DE "FRAUDE CON COBERTURA FISCAL" Y OTRAS YERBAS

Cada pueblo tiene el gobierno que se merece
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Mucho tiempo antes de las elecciones presidenciales que consagraron a Mauricio Macri en la Primera Magistratura de la Nación, la palabra que estaba en boca de la mayoría de los argentinos era “cambio”. Y no se trataba, precisamente, de un simple “cambio” de nombre en la titularidad del “inquilinato” de la calle Balcarce 50, sino de un “cambio” fundamental, tanto en las bases de la sociedad como en la manera en que se venía desarrollando la conducción de los Poderes del Estado.

El caso argentino configura un campo de estudio completo y abarcativo de la fuerza con que irrumpen en el Poder poderosos grupos sociales y económicos con indudables y manifiestas prácticas corruptas que, como si se tratara de un virus, ataca desde sus cimientos a todo el cuerpo institucional hasta convertirlo en una estructura contaminada y decadente, en la que ninguna de sus partes tiene la suficiente capacidad para reconocer el mal que la afecta, amén de estar atrapada en una inmensa telaraña de situaciones anómalas, que siguen realizando su trabajo de contaminación y degradación progresiva y general.

De esta manera, cuando se hablaba de la complicidad que había entre los grupos de poder, durante la experiencia “Nac & Pop” y todo o, al menos, la porción con mayor peso en la toma de decisiones del Poder Judicial de la Nación, se hacía alusión a los jueces y fiscales federales que prestaban su colaboración sin reticencias para ocultar, cajonear, hacer dormir o, directamente, desechar las denuncias que a diario se formulaban ante los estrados judiciales de Comodoro Py contra los funcionarios de más alto rango del régimen kirchnerista y los empresarios que actuaban como sus testaferros.

En este último sentido, el “fraude con cobertura fiscal”, según la calificación dada recientemente por el reconocido abogado, ex juez, y ex funcionario público, Ricardo Gil Lavedra, en relación al ocultamiento de pruebas realizado por Ricardo Echegaray, a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, en el caso que se instruyó ante el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart, por evasión agravada en contra del empresario Lázaro Baéz, quien fue sobreseído gracias al ocultamiento que hizo el entonces titular de la AFIP de las pruebas que daban cuenta de la exorbitante suma de mil setecientos cincuenta y cuatro millones de pesos que éste le adeudaba al organismo recaudador, constituye sólo una muestra de los lazos que existieron entre quienes prestaban su nombre, no sin una muy jugosa retribución dineraria, y el poder político que desviaba fondos públicos hacia sus bolsillos, en lo que, con cada dato nuevo que se conoce, se devela con mayor claridad el sistemático plan confabulado y llevado a cabo por la asociación ilícita, en cuya jefatura está señalada, nada más y nada menos, que la ex Presidenta de “todos y de todas”.

La lista de empresarios y funcionarios públicos que hoy hacen cola frente a los juzgados es interminable, y sería tedioso detallarla acá, pero con la sola mención de lo expresado en el párrafo anterior, sumado al caso de Cristobal López, que le debe al Estado, en concepto de agente de retención impositiva, la friolera de ocho mil millones de pesos, podemos tener una pequeña aproximación al grado de confabulación existente en esa época dentro de todo el intrincado andamiaje de la administración pública nacional.

Vale decir en este punto, que una operación de semejante naturaleza no se lleva a cabo, ni muchos menos se perfecciona, con la simple complicidad de dos personas, por más poder que tengan. Para llegar a los niveles que hoy conocemos de los espurios negociados que salpican a todos los organismos del Estado, en el período comprendido por los doce años de kirchnerismo en el país, es necesario que todo el aparato de Poder se encuentre comprometido para que el plan funcione sin mayores inconvenientes. Y esto no significa que todos los empleados del Estado sean corruptos, ni que la mayoría tenga idéntica responsabilidad, sino que quienes tenían los más altos cargos, así como los que no figuraban como cabeza de algún ministerio, secretaría o dirección, sino que detentaban puestos de menor jerarquía, pero eran quienes realmente tenían el máximo poder de decisión, facilitaron los medios logísticos y operativos para que el aparato del Estado se convirtiera en el más grande de los agentes delictivos.

Y lo antedicho sólo pudo ser posible, si se puede contemplar y asumir la responsabilidad que le toca a cada ciudadano, en lo que respecta a las prácticas cotidianas que van minando, de a poco, pero sostenidamente, la ética y la moral, en todos los aspectos de la vida. De esto se desprende que en una sociedad que el apego a las normas de convivencia y al cumplimiento del ordenamiento jurídico en general, la contaminación de todo el aparato en el que se sostiene sería de muy difícil propagación. Por el contrario, cuando se relaja el cumplimiento de la ley, cuando la “vivieza” reemplaza a la obligación, infectar y producir la putrefacción del sistema es solo cuestión de tiempo.

Por ello, como señalé al comienzo, el “cambio” al que una mayoría de nuestra ciudadanía adhirió, debe verse reflejado en todo el gran aparato estatal, y no solamente en el reemplazo de nombres o en la aceptación de que quienes fueron funcionales al anterior sistema lo sean ahora a éste.

Este “cambio” debe estar dirigido a lo más profundo, al los lugares en dónde se encuentra enquistado el mal endémico que nos aqueja. De otra manera, solamente se estaría atacando los efectos de esa enfermedad social y no sus causas verdaderas.

He aquí el gran desafió que tiene la actual conducción de los destinos de la Nación.

Un viejo adagio reza: “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”. Si verdaderamente queremos tener un buen gobierno, que se comprometa con los más altos intereses de la ciudadanía, que tenga imaginación, fuerza y responsabilidad para dar con las soluciones a los grandes problemas nacionales, primeramente tenemos que comenzar por producir un “cambio” de actitud personal en cada uno de nuestros quehaceres cotidianos, cuyo resultado sea una explícita manifestación de apego al ordenamiento jurídico vigente, en cada una de las áreas en las que nos toque actuar.

Nuestros dirigentes, nuestros políticos y todas las autoridades institucionales constituidas no se posicionan en el lugar que ocupan por generación espontánea, sino que son el fruto, el resultado, la síntesis final de la sociedad que representan. Una sociedad sana tendrá un gobierno sano. Una sociedad enferma no solamente tendrá gobierno enfermo, sino que no podrá revertir esa situación hasta tanto no se ataque, a fondo, las causas que originaron esa enfermedad.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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