Que no se hable de la inflación: El Clan Moyano bajo fuego (la AFIP también)

EDITORIAL 12/01/2018 Por
Siempre se supo que alguna vez hay que investigar en serio a Hugo Moyano. Sin emcargo es curioso que, cada vez que hay una mala noticia nacional, se conoce alguna novedad judicial sobre la corrupción
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Está muy bien investigar a Hugo Moyano y su clan, personajes que acumulan complicaciones en la Justicia. Lo curioso es que la intensidad de la investigación dependa de negociaciones no judiciales y de las necesidades comunicaciones de la Administración Macri.
Al pedido de que se lo investigue por presuntas maniobras de lavado de dinero como presidente del Club Atlético Independiente se suma la reactivación de una causa por posible fraude en el Sindicato de Choferes de Camiones, que él lidera junto a su controvertido hijo Pablo Moyano.

De acuerdo a un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), entre septiembre de 2010 y marzo de 2011 entraron fondos por $ 220.828.867,56 a una cuenta de la empresa Aconra Construcciones, que tiene como principal accionista a Valeria Salerno, hija de Liliana Zulet, esposa de Moyano. O sea, la hijastra de Hugo Moyano.

Los datos surgen de un informe que hizo el organismo antilavado por pedido del juez federal Claudio Bonadio, que investiga a Moyano por presunto fraude en el gremio por el reintegro de fondos de la obra social por remedios oncológicos con comprobantes falsos.

Pero al respecto hay una controversia sobre el uso de datos del blanqueo, y la participación de la Administración Federal de Ingresos Públicos en acciones político-judiciales.

La diputada nacional Graciela Ocaña -hoy día macrista -en el pasado fue cercana a Néstor Kirchner/Alberto Fernández, y antes fue cercana a Elisa Carrió- fue pionera en la denuncia de Moyano, con quien chocó cuando ella integraba el gabinete K, y quien se presentó ante el juez federal Bonadio por operaciones sospechosas por más de $200 millones entre empresas vinculadas a los Moyano con el sindicato y la obra social de Camioneros.

Ella dijo que ampliará su denuncia por defraudación al sindicato y aseguró que detectó “una maniobra de vaciamiento de la obra social”.

Fernando Laborda escribió en el diario La Nación:

"La pregunta del millón que circula en estos días entre dirigentes políticos y empresarios es si el gobierno de Mauricio Macri y la Justicia irán a fondo contra el clan Moyano. Hasta dónde llegará el mani pulite sindical en la Argentina es un interrogante que arroja variadas respuestas, pero lo cierto es que, en más de tres décadas de democracia, nunca hubo tantos gremialistas presos o investigados.

El Gobierno le ha declarado la guerra al Estado que obstruye con el fin de reducir el costo argentino y facilitar inversiones, según afirmaciones de sus propios funcionarios. Macri es consciente de que, además de las enormes trabas burocráticas y papeleos que hasta hoy son necesarios para crear empresas o llevar a cabo un negocio legal, existen obstáculos que generan gremialistas que han vivido en todos estos años de privilegios corporativos y de la extorsión a las empresas. Por eso, el Presidente festejó en septiembre de 2016 cuando le informaron la detención de Omar "Caballo" Suárez, acusado de liderar una asociación ilícita, extorsionar a empresarios navieros y realizar fraudes millonarios contra su propio gremio marítimo.

Suárez fue apenas la punta de un gigantesco iceberg, del que se desprendieron más tarde dirigentes como Juan Manuel "Pata" Medina, Marcelo Balcedo y, desde ayer, la cúpula de la Unión Obrera de la Construcción de Bahía Blanca. Pesan denuncias contra otros gremialistas, como Víctor Santa María, líder del gremio de encargados de edificios, y Carlos Quintana, de la UPCN bonaerense. Pero se sabe que el pez más gordo es Hugo Moyano.

Alrededor del sindicato camionero no faltan denuncias por aprietes, empresas allegadas a familiares del líder sindical y armadas para prestar con exclusividad servicios millonarios al gremio y la obra social sindical, investigaciones por irregularidades en la administración de recursos y negocios con barrabravas. Un cóctel que en un país normal sería explosivo. (...)".

Sin embargo, en este escenario es muy preocupante que se haya repetido la filtración de información secreta que sólo debería conservar la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Su titular, Alberto Abad, mira hacia otro lado pero o tiene responsabilidad en lo que sucede, o debería deslindarla. El Estado no puede vulnerar las leyes ni los compromisos que establece.

El diario Ámbito Financiero escribió:

"Primero fue, en agosto pasado, la difusión de los datos sobre las presentaciones que familiares presidenciales y empresarios aparentemente cercanos al Gobierno habían concretado en el último blanqueo impositivo por cientos de millones de dólares en bienes y dinero en efectivo. La noticia generó una de las crisis más severas en el Gabinete argentino, al punto de ser la única vez que se tenga registro que el propio Mauricio Macri amenazó seriamente con avanzar sobre las libertades constitucionales que garantizan el derecho de la prensa a informar.

La oposición, por su parte, se escandalizó por los nombres aparecidos en el listado. Ayer fue la publicación de datos sobre las presentaciones que familiares de Hugo Moyano también concretaron en el último blanqueo. En este caso, los indignados aparecieron en el Gobierno, quienes se espantaron por la novedad de los nombres cercanos al sindicalista, mientras que la oposición criticó la embestida.

En realidad lo que la publicación de los listados de adherentes (de todo nivel y extracción económica y social) demuestra es algo más grave y peligroso. La clave del último y exitosísimo blanqueo (y de todos los llamados a regularizar deudas impositivas y bienes sin declarar), es que se mantenga a rajatabla y sobre cualquier circunstancia el secreto. Sólo alguien (cualquier persona) que no declaró en su momento sus tenencias en efectivo y sus bienes en el país y en el exterior aceptará regularizar su situación por dos motivos. El primero, porque considerará que estos estarán resguardados de vaivenes económicos y que podrán ser más productivos en blanqueo que en negro. En este sentido se confió en que Macri mejoraría la economía. Aún está a tiempo. Pero el segundo motivo, y tan (o más) importante que el anterior, es que las autoridades le garantizarán al blanqueador, por más injusto que suene, el absoluto respeto de sus secretos y su anonimato.

La publicación, ya en dos oportunidades, de nombres que aceptaron este pacto público del Gobierno que se comprometió a resguardar los nombres, avalado además por ley y apoyado por casi toda la clase política argentina, es, simplemente, imperdonable. Y atenta contra la credibilidad oficial y contra la posibilidad futura de convencer a otras personas y empresas a ingresar en llamados similares en el futuro. En total el blanqueo permitió que se registraran bienes y efectivo por unos 116.800 millones de dólares, un record mundial histórico para el país y el mundo. Ese dinero fue blanqueado por unas 254.700 personas físicas o empresas. Todas ahora tienen el temor de aparecer con sus nombres publicados en algún momento. Y, lo peor, dependiendo de la operación política de turno. Lamentable. Y poco serio."

Urgente 24

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