LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEBEN PROTEGER EL BIENESTAR GENERAL DE LA POBLACIÓN

El imperio de la Ley y el sometimiento a nuestro ordenamiento jurídico es un derecho ciudadano y una obligación que el Estado Nacional debe salvaguardar
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En Argentina nos hemos olvidado, en la práctica, que existe un ordenamiento jurídico al que debemos someternos todos los ciudadanos que habitamos su territorio soberano, al igual que cualquier persona por el sólo hecho de pisar el suelo de este país.

Y digo que este olvido es en la práctica, en los hechos, porque declamar las garantías, derechos y obligaciones que están contenidas en nuestra Carta Magna lo hacemos a cada momento. Es más, somos tan típicamente patéticos que hasta hacemos, sin ser especialistas en temas jurídicos, nuestra muy conveniente interpretación de esas garantías, derechos y obligaciones, creando bajo su imperio derechos adquiridos tan irrisorios como ridículos. Sirva para ejemplificar esta última apreciación el pretendido derecho de la gratuidad del “Fútbol para Todos”, programa político de un gobierno con elocuentes signos de clientelismo populista, que ahora reclaman como si se tratase del mismísimo derecho a la vida.

No voy a desdecirme de lo expresado en mis editoriales de la semana pasada, referidas al Proyecto de Ley de Reforma Previsional, en lo que se hace a la deficiente información emanada desde los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación, como tampoco de la falta de tacto con que el oficialismo ha manejado un tema que se configura por demás delicado para con quienes representan el sector de mayor indefención de la población, es decir para con nuestros adultos mayores, los jubilados y pensionados que no cuentan con un gremio o sindicato que luche, de manera directa, por sus derechos, y a los que, de forma muy bien estudiada, se los toma como prenda de cambio en algunos casos, mientras que en otros se los coloca como “cabeza de Turco” en batallas que tienen otro tipo de intereses y finalidades.

Sin embargo, si de ordenamiento jurídico se trata, y es justamente ese aspecto supremo de toda nuestra institucionalidad como república el que hoy quiero desarrollar, resulta completamente inviable y hasta desestabilizadora la manera en que grupos de violentos e inadaptados, dirigidos por sectores claramente identificados como opositores a la administración de Mauricio Macri, hacen su muy particular y selectiva valorización de todas y cada una de las garantías con que contamos por el sólo hecho de ciudadanos argentinos, cometiendo los más groseros desmanes, y convirtiéndose, en los hechos, en dueños y señores de aquellos lugares que deciden establecer como centro de su accionar antisocial y, por ende, antijurídico.

El jueves de la semana pasada, las inmediaciones del Congreso de la Nación se convirtieron en el “campo de operaciones” de un conjunto de encapuchados, muñidos con palos y elementos contundentes capaces de producir daño, sin que la vida y los bienes de quienes, haciendo uso de sus derechos, en este caso del derecho a decidir su participación o no en una protesta, les importara “tres pepinos”. Con la excusa de su oposición al mencionado Proyecto de Reforma Previsional, excusa por demás sospechosa, ya que no fue posible visibilizar ningún mayor adulto dentro de la protesta que terminó configurando las calles aledañas al Palacio Legislativo en un verdadero “campo de batalla”, quemaron vehículos, rompieron ornamentos ciudadanos, destruyeron veredas para convertir sus baldosas en proyectiles, saquearon comercios y, literalmente, mantuvieron como rehenes a personas que inocentemente, por los quehaceres diarios que desarrollan, se encontraban en el lugar y en el momento equivocado.

Estas personas son ciudadanos argentinos que pagan sus impuestos, que sufren la inseguridad del día a día, que trabajan de manera honesta, que a diario apuestan por el crecimiento del país, que le dan trabajo a otros ciudadanos, hombres y mujeres que se debaten a diario para llevar el sustento a sus hogares. Entonces, ¿cuál es el derecho que les asiste a esos grupos de activistas que es más importante que el que debería gozar cualquier persona que cumple con su tarea de manera honrada, ética, moral y jurídicamente ajustada a derecho? ¿Por qué se tolera, socialmente, que una minúscula porción de revoltosos ponga en jaque la seguridad de la mayoría? ¿ Qué valores se han trastocado, a lo largo de varias décadas, para que los derechos de unos no terminen en dónde comienzan los de los otros? Y, fundamentalmente, ¿desde cuándo las fuerzas de seguridad, instituidas al amparo de las leyes que reglamentan el Poder de Policía del Estado, según lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, deben someterse al escrutinio arbitrario de sectores carentes de cualquier tipo de representación legal, y dejar a la ciudadanía desprotegida y a merced de los designios particulares de esos mismos sectores, sin que los Poderes constituidos puedan ejercer su fin último y más trascendental, que es el de asegurar el uso y goce de las sagradas libertades que todos los hombres de bien poseen?

La represión de las fuerzas de seguridad, en una república que viene transitando durante 34 años el camino de la legalidad y del apego a los valores democráticos, jamás debe entenderse como un regreso a viejas épocas. Ya va siendo hora que la ciudadanía argentina tome conciencia de que todo el amplio arco que la conforma ha experimentado un cambio sustancial con respecto a lo que otrora fue el oprobio de la última y genocida dictadura militar en el país. Estas fuerzas de seguridad no son las mismas que en 1976 se llevaban o, para decirlo en la jerga de aquél entonces, se “chupaban” a ocasionales transeúntes en medio de los habituales operativos que realizaban, con tortura y desaparición forzada de personas incluidas. No, hoy en día esto ya es historia. La lección costó, pero fue aprendida. Las fuerzas de seguridad actuales responden, plenamente, a los mandos políticos, más allá de algún caso puntual de ilicitud que puede darse en cualquier otro tipo de cuerpo organizado. En su inmensa mayoría están y actúan bajo estrictas medidas de seguridad interna. Los prejuicios que pudiesen llegar a suscitarse en su contra, por el rol que cumplieron en el pasado, deben ser dejados de lado, al igual que fueron dejados de lado aquellos que anidaron en la sociedad argentina por una militancia política que también cometió desmanes y atrocidades.

El imperio de la ley debe volver a regir en el país con toda su fuerza, no solamente en lo que se refiere al apego al sistema democrático y republicano de gobierno, sino en cada una de las acciones de quienes vivimos dentro del territorio argentino.

Para finalizar, vale recordar el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional que establece: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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