Los fondos buitres hace rato cobraron pero el default sigue

EDITORIAL 09/01/2018 Por
La Administración de Mauricio Macri no quedó para nada satisfecha con el anuncio de la agencia de calificación crediticia S&P de que le había subido la nota de deuda soberana a "B" desde "B-", ya que esperaba mucho más de Wall Street en reconocimiento a las reformas sancionadas
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Cuando asumió el gobierno en diciembre de 2015, Mauricio Macri recibió una caja de dólares cash exangüe, papeles dolarizados y pases futuros, en un marco de cepos cambiario e importador que atenazaban la economía.

Por eso estableció como prioridad levantar las restricciones y cerrar rápido un acuerdo con los principales fondos buitres acreedores para salir del default de la deuda externa y poder así acceder a la plaza crediticia internacional.

El monto total heredado ascendía a US$ 253.989 millones, un 46% del PBI, lo cual daba margen para una inmediata política de reendeudamiento, y a eso se dedicó el equipo económico encabezado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, teniendo como operador a su entonces subalterno Luis Caputo.

En un año y medio, según la última comunicación oficial del Ministerio de Finanzas, en junio de 2017, la deuda pública bruta (no solo con privados) había crecido a u$s 307.295 millones, lo que equivale a 56% del PBI.

O sea que el monto total que debe pagar el Estado en términos nominales aumentó un 20% y subió 10 puntos el peso de la deuda en relación al PBI.

Sólo por intereses presupuestados en 2018 habrá que afrontar una carga de US$21.000 millones, que representaría prácticamente el valor de las cosechas de soja y maíz juntas, los pilares agrícolas.

Pero la cuestión no acaba ahí, y el Presidente Macri paradójicamente advirtió desde la Patagonia, al comenzar el año, que no se podía seguir endeudando a las futuras generaciones: nada más que cubrir el déficit fiscal de este año implica necesidades de financiamiento por US$ 30.100 millones, del cual poco más del 40% será captado en el mercado internacional.

El ministro Finanzas, Luis Caputo, había informado al respecto que el plan es que en el 2018 se emitan alrededor de US$15.000 millones en el mercado internacional y pocos días después, en la primera semana del año, se publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 2/2018 que amplía el permiso para emitir US$15 mil millones de bonos con jurisdicción en EE.UU. e Inglaterra.

El decreto 29 de 2017 regulaba la emisión de deuda y establecía que los títulos públicos se emitían bajo la jurisdicción de Nueva York, donde litigaron los fondos buitre, o de Londres.

El decreto original había sido impugnado judicialmente, ya que por su redacción no dejaba afuera de los bienes excluidos como garantía por posibles incumplimientos a los recursos naturales, como el yacimiento petrolífero no convencional de Vaca Muerta.

Originalmente, el gobierno había establecido la suma de US$20 mil millones para emitir deuda en el exterior, pero luego lo amplió por US$12.500 millones a mediados de 2017 y ahora vuelve a hacer lo propio por otros US$15 mil millones. En total, ya lleva autorizados US$47.500 millones para endeudarse bajo jurisdicción extranjera.

Sobre el pucho del decreto ampliatorio, el Gobierno captó US$ 9000 millones con tres títulos a 5, 10 y 30 años de plazo y así cubre el 75% del total que planea conseguir en el exterior a lo largo de este año, que llega a los US$ 12.040 millones.

Por las emisiones pagó entre 4,6% y 6,95%. "Estas tasas son las más bajas de la historia para Argentina para emisiones en dólares en el mercado internacional, y representan una baja de 100 puntos básicos en relación a las tasas pagadas en la emisión de bonos similares de enero 2017", destacó un comunicado de Finanzas.

La demanda por los bonos argentinos totalizó US$21.400 millones superando en 2,4 veces el monto finalmente emitido con la participación de más de 450 inversores de Norteamérica (46%), Europa (35%) y Asia (11%), y otras regiones (8%). La emisión fue liderada por Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander.

La colocación tuvo lugar una vez cumplido el requisito de que el Ministerio de Finanzas presentara ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el órgano rector de las actividades en Wall Street, una declaración que se apoya en una proclamada condición de “cumplidor de sentencias”, lo cual es tomado con pinzas por los entendidos en deuda externa.

Reducción mínima

Consultado el abogado que más información tiene reunida sobre el llamado “Juicio del Siglo”, Pablo Giancaterino, estima a priori, en primer lugar, que “la reducción de juicios con sentencias fue mínima”. El escrito 18k, en ese caso, indica que quedan 90, cuando en origen había algo más de 140 casos.

Giancaterino recuerda que, antes de las elecciones que dieron ganador a Macri, en el Pro había dos posiciones expresadas dentro del Congreso:

-una era la del actual titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, que proponía una solución “de sentido común”: pagar las sentencias que el país había perdido en Nueva York y salir de inmediato al mercado a buscar las tasas de los países vecinos. En ese momento, del 5%. Pero como “le dijeron al Presidente que había que esperar un tiempo hasta 2017 y vino el triunfo de Donald Trump, ahora festejan colocar al 7%”, recuerda.

-la otra era la sostenida por Alfonso Prat Gay, que decía que había que hacer una oferta tomando como base el valor del cupón PBI.

En realidad, el ex ministro ya venía trabajando esa posición desde 2013 cuando era diputado y sus asesores privados llamaban a los representantes de los acreedores a negociar en privado una oferta generosa, a pesar de que la Ley Cerrojo lo prohibía, lo cual tornaba esos sondeos incompatibles.

Finalmente, señala Giancaterino, cuando Prat Gay fue designado ministro nombró (blanqueó) a sus asesores, como Eugenio Bruno, que eran los que habían estado prometiendo bajo cuerda ventajas a los fondos buitres. La oferta era recompra de bonos con o sin sentencia.

Explica que es falso que haya habido quita efectiva, porque aquellos que tenían reclamo sin sentencia computaron intereses hasta llegar al fallo judicial del 9% más el cupón del título: aproximadamente 20% anual durante 16 años.

Y a ese volumen en manos de Fondos le dieron la oferta pari passu en un 72,5% del total del reclamo, o sea que el capital multiplicado varias veces. En algunos casos, como los bonos FRAN, resultó mucho mayor. No fueron muchos en términod de individuos pero sí el volumen de dinero involucrado.

Para cuando había sentencia sin pari passu la situación era distinta y la oferta bajaba mucho, porque en esa instancia, en Nueva York, el interés anual vigente es similar a los bonos del Tesoro Americano: entre 0,20% y 5% anual (5% para las sentencias que salieron en plena crisis del 2008). Ahí sí la quita fue real, alcanzando el 55% del total. Pocos las tenían y pocos desistieron aunque, por supuesto, que en volúmenes era mayor.

Del F18K presentado por Finanzas a la SEC norteamericana y de los informes de gabinete previos se colige que no se cumplió con las sentencias y los juicios bajaron de más de 140 a 90. 

Argentina, en consecuencia, perdió juicios que no llegaron a la sentenciay luego tampoco cumplió con muchos de los arreglos homologados por el tribunal. De modo que es previsible que los que tienen sentencia no desistan y los juicios continúen, mientras los negociadores cumplieron con los compromisos privados con los Fondos.

De hecho, el país sigue en default y no califica como emergente: aún mantiene abiertos juicios contra el país por unos u$s5.100 millones, según admitió la propia presentación oficial.

La deuda aún abierta, y que el país se compromete a negociar y cerrar, se generó casi en su totalidad en el default de diciembre del 2001; fundamentalmente por las demandas en pie al no haber terminado de definirse el "Juicio del Siglo".

A estas causas hay que sumar las demandas iniciadas por empresas multinacionales que operaban servicios públicos privatizados durante los 90 y que se consideraron afectadas por la manera en que se salió de la convertibilidad; y que desde hace más de una década litigan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Se incluyen también dos grandes juicios que se le iniciaron al país por la manera en que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se reestatizaron Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF; causas que ya tienen sanciones judiciales avanzadas y casi definidas (negativamente) contra el país.

En esta instancia, según el documento presentado el viernes, hay 4 causas con sentencia negativa por unos US$ 445 millones; 3 con pedido de anulación por parte del país por unos US$ 742 millones; otras por u$s1.600 millones que están en curso y aún no fueron resueltas y otras 5 que estarían siendo "negociadas" por otros US$ 1.000 millones. Reconoce Argentina que ya pagó unos US$ 885 millones desde 2013.

El último caso cerrado fue en agosto de 2017, por una demanda de constructora española Abertir; pero sumó otro el mismo mes con la presentación que MetLife inició por las nacionalizaciones de las AFJPtambién durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Ante el CIADI, el tema más ruidoso aún por definir es el juicio que Mobilabrió en agosto de 2004 y que ya tiene plena trayectoria en el tribunal, con sanción primaria a favor de la empresa petrolera.

Litigios individuales en Estados Unidos

A la fecha de la presentación del F18K ante SEC, figuraban pendientes en el Tribunal de Distrito de Nueva York 92 acciones que involucran bonos con una supuesta cantidad nominal de aproximadamente US$ 629 millones.

Las sentencias suman un valor total de aproximadamente US$ 670 millones en acciones que involucran bonos con un monto nominal de aproximadamente US$ 364 millones.

Se había otorgado la certificación de clase en 13 de las 15 acciones presentadas en el Tribunal de Distrito de Nueva York contra la República Argentina en nombre de una clase de tenedores de bonos incumplidos.

El 27 de mayo de 2016, el tribunal aprobó preliminarmente los acuerdos de conciliación alcanzados por la República Argentina y representantes de 9 de estas clases, por una cantidad igual al 150% de su capital impago.

Después de diversas audiencias, el Tribunal de Distrito emitió una orden aprobando los acuerdos el 27 de abril de 2017. El 23 de agosto de 2017, la República Argentina afirma haber pagado US$ 3.06 millones para resolver una demanda colectiva y, como resultado, la demanda colectiva fue desestimada con perjuicio el 27 de septiembre de 2017.

El 30 de noviembre de 2017, el Tribunal de Distrito emitió sentencias en las restantes 8 acciones colectivas resueltas, cuyo monto nominal a ser liquidado totalizaría aproximadamente US$ 24,3 millones.

Los acuerdos en principio se han ejecutado con titulares de aproximadamente el 85% del monto nominal en deuda no utilizada pendiente al 31 de diciembre de 2015 (incluido en el cálculo, se afirma que la República considera prescrito y para el cual no se han celebrado acuerdos).

Los acreedores que liquidaron sus reclamaciones han acordado, previo pago, renunciar a todo litigio contra la República Argentina, incluidos todos los procedimientos de ejecución.

A partir de la fecha, los pagos a los acreedores liquidadores habían resultado en el rechazo de reclamaciones en Estados Unidos por un monto nominal agregado de aproximadamente US$ 3,200 millones, más intereses, y la satisfacción de los juicios por aproximadamente US$ 4,9 mil millones.

Además, la República está actualmente revisando acuerdos de liquidación ejecutados con el propósito de conciliar esos acuerdos con reclamos en el Tribunal de Distrito, para desestimar cualquier y todas las acciones y / o sentencias donde se hayan resuelto los reclamos afirmados.

Urgente 24

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