LAGOMARSINO: LA PUNTA DEL OVILLO

El procesamiento del perito informático, dueño del arma que produjo la muerte de Alberto Nisman, abre la posibilidad para el total esclarecimiento del primer "magnicido" en la historia jurídica argentina
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Finalmente, a casi tres años de que el Fiscal Especial de la “Causa AMIA” fuera hallado muerto en su departamento de las Torres Le Parc, y que la justicia determinara por medio de una junta de peritos que su deceso no pudo haber sido producto de su autodeterminación, es decir que no se trato de un suicidio, el juez Julián Ercolini procesó a Diego Lagomarsino en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. El magistrado consideró que el perito informático fue partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas. En la resolución le trabó un embargo de 15 millones de pesos.

Con este acto procesal se comienza a desandar el camino para llegar a desentrañar los pormenores y determinar las responsabilidades penales en uno de los casos más resonantes y emblemáticos de la historia jurídica argentina.

El asesinato de un fiscal de la Nación, quien tenía la delicada e importantísima tarea de investigar el más cruento atentado terrorista ocurrido en el país, que motivó la denuncia del fallecido en contra de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del ex Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, y de otros allegados al gobierno por los delitos de “encubrimiento” y “traición a la Patria”, configura, hasta la fecha, el único caso de “magnicidio” perpetrado en Argentina.

El magnicidio es el asesinato de una persona importante, usualmente una figura política o preferiblemente interesante. El magnicida suele tener una motivación ideológica o política, y la intención de provocar una crisis política o eliminar un adversario que considera un obstáculo para llevar a cabo sus planes.

La figura del magnicidio ha sido históricamente la más penada en los diferentes Estados a lo largo de la historia penal. Puede estar tratado como agravante del asesinato, o como un tipo propio. En general, exige que se produzca la muerte de una o más personas determinadas en función de su cargo y se reúnan los tipos de asesinato u homicidio en la comisión del delito.

La radicalización de los movimientos sociales de distinto signo en la era contemporánea, y la sustitución de la negociación y la vía política por la violencia directa o sistemática como forma de acceder y conservar el poder o desgastarlo (terrorismo revolucionario, pistolerismo, grupos paramilitares, etcétera) supone que haya una larga lista de atentados indiscriminados, sindicalistas asesinados a manos de sicarios de la patronal o mediante la represión policial o militar, la ley de fugas o juicios sumarísimos. Figuras anónimas o con menos lustre en los libros de historia. El magnicidio en sentido estricto tampoco abarca las ejecuciones o consejos de guerra, sino tan solo el asesinato a traición, el complot solitario o la trama que se oculta, la cual siempre puede relacionarse con una motivación política encarnada en la figura, de gran relevancia, elegida como víctima.

Resulta sorprendente, a la vez que altamente ejemplificativa del “modus operandi” del régimen kirchnerista, la manera en que la justicia se vio “atada” mientras el máximo poder de la Nación se encontraba en manos de quien justamente fue la figura central en cuya contra se centró la denuncia realizada por Alberto Nisman tan sólo cuatro días antes de su asesinato.

Así se solucionaban las cosas cuando alguien intentaba tocar a alguno de los más altos personajes que conformaron la asociación ilícita que se encaramó en la cúspide del Poder de la Nación durante los 12 años del proyecto “Nac & Pop”: simplemente se tomaban las medidas necesarias para producir su desaparición, de manera accidental o haciéndola pasar por un acto suicida. Ejemplos hay de sobra, con víctimas que no concitaban por su nombre algún grado de sospecha en la opinión pública. Pero con el fiscal Alberto Nisman se llegó a un punto sin retorno que, a la postre, sería también una de las razones para que la ciudadanía le quitara el apoyo a la ex Presidenta de “todos y de todas” y a aquellos que ella misma había designado como sus temporales sucesores, aunque toda la población era consciente que quien iba a estar detrás del cargo de mayor relevancia, quien iba a tener la última palabra en las decisiones más importantes de Estado, no era otra que ella misma.

En los anales jurídicos se puede comprobar, muy fácilmente, que no existe el crimen perfecto, sino que existen circunstancias que hacen o que convierten una causa ilícita determinada en un asunto de imposible dilucidación. Las artimañas, el desvió de la atención, las conspiraciones, los miedos y todo el cúmulo de situaciones que se combinan para enmarañar de hecho y de derecho un acto delictivo son la consecuencia directa de todo un sistema que, por acción u omisión, se asocia para producir un daño estructural que resulta muy difícil de enmendar en el corto plazo.

Por ello, quizá, sea que han tenido que transcurrir dos años desde la asunción de la administración de “Cambiemos” al Poder, para que el sistema judicial argentino restableciera primero el orden natural de sus asuntos, para luego destrabar todos los cerrojos que se habían puesto en esta y en otras causas que hoy son motivo de las más importantes investigaciones que se están llevando a cabo y de las numerosas detenciones que se dieron en los últimos meses.

Como siempre he sostenido desde ésta página, nada se puede lograr en la argentina sin el necesario “cambio” cultural que nos vuelva a poner en la senda de la legalidad en todos y cada uno de los aspectos de la vida institucional de una verdadera república y de un estado de Derecho con pleno control de sus actividades.

Diego Lagomarsino, muy probablemente, terminará privado de su libertad por orden de la justicia, y ese acto puede configurar la base para comenzar a encontrar la punta del ovillo que lleve al total esclarecimiento, no sólo del asesinato del fiscal Alberto Nisman, sino también de toda la confabulación que supuso el Acuerdo de Entendimiento con la República Islámica y terrorista de Irán.

Lagomarsino no será el único preso en esta causa, porque un “maginicidio” de estos ribetes no se lleva a cabo con la participación de un sólo hombre. Pero habrá que esperar que sea la justicia, sin ningún tipo de injerencia del poder político, quien determine quienes fueron los responsables de semejante acto delictivo.

Los argentinos debemos volver a confiar en las instituciones del Estado, fundamentalmente en la institución de la justicia, base indispensable para el desenvolvimiento de nuestra vida en sociedad y única manera de reflejarle al mundo entero la vocación que tiene toda la ciudadanía argentina, desde sus más altas autoridades hasta el más humilde e ignoto habitante de este territorio, de que verdaderamente somos una nación confiable y segura.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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