Senado apura ley para castigo por jugueteo de escuchas

POLÍTICA 12/04/2018 Por
La iniciativa gatilla hasta cuatro años de prisión. Fiscales y jueces estarán comprometidos en caso de mal desempeño de funciones. Cláusula para proteger la libertad de expresión. Miguel Pichetto defendió el accionar de la oficina de pinchaduras telefónicas y el rol de Ricardo Lorenzetti
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Las filtraciones de las disparatadas conversaciones privadas entre Cristina de Kirchner y su genuflexo servidor Oscar Parrilli movilizaron a senadores de la oposición y del oficialismo: la comisión de Justicia y Asuntos Penales dictaminó ayer un proyecto del peronismo para "regular la realización de las intervenciones de comunicaciones y su debida cadena de custodia", que incluye tres tipos de sanciones que llegan hasta los cuatro años de prisión. La iniciativa también gatilla el alerta hacia jueces y fiscales involucrados, quienes por mal desempeño en funciones deberán comparecer en un probable proceso de juicio político.

"Acá no hay un problema de humedad o de trazabilidad para ver qué vaca tenía la aftosa. Acá las grabaciones se dan, las entregan a periodistas para que como en un pasatiempo se solace el público (...) con muy baja estofa, sabiendo que está lleno de boludos, pelotudos, gordas de mierda o de la vagina del mono que no le interesa a nadie y no tiene que ver con una causa penal. Hay que ponerle fin", sentenció el senador macrista Ernesto Martínez en la comisión.

El proyecto que craneó el senador peronista Rodolfo Urtubey (Salta) junto al jerarca Miguel Pichetto y otros miembros de ese bloque plantea una "cadena de custodia" para sellar "la indemnidad, inviolabilidad e inalterabilidad de los procesos y documentación"; reasegura un marco de "transparencia" a través de la comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso e impone un proceso de "confidencialidad" que establece para "funcionarios, agentes, empleados y personas" la "reserva absoluta de la información a la que accedan".

Durante el segundo mandato cristinista, las escuchas pasaron de la exSIDE -actual AFI- a la Procuración que regenteaba Alejandra Gils Carbó. Tras el aterrizaje de Mauricio Macri al poder central apareció un decreto y una acordada de la Corte Suprema para derivar el jugueteo hacia al Poder Judicial y nació la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco). Con la ley que impulsa el Senado, la "orden de intervención de comunicaciones deberá contener un plazo de duración" que, si no es informado, será de 30 días "y caducará automáticamente salvo orden judicial expresa que solicite su prórroga".

Anoche, Pichetto destacó la tarea de la Dajudeco que comandan los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, y el director ejecutivo de la misma, Juan Tomás Rodríguez Ponte. Además, el cabalgador peronista dijo que "los tres mantienen diálogo constante con el Congreso y estuvieron siempre abiertos a inspecciones de parte nuestra", y remarcó la importancia del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a la hora de consolidar la tarea de la oficina en cuestión "y velar por la no injerencia externa en el trabajo que realiza".

El dictamen firmado ayer -quieren tratarlo el miércoles próximo en el recinto- obliga a la Dajudeco a "elaborar un protocolo que resguarde la cadena de custodia y que contenga todos los requisitos y obligaciones" de la ley. En este punto, los senadores pegotearon a este artículo -el octavo- una revisión y aprobación final de la Corte para que el observado no sea quien se imponga su modo de proceder.

Para el caso de las sanciones -artículos 12, 13 y 14-, la iniciativa dispara que "el simple incumplimiento de las normas y procedimientos que integran la cadena de custodia constituirá falta grave administrativa", que la "violación de la confidencialidad" será reprimida con penas que irán desde los seis meses a dos años de prisión y que la "violación de secretos" tendrá penas de dos a cuatro años de cárcel.

Sobre este último punto es donde más se enfocaron los senadores, ya que habla de quien "a sabiendas ofreciere, divulgare, comerciare, o facilitare la difusión de la documentación, la información o los registros obtenidos de una intervención de comunicaciones". Allí, el presidente provisional de la cámara, Federico Pinedo (PRO), solicitó un cambio para no chocar con la libertad de prensa ante la filtración de una escucha, y tras deliberaciones varias se impuso la frase "o entregare para su difusión".

Para el final, y a pedido del chubutense Mario Pais, se incluyó en las penas el "mal desempeño en funciones" de fiscales y jueces que hayan ordenado las pinchaduras. En caso de comprobarse esa falta, quedaría habilitado el sendero del juicio político.

Fuente: Ámbito

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