Propuestas para una ley de movilidad

OPINIÓN 19/12/2017 Por
La iniciativa que debate el Congreso no es una reforma previsional, sino el ejercicio de las funciones del Estado en materia tributaria y de distribución del gasto
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El Gobierno advirtió que la fórmula de movilidad vigente generaba un gasto creciente, por encima de los ingresos del Estado. Es irrazonable que por una distorsión en la medición el sistema jubilatorio tenga cada ejercicio un déficit mayor.

El objetivo de la movilidad es que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, pero antes de eso, debemos tener un haber bien calculado para que con la jubilación "mantengan el mismo nivel de vida".

Por ello, el concepto de dar a los jubilados la pérdida por inflación y algo más es razonable, reconocer los aumentos cada tres meses, también lo es. Ahora, que el cambio se haga sin considerar la caída contra la inflación de 2016 (llevábamos 25 años sin una tasa de inflación tan alta) y distanciar el pago un trimestre respecto del método vigente, no es razonable.

Y se soluciona fácil: por única vez y para la prolija transición del método de cálculo, se vuelca a los jubilados el resultado del segundo semestre de 2017 y el primero de 2018 en los 2 primeros aumentos, y en septiembre se incorpora el ajuste debido por la diferencia entre la inflación y los aumentos del bienio 2016-2017 y todo solucionado. Los jubilados no pierden y el Estado corrige en 3 cómodas cuotas. Todos ganan.

En diciembre del año próximo ya estaríamos con el método no-distorsivo que el Poder Ejecutivo busca y tenemos certeza con gradualismo en el impacto.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) administrado por la ANSeS es el resabio del fondo de inversiones de las AFJP, el resultado de los aportes de quienes trabajaron durante el período 1994 y 2008. El FGS alcanzó este año el billón de pesos, sí 12 ceros. Es un poco más que el gasto estimado de la ANSeS en todo un año.

Podemos usar las utilidades netas del fondo para pagar un premio a los jubilados que sí aportaron. Es justo, razonable, útil y ajeno al debate.

El rendimiento de los últimos 5 años supera el 5% anual por arriba de la inflación. Este año tuvo en el primer semestre una ganancia neta del 2,2%.

De mantenerse, el rendimiento anual supera el gasto mensual de la ANSeS en las jubilaciones de aquellos que no accedieron por moratoria. En otras palabras, destinar el 90% de la rentabilidad neta del FGS permitiría que los jubilados que aportaron puedan cobrar un aguinaldo extra. Si el rendimiento cae, entonces no tendrían bono o sería menor (correspondería redactar un sistema de quebranto).

En el proyecto en debate, el premio que recibirían algunos de los jubilados que aportaron durante 30 años es garantizarle el 82% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) que es un magro anticipo en enero para quienes cobran el haber mínimo que no recibirán aumento alguno en el mes de marzo.

Aplicar esta propuesta no le costaría un centavo al Estado.

Otro vicio oculto es la aplicación de los índices de actualización de las remuneraciones distintos de los que dictaminó la Corte Suprema de Justicia. La jubilación se basa en el promedio de los ingresos de los últimos 10 años con aportes. Quienes trabajan hasta la edad jubilatoria actualizan sus salarios con la fórmula de movilidad de los últimos años.

El problema lo tendrán quienes se jubilen con aportes en relación de dependencia más viejos, sea porque se quedaron sin trabajo en sus últimos años o que hayan sido autónomos.

Para actualizar los sueldos anteriores a 2008 se aplicará la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Como es costumbre en la ANSeS la elección de este índice responde a que es el que da el menor resultado posible.

Este índice no mide todos los salarios sino sólo los que se encuentran entre un máximo y un mínimo, por ello cuando los salarios mayores al máximo suben el índice no registra variación.

Desde 1997 hasta 2007 el tope de aportes se mantuvo fijo por lo cual cada vez más gente fue contabilizada con un sueldo de $ 4800 o más. Por el desfasaje, el tramo más alto acumuló más del doble de trabajadores, para ser más preciso, se pasó de un 4,2% histórico a 10,2% en enero de 2007.

Por estos misterios estadísticos, el RIPTE no registró los incrementos del 35% de la masa salarial.

Los topes subieron en 2007 pero sólo en la medida que habían subido las jubilaciones en el período que la Corte declaró insuficientes. Entonces usar esta medición, está dando una actualización insuficiente a las remuneraciones, por lo tanto bajando las jubilaciones, esto sí es inconstitucional.

Quienes trabajaron hasta la edad jubilatoria no son afectados porque sus últimos 10 años de aporte quedan fuera del período 2002/2007. El impacto es mínimo para el Estado e insalvable para los jubilados que se encuentren en esa situación.

Fuente: Cronista

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