PROYECTO DE DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Aspectos e intereses a tener en cuenta en la discusión que recién comienza

La noticia dice que con más de mil expositores, marchas a favor y en contra, comienza a debatirse en el país el Proyecto de Ley de Despenalización del Aborto.


Se han dicho muchas cosas desde que se conoció la voluntad del gobierno por tratar este tema que toca los aspectos más delicados e íntimos de la vida de los hombres. Sin embargo, existen aristas que no se tratan con la profundidad necesaria o que, directamente, se comentan en voz baja, como si se estuviera frente a hechos que no deben salir a la luz.


Un ejemplo de esto último es el aspecto económico o, para decirlo más claramente, las enormes pérdidas en metálico que la legalización de la práctica abortiva traería aparejada a un inmenso número de centros clandestinos dónde se realiza sin ningún tipo de regulación, tanto sanitaria como legal.


Y es que los ingresos por esa vía son incalculables, dado que, justamente por ser ámbitos que están al margen de la ley, que carecen de un registro, resulta imposible hacer un cálculo aproximado de los montos que se perciben por brindar servicios a aquellas mujeres o parejas que deciden interrumpir el embarazo.


No obstante ello, los testimonios de casi todo el arco de profesionales de la salud, y los que se pueden recabar en cualquiera de los ámbitos sociales, son suficientemente elocuentes como para tener una idea de su enorme magnitud.


Cuando se mezclan en la discusión, aspectos tan disímiles como los sanitarios, los legales y los económicos, el resultado siempre va a estar teñido de un cierto misterio propio de aquellas sustancias que no pueden llegar a compatibilizarse de manera homogénea. Entonces, lo que obtendremos sólo podrá llegar a constituir una suerte de relato contado a medias, sin ninguna certeza ni veracidad absoluta que pueda despejar las cientos de dudas que la propia temática trae aparejada consigo misma.


Los intereses que se barajan, a nivel económico, son de tal naturaleza en la problemática del aborto, que sus agentes siempre operan desde las sombras, pudiendo camuflarse o, directamente, infiltrarse dentro de los más diversos colectivos sociales.


Este aspecto debe, necesariamente, ser tenido en cuenta a la hora de las conclusiones que desembocarán en el tratamiento de la despenalización del aborto en el hemiciclo parlamentario.


Si, en definitiva, este proyecto se convierte en ley, deberá contar con un muy estudiado y detallado cuerpo, en el que se reflejen y regulen cada uno de los aspectos que puedan llegar a producirse en virtud de su aplicación, aún aquellos que los hombres de derecho denominamos “de laboratorio”, eufemismo que quiere significar una muy remota posibilidad de que un hecho se de con ciertas características extraordinarias y en circunstancias de igual calificación, no dejando librada, en la medida de lo posible, ningún aspecto que requiera la interpretación y decisión por vía judicial. Esto es sumamente importante, ya que estamos hablando de la interrupción voluntaria de la vida dentro del período de gestación, el cual tiene tiempos específicos y lo bastante rígidos como para no poder darnos el lujo de “perder” el tiempo. Y no porque la actividad jurisdiccional constituya una pérdida de tiempo en sí misma, sino porque estamos frente a situaciones con limitaciones bien definidas que no admiten dilaciones como las que a diario se producen en los estrados judiciales argentinos.


El período gestacional de una nueva vida, es decir el embarazo, supone un tiempo finito de, días más días menos, nueve meses. Uno de los aspectos más ríspidos del aborto, incluso entre los que están a favor de esta práctica, está dado por el tiempo máximo en que es aconsejable su ejecución con la menor cantidad de riesgos para la gestante. En este sentido, las posiciones varían desde las 12 a las 14 semanas desde el momento, siempre aproximado, de la concepción. Si a esto le sumamos los tiempos legales, o, para decirlo de manera clara, los tiempos que se pierden con todo el bagaje de trámites que la ley puede contener, siempre estaremos sobrepasando ese lapso tenido como seguro.


Por ello, insisto en la necesaria pulcritud que, de ser aprobado el proyecto, éste deberá contener en su articulado, para otorgarle una eficacia casi inmediata en aquellos supuestos en dónde deba actuar la justicia para dar su decisión final. Sin lo antedicho, la ley será de una inutilidad total, amén de producir una verdadera catarata de conflictos que tenderán a desvirtuar su verdadero espíritu.


Como se puede apreciar, no sólo de cuestiones que hacen a la conciencia de las personas, a sus creencias religiosos y posturas frente a la vida toca la discusión sobre la despenalización del aborto en el país. Lograr que esta discusión sea lo más pacífica, libre, concienzuda, abarcativa y desprovista de intereses que afecten su integridad será el camino más difícil a recorrer para contar con una legislación acorde a las necesidades de la post modernidad por la que transita el mundo y a la que la Argentina no debe ni puede darle la espalda.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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