Hay que reformar el Código Penal

Un tema "urgente" y "necesario" que las autoridades nacionales no pueden ni deben esquivar
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El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, ya firmó un Decreto, por el que se nombra una comisión de notables juristas, que van a tener como cometido realizar “ajustes”, yo digo “reforma”, al recientemente sancionado, hace poco más de tres años, Código Civil y Comercial de la Nación.


Si bien, como lo detalla el Decreto de referencia, existen cuestiones que hacen falta “acomodar” en dicho cuerpo legal, en base a la vertiginosa y acelerada vida que hoy se desarrolla dentro de nuestra sociedad, y que impone que lo estudiado en profundidad hasta hace muy poco tiempo pierda vigencia en un muy cortísimo plazo, no menos cierto es el reclamo real, palpable, necesario y, sobre todo, urgente que hoy tiene la Argentina de llevar a cabo una reforma completa al Código Penal de la Nación, el cual lleva en vigencia casi 100 años, y al que se le han “emparchado” numerosísimas figuras tipificadas y agregado, mediante una descomunal montaña de leyes sueltas, otras tipificaciones, fruto de los adelantos científicos y tecnológicos acaecidos desde su entrada en vigencia a la fecha, para no hablar de los grandes cambios en lo que respecta a la mentalidad, ideas y hasta la misma forma de entender nuevas situaciones de una realidad cotidiana que no es ni parecida a la de principios del siglo XX, cuando se produjo la sanción de este cuerpo legal, que tiene, entre sus funciones más relevantes, la de enumerar cada una de las conductas antijurídicas consideradas como delictivas, así como, también, la de determinar e imponer las sanciones previstas en las escalas penales en él estipuladas.


Ayer decía, en mi editorial, que no hay que confundir “necesidad” con “urgencia”. Existe temas, dentro de la agenda política de una sociedad, que si bien son de necesario tratamiento, no configuran, por ello, un estado de urgencia. Pero, cuando ciertas problemáticas se tornan “urgentes”, la “necesidad” de su tratamiento debe ser prioritaria e impostergable.


La inseguridad ciudadana de todos los días, reflejada por todos los medios de comunicación, sin importar a qué lineamientos políticos responden, relatada e ilustrada con imágenes de una crueldad y crudeza desgarradora, está hablando, de la manera más contundente posible, sobre el urgente, impostergable y necesario tratamiento que una reforma al actual Código Penal de la Nación y a todo el conjunto de leyes que giran en su derredor está requiriendo.


Ningún político, legislador, juez o ciudadano de “a pie” ignora la acuciante realidad que todos los días, de una forma u otra, golpea a personas, familias y a la sociedad en general, fruto de una legislación penal que ya no se adecúa ni se condice con los tiempos que corren.


Desde las figuras penales más simples hasta las más complejas, todas han quedado superadas por la irrupción de nuevas metodologías delictivas, de nuevas conductas sociales, del ingenio criminal llevado a su grado más extremo, en contraposición a esquemas tipificados en épocas ya muy lejanas.


El Código Penal Argentino, el que actualmente se utiliza para determinar si una conducta antijudícia se encuentra descripta y, por ende, tipificada en él, y que también constituye la base para la imposición de la escala punitiva correspondiente, fue sancionado en el año 1921 y entró en vigencia allá por 1922. Con la sola mención de estas fechas, bastaría para poder hacerse de una idea sobre su pérdida de vigencia real, en consonancia con las realidades y necesidades de ese momento y las actuales. El mundo, y más precisamente la Argentina, en nada se parecen hoy a aquél de la segunda década del siglo pasado. Cambiaron las costumbres, los modos de pensar, las conductas de las personas y, si se quiere, hasta la tabla de valores éticos y morales que regían, en gran medida, la vida de esa sociedad.


Sobre lo que antaño no era necesario legislar, ya por no configurar un delito, ya por su decidida inexistencia como tal, hoy se torna un flagelo que golpea a todos por igual. Nadie se encuentra exento de ser víctima de esa inseguridad diaria a la que me refería más arriba. Los cambios sociales, operados durante la segunda mitad del siglo XX y las primeras dos décadas del presente, han dado como resultado una marginalidad y una potencialidad delictiva que eran impensadas cien años atrás.


Por sólo referirme a un tema, voy a tomar como ejemplo las drogas y los delitos sexuales. Ambos existieron siempre, pero jamás con la virulencia que se puede apreciar en la actualidad. La irrupción de las nuevas tecnologías, traducidas en formas inéditas de comunicación e inmediatez para la época de sanción del Código Penal Argentino, hacen hoy mucho más estragos dentro de la sociedad que los que producían un siglo atrás.


No podemos postergar más tiempo, o tratar de “emparchar” un cuerpo legal de tanta importancia para nuestras vidas, que de por sí ya está “emparchado”, y pretender vivir y desarrollarnos dentro de un ámbito seguro, con un ordenamiento penal que adolece de ser absolutamente vetusto, obsoleto y superado por circunstancias y realidades que jamás pudo contemplar, por el simple hecho que no existían al momento de su creación.


Por eso vuelvo a la importancia de dejar de confundir lo “necesario” con lo “urgente”. Hoy tenemos un Código Civil y Comercial bastante moderno. ¿Qué le hacen falta ajustes?, seguramente que sí, por que todo cuerpo legal es perfectible. Pero, así y todo, no está nada mal. Sin embargo, la urgencia está dada en una reforma integral de nuestro Código Penal. Ese debería ser el desafió que las actuales autoridades nacionales tendrían que estar dispuestas a encarar. De lo contrario, seguiremos padeciendo, todos los días, de flagelos que enlutan a más familias argentinas, viendo esas imágenes desgarradoras por televisión. En definitiva, siendo meros y pasivos espectadores de una realidad conmovedora, brutal y muchas veces asesina, pero sin los medios legales para poder combatirla de la manera y con la urgencia que ha dejado de ser un reclamo de juristas para ser un verdadero clamor de la sociedad toda.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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