen.


Las reformas educativas de todo un sistema deben, necesariamente, partir desde las instituciones que cuentan con los profesionales capacitados para ello. Profesionales que dedican toda una vida para formarse, adquirir conocimientos, evaluar las mejores opciones según el contexto en que tienen que actuar.


Hoy resulta, por demás elocuente, aún con excepciones muy válidas y plausibles, la mediocridad o la supina ignorancia demostrada por la inmensa mayoría de los jóvenes que concurren a los establecimientos educativos, es decir aquellos que están dentro del sistema formal de educación. Y esto no es un problema en sí mismo, ya que nadie puede pretender que un adolescente haga gala de aquello que todavía no ha aprendido. El problema se plantea cuándo estos adolescentes, movidos por intereses muy ajenos al ámbito educativo, pretenden, desde su lógica y natural rebeldía, erigirse en profesionales de la pedagogía.


Con esta última afirmación no quiero decir que no se deba evaluar, desde la perspectiva misma de su categoría etaria las necesidades que hoy debe comprender una educación de nivel secundario, acorde a los tiempos que corren. Esto se debe realizar por medio de la investigación, el sondeo y, sobre todo, teniendo en cuenta los criterios más modernos ya desarrollados en otros lugares del mundo. Los adolescentes deben participar en la elaboración de este tipo de planes, pero desde un lugar pasivo, siendo ellos mismos la materia a investigar y no queriendo ocupar el lugar de los investigadores y profesionales de las ciencias de la educación capacitados a tal fin.


Los cambios culturales por los que está atravesando la sociedad argentina demandan, de manera preponderante, un sinceramiento en todos los estamentos, y el de la educación secundaria no debería ser ajeno. La escuela debe preparar a quienes van a ser los dirigentes políticos y sociales del futuro. De ninguna manera se puede tolerar que ese nivel educativo se convierta en un centro político en sí mismo, ya que no existe, aún, la formación suficiente para hacerlo, amén de que ese no es el cometido principal y preponderante del mismo. El proselitismo es, de hecho, un concepto absolutamente reñido con la capacidad que tiene la institución educativa para la formación de sujetos libre pensantes y con autocriterio.


Es verdad que los tiempos han cambiado, y que la rigidez de aquella escuela de principios del siglo pasado, en la cual el alumno no tenía otra participación que no sea la de aprender la lección que se le impartía y repetirla como autómata ya no es una opción válida bajo ningún punto de vista. Eso era un extremo. Pero el gobierno de la educación, por los propios educandos, también es otro extremo que, por más evolución que se invoque, tampoco resulta ni válido ni justificado en manera alguna.


Argentina debe encaminarse a recuperar calidad en materia educativa. Y esa recuperación jamás se va a lograr desde el desgobierno ni desde el caos de la escuela como institución fundamental para el futuro de los jóvenes que hoy asisten a ella y para el de la Nación en general.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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