Respeto a los mapuches

OPINIÓN 06/12/2017 Por
Sería gravísimo que ahora, por seguir criterios de coyuntura, errados o azuzados por terceros, nuestro país retrocediera 34 años de democracia
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En mayo de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia condenatoria sobre la República de Chile debido a la persecución estatal y encarcelamiento de ocho mapuches.

El caso se caratula "Norin Catriman y otros vs. Chile". Los hechos se iniciaron cuando los delegados mapuches reclamaron recuperación de las tierras ancestrales, respeto del uso y goce de tales tierras y sus recursos naturales.

El Gobierno de Chile en respuesta, abrió procesos penales como autores de delitos calificados de terroristas a 8 mapuches entre ellos Norin Catrimán (lonko), y otros 7 indígenas.

La Corte concluyó que la vigencia de la norma "antiterrorista" y su aplicación configuran vulneración del principio de legalidad y del derecho a la presunción de inocencia (protegidos por los arts. 9 y 8.2 de la Convención Americana de DDHH (CADH)

Reiteró dicho Tribunal que "el art. 24 de la CADH prohíbe la discriminación de hecho o de derecho". "Discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en los motivos prohibidos que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades", etc.


La Corte estableció que "el 'origen étnico' de las personas es una categoría protegida por la Convención Americana que se encuentra comprendida dentro de la expresión 'cualquier otra condición social' del articulo 1.1. de la Convención".

"En consecuencia ninguna norma, decisión o práctica del derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o de particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su origen étnico".

En relación con el art. 1.1., la CorteIDH señala que: "al interpretar y aplicar la normativa interna deben tomarse en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural".

La Corte recordó a Chile que "el Estado se encuentra en una posición especial de garante frente a las personas privadas de libertad". Y finalmente ordenó al gobierno chileno "dejar sin efecto todas las sentencias penales, judiciales o administrativas…" respecto de los ocho mapuches y "pagar a cada una de las ocho víctimas indemnización por daños materiales e inmateriales, reintegro de costas, etc".

Esta breve reseña (el fallo es largo) se la dedico a nuestros funcionarios y a los comunicadores para que no sigan equivocándose: el Sistema de los Derechos Humanos tiene su eje principal en el Pacto de San José de Costa Rica, (Convención Americana de DDHH), no en ningún protocolo administrativo o ministerial. Además corresponde cumplir con el inc. 17 del art. 75 de nuestra Constitución Nacional.
Pero sobre todo es el Pacto de San José el que define los Derechos de las Personas y las Obligaciones del Estado. Estas últimas –las del Estado- consisten en "prevenir y proteger" a los ciudadanos e investigar y sancionar la vulneración de derechos y reparar a quien haya sido víctima o se le haya violado alguno de sus derechos.

Somos parte del sistema interamericano, al que ingresamos en 1984, al ratificar el Pacto de San José de Costa Rica. Fue el primer acto de la democracia ejercido por el Dr. Raúl Alfonsín y votado por el Parlamento. Sería gravísimo que ahora, por seguir criterios de coyuntura, errados o azuzados por terceros, nuestro país retrocediera 34 años de democracia.

Fuente: Infobae

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