¿CUMPLIR CON LO QUE EL DEBER Y LA CONCIENCIA MANDA Ó MIRAR PARA OTRO LADO?

La decisión de recaratular una causa de "legitima defensa" como "homicidio" y la errónea y perniciosa señal que un juez está dando
-luis-chocobar-

Siempre que escribo sobre sucesos puntuales o procesos ocurridos en nuestro país, en los que por más que intente analizarlos no encuentro una explicación lógica y coherente para entender por qué se produjeron de esa manera, una sola frase resuena en mi mente: “somos argentina”, y con ella pretendo justificar lo injustificable.

Si pienso en la hipócrita actitud de notorios dirigentes sindicales, que han acumulado riquezas incalculables enarbolando la bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores, mientras esos mismos trabajadores tienen que hacer peripecias para llevar el sustento a sus hogares, el “somos argentina” se impone sobre cualquier otra justificación.

Cuando toma estado público algún nuevo caso de corrupción cometido por agentes del Estado, en perjuicio de las arcas públicas, es decir del dinero de todos los ciudadanos, la misma frase vuelve a cobrar vigencia.

Si se trata de promesas incumplidas o giros de 180 grados en conocidos personajes de nuestra política, que se dicen nuestros “representantes”, ya que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de ellos, “somos argentina también es la respuesta.

Cuando un juez, un magistrado que ocupa la titularidad de cualquier juzgado, produce un acto procesal que visto desde el ángulo del ordenamiento jurídico es absolutamente legal, pero desde la lógica y el sentido común se torna irresponsable, cuando no de una peligrosidad manifiesta, como lo puede configurar los casos en que se otorgan salidas transitorias a reclusos, aún en contra de los dictámenes y pericias que la ley impone, y que luego se traducen en hechos delictivos que se cobran vidas inocentes, sólo por dar el primer ejemplo que me viene a la mente, el hecho de que se trate de un miembro del Poder Judicial de la Nación, ósea de un funcionario público argentino con la potestad de decisión que la Constitución Nacional le acuerda, me hace repensar todo lo aprendido durante los años de estudio en la facultad de derecho y los de ejercicio de mi profesión de Abogado, y, muy a pesar mío, tener que llegar a la conclusión que la idiosincrasia argentina es nuevamente el componente fundamental de un muy errado juicio de valor.

La noticia recorrió el mundo hace tan sólo 50 días: un turista norteamericano había sido brutalmente agredido por dos delincuentes, con motivo de robo, mientras tomaba unas fotos en el pintoresco barrio de La Boca. Como fruto de esa agresión, recibió diez puñaladas en su cuerpo que lo tuvieron debatiéndose durante varios días entre la vida y la muerte. Sólo la pericia de los profesionales que lo atendieron y, quizá porque todavía no le había llegado “la hora”, son los motivos de que no haya pasado a engrosar la enorme lista de asesinatos que la inseguridad ciudadana produce día a día en el país.

Pero también hay otra parte de esa misma historia, la de un miembro de las fuerzas policiales, que en ese momento se encontraba de franco, pero que al ser testigo ocasional de la artera agresión que estaba siendo víctima una persona a la cual no conocía, no lo pensó dos veces, y haciendo lo que su conciencia le mandó, persiguió a los dos malvivientes, ocasionándole a uno de ellos heridas, con el arma reglamentaria que la institución le entrega a todos los agentes del orden, que pocas horas después produjeron la muerte del agresor y ladrón.

Resulta ahora que, un juez, el mismo que hace pocos días fue noticia por haber decidido que un preso con sentencia firme puedía salir a la calle, dándole la posibilidad de profugarse, hecho que en definitiva realizó, además de asesinar a otro inocente ciudadano, es quien ha cambiado la carátula del caso del turista norteamericano de “Homicidio en Defensa Propia” a la de “Homicidio”, decretando, por si fuera poco, un embargo contra el agente policial por la suma de cuatrocientos mil pesos.

Es que el magistrado en cuestión esgrime el argumento de “irracionalidad” entre la agresión sufrida por el inocente turista y la reacción del policía. Las preguntas que siguen son de “manual”: ¿cómo tiene que actuar un servidor público, que ha sido instruido y preparado para defender la vida y los bienes de las personas, cuando se encuentra ante la flagrancia de un delito?, ¿es menester que repase, en unas pocas milésimas de segundos, todo el Código Penal, lo analice y decida, a la vez, si debe actuar o no?, ¿debe primar, en su conciencia, el sentido del deber ó las consecuencias personales que la defensa de un inocente le podrán traer? Y, el más grande de todos los interrogantes: ¿los jueces están para hacer cumplir la ley, defender los intereses que son fundamentales para la sociedad, perseguir a quienes se apartan de las normas y el derecho, ó para cobrar notoriedad de la manera que sea, sin importar a quienes dañan?

Si las respuestas no se condicen con lo que la lógica impone en estos casos, la verdad es que esa idiosincrasia argentina, de la que hablaba antes, es la única posibilidad para tener en cuenta y sopesar por qué somos como somos y por qué dejamos que este tipo de cosas sigan sucediéndose, una y otra vez en el país.

No voy a hacer acá una clase magistral explicando el instituto de la “legítima defensa”, ya que he abordado el tema en anteriores notas. Pero cualquier ciudadano sabe de qué se trata y cuales son sus alcances y las ocasiones en que se puede esgrimir, dado que nadie está obligado a soportar agresiones que atenten contra su vida o a ser inmóviles y pasivos espectadores de agresiones contra la vida de un tercero.

Se impone, púes, un serio replanteo de la conducta en el ejercicio de sus funciones que muchos magistrados argentinos ponen de manifiesto a la hora de producir actos procesales, y una depuración, con los instrumentos que el ordenamiento jurídico prevé, para que este tipo de situaciones no vuelvan a producir, siquiera, la menor duda en el momento en que un miembro policial tiene que actuar de acuerdo a sus convicciones y a lo que aprendió cuando se lo instruyó y se le entregó un arma para que defienda a sus semejantes. De lo contrario, esa frase a que hice alusión al comienzo, la de “somos argentina” seguirá siendo una justificación para hechos que no tienen otro tipo de explicación lógica y racional en vez de un orgullo para quienes nacimos en este país.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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