Regresiva, inconstitucional y discriminatoria

OPINIÓN 25/12/2017 Por
La ley que modifica la fórmula de movilidad aprobada en el Congreso recorta los ingresos de 17 millones de personas del sistema de seguridad social. El oficialismo arremetió contra las moratorias con argumentos falsos.
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La inmensa movilización pacífica, en marchas multitudinarias y en varias noches de cacerolas y largas caminatas por avenidas que desembocan en Plaza del Congreso, en rechazo a la reforma previsional ha sido una respuesta social inesperada para el gobierno. La reacción oficial fue la represión generalizada a partir de piedras lanzadas por un minúsculo grupo marginal, y la utilización de sus medios privados adictos para profundizar la confusión acerca de los responsables de la violencia y del alcance de la nueva fórmula de movilidad. Continuaron la avanzada en las redes con el lanzamiento de spots de propaganda mostrando jubilados en la Casa Rosada con el Presidente Macri, quien se trastabilla con las palabras para explicar que les tocó dunga-dunga en el bolillero del ajuste. También sumaron a militantes del macrismo a la misión de adulterar la situación previsional pasada y presente. La reforma aprobada en Diputados, en una jornada adornada con balas de gomas, gases lacrimógenos y cacería de personas por parte de fuerzas de seguridad, es regresiva, inconstitucional y discriminatoria al interior del universo de jubilados.  

Un ejercicio del menos común de los sentidos desarma la línea argumental del gobierno. La modificación de la fórmula de movilidad  pretende un “ahorro” de 100 mil millones de pesos del presupuesto de la seguridad social. ¿Quién va a “desahorrar” esos 100 mil millones de pesos? No son otros que los jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y otros beneficiarios que recibirán un ingreso menor al previsto. Es de una enorme audacia afirmar entonces que los jubilados no van a perder con el ajuste trimestral del 70 por ciento inflación y 30 por ciento salario registrado (Ripte), desfasado en un semestre. 

Canasta

No sólo es peor esa fórmula de actualización respecto a la movilidad reemplazada, sino que en períodos de inflación creciente el deterioro del poder adquisitivo inmediato de los haberes será más pronunciado por ese retardo en seis meses en el ajuste. En escenarios económicos de muy baja inflación no se producirá esa alteración, pero en ambas situaciones sería muy improbable la posibilidad de una mejora en términos reales. Esta estimación sobre el eventual recorrido de la capacidad de compra de las jubilaciones es con el tradicional índice de precios al consumidor, pero se sabe que la canasta de consumo de los adultos mayores es más cara.

Los jubilados tienen un consumo diferente al general por lo que el índice del Indec no permite capturar en su totalidad la incidencia de los aumentos en el presupuesto del hogar de los jubilados. Los rubros Salud  y Servicios de la Vivienda en el índice de precios de los jubilados tienen una ponderación que duplica la de los trabajadores registrados. Por ese motivo el haber de los jubilados perderá poder adquisitivo en relación a la variación de precios de la canasta de bienes y servicios de los adultos mayores. El ajuste trimestral no sólo congelará los haberes en términos reales; la situación puede ser peor. Los irá devaluando paulatinamente. 

El perjuicio será entonces por partida doble: el aumento de las jubilaciones será más bajo y por un coeficiente de ajuste que las hará retroceder aún más en poder adquisitivo. Los investigadores del ITE de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo realizan un seguimiento específico para evaluar la inflación de los jubilados. En 2016 fue de 44 por ciento, alza más intensa que el IPC general. El último registro del ITE fue la inflación interanual de los jubilados de octubre pasado que alcanzó el 26,6 por ciento, cuatro puntos por encima del IPC-Indec.    

Además para economistas inquietos por las tensiones inflacionarias, la nueva movilidad acelera la indexación cada tres meses, cuando los manuales de combate contra la inflación recomiendan extender los plazos de actualización para frenar la inercia inflacionaria desindexando los contratos. La fórmula que se aplicará por primera vez en marzo de 2018 no sólo afectará negativamente los ingresos de los jubilados, sino que empezará a sumar un factor adicional para dificultar cualquier política anti inflacionaria. 

Inconstitucional

La ley aprobada por el oficialismo que aplica una quita a los ingresos de 17 millones de personas del sistema amplio del sistema de seguridad social es inconstitucional, según coinciden varios expertos en materia previsional, por las siguientes razones:  

  • Retroactividad. La reforma aprobada deroga en forma retroactiva la movilidad devengada en el semestre julio/diciembre 2017, al estipular que en marzo próximo ya se aplique la nueva fórmula. La diferencia es sustancial: mientras con la movilidad anterior el aumento en marzo sería de 14,6 por ciento, la nueva ya tiene el resultado: un incremento de solo el 5,7 por ciento (IPC+Ripte julio-septiembre 2017). Los beneficiarios del sistema de seguridad social perderán en marzo del año que viene 8,9 puntos porcentuales. En el sistema jurídico argentino las leyes no pueden ser retroactivas excepto que así lo establezca la propia norma (en ningún caso dicha retroactividad puede ser implícita) y en la aprobada en Diputados nada dice al respecto. 
  • Discriminatoria. Tanto en la ley previsional como en el decreto que dispuso el bono “compensador” se diferencia a jubilados que realizaron 30 años de aportes, que cobrarán 750 pesos por única vez en marzo próximo, de quienes no tienen o no los completaron, que cobrarán 300 pesos. Además la ley determinó que el 82 por ciento móvil del salario mínimo y vital sólo alcanzará a quienes hayan acreditado 30 años de aportes efectivos. Abogados expertos en cuestiones previsionales advierten que todos los jubilados –hayan computado todos o parcialmente los años de aportes– cumplieron con los requisitos de la ley vigente al cese de la actividad laboral. Las nuevas normas establecen así desigualdad ante la ley a mismos sujetos de derechos previsionales.
  • Regresiva. Por la reforma constitucional de 1994 los Tratados Internacionales de Derechos Humanos adquieren jerarquía constitucional por lo que la prohibición de regresividad, definida en  esos tratados, pasa a formar parte del derecho constitucional argentino. El especialista Miguel Angel Fernández Pastor explica que la regresividad se manifiesta en “los resultados de una política pública (regresividad de resultados) cuando los efectos de la política pública desarrollada por el Estado empeoran la situación de las personas en relación con el estado de las mismas en un punto de partida temporalmente anterior elegido como parámetro”. 

La disminución de los haberes es una violación del principio de progresividad previsto en los pactos internacionales suscriptos y ratificados por Argentina. Fernández Pastor presentó una acción de amparo señalando que “la nueva formula de movilidad es regresiva y en consecuencia inconstitucional”, para concluir que en base al principio de razonabilidad la ley aprobada en el Congreso altera en forma negativa el poder adquisitivo de las jubilaciones. Esto es así porque aplica retroactivamente la nueva fórmula de cálculo del reajuste jubilatorio, produce un retroceso de derechos y garantías que viola los pactos internacionales de derechos económicos sociales y culturales ratificados por Argentina, y dispone en forma discriminatoria el bono de “compensación”. 

Pérdida

Los jubilados, pensionados, ex combatientes de Malvinas, titulares de la Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares del régimen general perderán ingresos con la nueva fórmula de movilidad. La comparación debe realizarse siempre con lo que hubieran recibido; no con respecto a la inflación, que es la variable que elige el Presidente Macri y el resto del gobierno para engañar al universo poblacional que han decidido castigar. El Centro de Economía Política Argentina calculó que los jubilados perderán en 2018 casi 5000 pesos, resta que se irá acumulando en los años siguientes.

La diferencia con la movilidad descartada por el macrismo es notable. Cifra-CTA estimó que entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2015 la aplicación de la fórmula derogada en el Congreso permitió que las jubilaciones aumentaran el impactante 38,0 por ciento promedio en términos reales. Con el gobierno de Cambiemos, la disminución de los salarios reales y de los ingresos al sistema previsional implicó una trayectoria negativa de las jubilaciones: entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2017 bajaron 5,7 por ciento en la mínima. Al modificar la movilidad, el gobierno impedirá que en marzo se hubiera podido recuperar gran parte de ese retroceso.

Moratoria

Para avalar la necesidad de la reforma previsional, el discurso conservador utilizó el mismo argumento de justificación del tarifazo. Durante años han batallado con que la tarifa subsidiada favorecía a familias acaudaladas que podían calefaccionar sus piletas en invierno con el gas barato. De esa forma consiguieron legitimidad social para un extraordinaria tarifazo que disminuyó en forma considerable el ingreso disponible de gran parte de la población, al tiempo que generó una millonaria transferencia de ingresos a petroleras y conglomerados energéticos. 

Esa misma idea de beneficio a los ricos fue desplegada por diputados del oficialista, con el correspondiente eco en voceros oficiosos, para arremeter contra las moratorias previsional. Mujeres de buen pasar o dueños de campos recibieron una jubilación por moratoria, casos que servirían como prueba del inmenso costo que significó esa iniciativa para la Anses, lo que obligaría a realizar un ajuste de esas cuentas con la reforma previsional.

El economista y diputado del PRO, Luciano Laspina, que en el debate previsional fue una de las principales voces del oficialismo que se animó a defender la devaluación de las jubilaciones, utilizó ese argumento del alcance de las moratorias. Afirmó que “muchas eran amas de casa de Barrio Norte que no habían laburado en su vida y que se la dieron igual y no son una, dos, tres, son miles”.

En toda medida de alcance universal, como las tarifas subsidiadas o la ampliación de la cobertura previsional, se filtran inequidades por el propio carácter general, que deben ser atendidas puntualmente, pero no eliminando o recortando el beneficio. 

Un reciente informe de ITE-Germán Abdala “La sostenibilidad de la Anses” es un oportuno aporte para demoler el argumento oficial. Comienza explicando que mucho se habló de un abuso por parte de la clase media alta y alta de la opción de las moratorias, para luego indicar que, si bien no existían requisitos patrimoniales u otro tipo de controles y que efectivamente hubo personas de los deciles de ingresos más altos que se adhirieron, “la evidencia muestra que de ningún modo fueron regresivas ni pro-ricas”. Por el contrario, la autora de ese reporte Mara Ruiz Malec señala que donde más fueron utilizadas y donde más aumentó la cobertura fue en los deciles de menores ingresos. 

La investigadora rescata un estudio realizado en 2015 para la UADE de Alejandro A. Calabria y Sergio Rottenschweiler, en el cual estiman que con las moratorias la cobertura previsional pasó del 22 al 63 por ciento en el primer decil (la población más pobre), del 50 al 80 por ciento en el segundo y de cerca del 60 al 90 por ciento en los deciles 3 al 5. En cambio, la cobertura pasó de 69 por ciento en los deciles 9 y 10 a 85 y a 75 por ciento, respectivamente. El mismo trabajo muestra que hacia 2014 la cobertura comenzaba a decaer, lo que motivó la nueva moratoria. Esos planes tuvieron además un fuerte impacto positivo en la población femenina, muy relegada en términos de cobertura previsional.

La confusión deliberada forma parte de la estrategia de propaganda del gobierno de Cambiemos, y con la reforma previsional fue aplicada con intensidad. Pero parece que está perdiendo efectividad según las encuestas que muestran un mayoritario rechazo a la poda de jubilaciones, que soldados de la causa macrista lo atribuyen a deficiencias en la comunicación. Pueden seguir engañándose de ese modo, pero lo cierto es que se trata de una misión casi imposible conseguir el respaldo social a la decisión del gobierno de asaltar los bolsillos de los jubilados y familias pobres titulares de la Asignación Universal por Hijo.

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Fuente: Pagina12

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