Cuidado con el médico, te puede matar, su arma es la negligencia

La denominada “Mala Práxis Médica” es un término que los argentinos estamos escuchando cada vez con mayor frecuencia.
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La denominada “Mala Práxis Médica” es un término que los argentinos estamos escuchando cada vez con mayor frecuencia.


Quizá, el hecho más notable y reciente lo constituya el fallecimiento de la ex periodista y legisladora Débora Pérez Volpin cuando concurrió a un reconocido centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse una endoscopia, práctica que se lleva a cabo a diario y en cientos de pacientes y que, en principio, no debería significar un riesgo mayor para la vida de quien es sometido a élla.


Pero, este, como dije arriba, se erige hoy en un caso resonante dada la popularidad y la mediatez periodística de quien resultó ser la víctima fatal. Sin embargo, existen muchísimos casos de personas fallecidas o que quedaron con secuelas de diferente grado a causa de la “Mala Práxis Médica”, y que hoy engrosan una larguísima lista de expedientes judiciales en los que se realizan reclamaciones de diversa índole, siendo los de carácter económico resarcitorio los que se llevan el primer puesto.


Para trata este tema, voy a remitirme a un trabajo realizado por dos prestigiosos profesionales: la Dra. Lidia Nora Iraola y el Dr. Hernán Gutiérrez Zaldívar. Para no abrumar con conceptos demasiado técnicos, trataré, en lo posible, de sintetizar su contenido.


Dicen los citados que “Existirá mala praxis en el área de la salud, cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la persona humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o permanente, como consecuencias de un accionar profesional realizado con imprudencia o negligencia, impericia en su profesión o arte de curar o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal aplicable”.


En primer lugar debe existir un daño constatable en el cuerpo, entendido como organismo, o en la salud, extendiéndose el concepto tanto a la salud física como a la mental, siendo ésta comprensiva de todas las afecciones y trastornos de orden psiquiátrico, psicológico, laborales, individuales y de relación, con incidencia en las demás personas. La amplitud del concepto, abarca no solo el daño directo al individuo, sino que por extensión, se proyecta inclusive sobre prácticamente la totalidad de las actividades del afectado.


En segundo lugar, el daño causado debe necesariamente originarse en un acto imprudente o negligente o fruto de la impericia o por el apartamiento de las normas y deberes a cargo del causante del daño o apartamiento de la normativa vigente aplicable. De acuerdo a la normativa de nuestro ordenamiento jurídico, la calidad de profesional de la salud en el agente involucrado en el daño, agrava cualquiera de las conductas negativas descriptas. Veamos:


a) Imprudencia: La imprudencia es entendida como falta de tacto, de mesura, de la cautela, precaución, discernimiento y buen juicio debidos, por parte del profesional de la salud.

b) Negligencia: Es entendida como la falta de cuidado y abandono de las pautas de tratamiento, asepsia y seguimiento del paciente, que están indicadas y forman parte de los estudios en las profesiones de la salud.

c) Impericia: Está genéricamente determinada por la insuficiencia de conocimientos para la atención del caso, que se presumen y se consideran adquiridos, por la obtención del título profesional y el ejercicio de la profesión.


Ahora bien, quien invoca la producción del daño debe probar la efectiva responsabilidad de los agentes de la salud intervinientes en la producción del daño. Esta condición deriva del principio general del derecho vigente, que establece a cargo de quien invoca un daño y un perjuicio, la obligación de probarlo y acreditarlo. Sin perjuicio de ello, existen pautas de conducta profesional que deben ser siempre adoptadas por dichos profesionales, para procurar su mejor defensa ante la acusación. De tal manera y para responder ante las acusaciones de imprudencia, impericia o negligencia, los agentes de la salud deben llevar a cabo, entre otros elementos importantes, una clara, completa y secuenciada Historia Clínica, la que debe contener además las pertinentes observaciones de quien las redacta. Otro elemento hábil en la defensa del agente de la salud, será el previo consentimiento informado del paciente y/o sus responsables, acerca de las conductas terapéuticas que se vayan implementando, así como la razón que las aconseja.


Desde el momento que un agente de la salud, acepta el ingreso de un paciente a un establecimiento público o privado o bien desde que comienza en la atención de un paciente, nace un contrato de cumplimiento obligatorio y con dicho contrato se originan los derechos y obligaciones de las partes. El derecho del paciente a recibir la atención debida y la obligación de los profesionales de la salud a prestársela. A su vez nace el derecho de los profesionales a percibir una retribución por sus servicios y la obligación del paciente o del Hospital o del Sanatorio o de la empresa de Medicina Prepaga a satisfacer dichos honorarios o retribución mensual convenida.


La doctrina emanada de los fallos judiciales engloba solidariamente, como agentes de la mala praxis, a todos los profesionales de la salud desde Instituciones Médicas y médicos hasta enfermeras y auxiliares, que hayan participado en la atención del paciente dañado, discerniéndose tan solo la gravedad de la pena o sanción económica, de acuerdo al grado de participación que los agentes de la salud intervinientes en el tratamiento, puedan haber tenido en la efectiva producción del daño.


El concepto “Solidaridad” implica, que todos y cada uno de los agentes intervinientes, son individualmente responsables por la totalidad del daño ocasionado, siendo facultad del Juez, de acuerdo a la prueba que se produzca en el juicio, atribuir o exceptuar a cada uno de los agentes de la salud intervinientes, de un mayor o menor grado o porcentual de responsabilidad en el hecho dañoso.


Esto es válido tanto en materia Penal como Civil, pero mientras las Instituciones Hospitalarias o los Sanatorios responden con su patrimonio para afrontar la indemnización dineraria en la condena Civil, no tienen en cambio una sanción Penal que les alcance, habida cuenta que son Personas Jurídicas de existencia ideal no física.


El Código Civil y Comercial Argentino contempla la responsabilidad emergente de la mala praxis y la obligatoriedad de su resarcimiento económico y/o de la prestación asistencial reparadora.


Por su parte, el Código Penal tipifica la mala praxis de modo específico, a través de los delitos de homicidio culposo (art.84 CP) y de lesiones culposas (art.94 CP), que de ella, la mala praxis, se deriven y, sanciona a quienes resulten declarados culpables, con penas de prisión y de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o de la actividad que por su ejercicio, haya sido generadora de la muerte o de la lesión.


Pasaron más de 2500 años desde que Hipócrates, que vivió en el siglo V antes de Cristo, escribió cuáles debían ser las obligaciones de los que ejercen la medicina. Este Juramento Hipocrático, con algunas modificaciones, es el mismo que en la actualidad deben firmar los que terminan sus estudios y quieren dedicarse a la profesión.


"No llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos", fue la base del juramento que Hipócrates les hizo hacer a sus discípulos, que llevarían a lo largo del mundo la medicina. A más de dos milenios, la concepción del griego continúa siendo la base de la ética médica a nivel global.


Puntualmente, en nuestro país existen códigos deontológicos y comités de ética de cada especialidad médica y, llegado el caso, se pueden judicializar.


Finalmente, más allá de sobre cuál código se juramente, lo fundamental es que los médicos no se mercantilicen y, como decía Favoloro, “no pensar con el bolsillo, sino con el corazón".

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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