Mapuches: la eterna batalla entre Macri y su caricatura

POLÍTICA 03/12/2017 Por
El talento de un caricaturista reside en su capacidad para deformar la imagen de una persona sin que esta pierda su identidad original
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En la caricatura, el retratado es él, y al mismo tiempo, no lo es. Eso se produce resaltando algunas particularidades -una pera, una nariz, una mirada, tal vez un lunar- y ocultando o disimulando otras. Pero lo esencial es esa misteriosa alquimia que las hace creíbles. Las mejores caricaturas incorporan una mirada tierna y satírica a la vez. Otras son parte de la lucha política. Una de las más célebres fue el injusto retrato de Arturo Illia como una tortuga.

Los enemigos de las figuras públicas suelen crear crueles caricaturas. Cristina era una mujer venal, autoritaria, mentirosa, impiadosa y explotaba de botox. Todo eso era cierto. Pero tenía otros rasgos: era inteligente, coqueta, audaz, intensa, capaz de explorar territorios novedosos, como el matrimonio igualitario o la asignación por hijo. Unos de sus problemas, como el de muchos líderes, es que quedó fascinada por la caricatura que pintaban sus enemigos. A cada paso, la confirmaba. Sí, soy eso, ¿y qué? Es un fenómeno psicológico muy extraño, pero más común de lo que parece.

La caricatura que los enemigos de Macri difunden sobre el Presidente de la Nación se resume en la frase: "Macri basura, vos sos la dictadura". Esa frase parió múltiples retoños. "Me dan asco la mitad de los porteños", "Macri gato", "Este ajuste no cierra sin represión", "Macri facho". En estos últimos meses, algunas personas utilizaron la legítima pregunta sobre el paradero de Santiago Maldonado para fortalecer la credibilidad de la caricatura maldita.


El gran triunfo de Macri consistió en correrse de ese lugar. Mientras lo acusaban de ser un dictador, él se dedicaba a construir obras para que su ciudad no se inundara más, abría espacios públicos de una manera creativa, elevaba el sueldo de los docentes, transformaba a Buenos Aires en una ciudad gay friendly. Eso amplió decididamente su margen de aceptación.

Por eso la reacción del Gobierno frente al conflicto mapuche es sorprendente: parece expresar que la batalla entre Macri y su caricatura no está terminada. Hay un sinnúmero de elementos inquietantes y oscuros alrededor de esta impensada reacción.

El primero de ellos es la caracterización del conflicto. El Gobierno se refiere repetidas veces a la existencia de una organización subversiva o terrorista o ilegal llamada Resistencia Ancestral Mapuche. Pero si se analiza fríamente la información no se entiende cuál es la magnitud real del fenómeno.

Una organización terrorista mata gente, secuestra personas importantes, realiza atentados estremecedores, cuenta con un financiamiento evidente, y con armamento poderoso. Es evidente que en el Sur existe un conflicto y que algunos grupos con identidad mapuche han cometido delitos graves. Pero apenas alguien enumera esos delitos, parecen producto el de la actividad de una agresiva pandilla rural, con una verborragia revolucionaria muy elemental y sin demasiada capacidad operativa.
Algunas tomas, un intento de quemar un pozo petrolero, el sabotaje de un tren o el incendio de dos refugios de montaña expresan un desafío para las fuerzas de seguridad del lugar. Pero, ¿alcanza para demostrar que existe una organización terrorista? No son los montoneros, ni las FARC, ni la ETA, ni el ERP, ni el Ejército islámico. Pero ¿tienen al menos la dimensión de una barra brava de un club?

Ninguna fuente, ni siquiera las oficiales, se atreve a asegurar que el RAM supere el centenar de miembros, nadie documenta armas pesadas, nadie afirma que cuenten con algún recurso económico. Esa situación ha provocado que personas tan diferentes, como el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, el columnista de La Nación Carlos Pagni o el intendente Gustavo Gennuso hayan expresado dudas sobre la real extensión del fenómeno.

El corte de ruta en Chubut, que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, estaba compuesto por ocho personas. Su campamento consistía en estructuras que ni siquiera llegaban a la condición de casillas. La toma del sector del parque nacional Nahuel Huapi cercano al lago Mascardi fue desalojada, por orden del juez, en apenas unas horas. Los ocupantes no superaban el medio centenar de personas.


La pelea contra el RAM, o contra su fantasma, ha generado en los últimos tres meses dos muertos. En el primer caso, el de Santiago Maldonado, hubo una campaña muy baja para instalar la idea de que su desaparición se debía a un plan represivo de Mauricio Macri. La aparición del cuerpo reveló que eso no existió: la acusación fue un invento, uno de los tantos rasgos miserables de la actividad política. Sin embargo, los gendarmes eran muchos más. Y el joven murió ahogado en un operativo. Para cualquier fuerza de seguridad democrática eso es una derrota: la pérdida de una vida.

La muerte de Rafael Nahuel tuvo características más graves. Algo extraño ocurrió esa tarde. En estos dos años, las fuerzas de seguridad no reprimieron nunca el conflicto social con balas de plomo. Tampoco hay antecedentes de que grupos radicalizados de identidad mapuche atacaran con armas de fuego a nadie, mucho menos a las fuerzas de seguridad. Algo ocurrió en ese incidente que lo transformó en un hecho excepcional, donde murió otra persona.

La autopsia revela que Nahuel fue asesinado por una bala similar a las que usa Prefectura, que la bala le entró por la espalda y que no tenía rastros de pólvora en las manos, ni él no los dos miembros del grupo detenidos cuando depositaban su cuerpo en la ruta. Testigos neutrales afirman que vieron a miembros del grupo Albatros disparar desde la ruta hacia la zona boscosa. O sea, hay indicios para pensar que un prefecto abatió por la espalda a una persona desarmada.

Por eso, tal vez la reacción esperable de un gobierno democrático hubiera sido la de investigar seriamente el hecho; para castigar al responsable, y para aprender cómo evitarlo en el futuro. La reacción fue distinta.


El sábado a la tarde, cuando se acababa de denunciar el hecho, voceros oficiales regaron con la versión del "enfrentamiento", que dócilmente reprodujeron los principales medios. Es la versión habitual de las fuerzas policiales cuando matan a alguien. La ministra de Seguridad apeló a un argumento que es toda una regresión: la versión de Prefectura, para ella, tiene fuerza de verdad.

Roberto Gargarella, el prestigioso constitucionalista social que pagó un alto costo personal por su constante crítica a los abusos del kirchnerismo, explicó en su blog: "El poder que se le transfiere al Estado es tan fuerte; los riesgos que esa delegación implica son tan altos; y lo que la historia reciente nos enseña al respecto es tan negativo, que la sociedad tiene todo el derecho del mundo de evaluar -y exigir que las instituciones evalúen- las responsabilidades del Estado, con una presunción negativa o en contra del mismo… Es el Estado el que debe probar que actuó bien; el que debe hacer un esfuerzo extraordinario para justificar cada paso que quiera dar usando su fuerza; y el que debe someterse a los más estrictos controles cuando se mueve en dicho terreno".

El sociólogo Eduardo Fianza agregó, en el diario La Nación: "Es entendible que se quiera reconocer y jerarquizar a las fuerzas de seguridad, a menudo estigmatizadas por la democracia. Pero esto no justifica otorgarles crédito sin más. Esa actitud resulta muy peligrosa, al menos por dos motivos. Primero, porque el nivel de preparación y pericia de los agentes públicos no está asegurado en una administración estatal secularmente ineficiente y muchas veces corrompida. Y segundo, y más dramático, debido a que el chico muerto recibió un tiro por la espalda. Joven, varón y pobre: las víctimas más frecuentes del 'gatillo fácil' según las estadísticas".

Todo esto se produce en un contexto tenso donde existen profundos conflictos sociales y raciales. Estas reacciones del Gobierno, ¿contribuyen a relajar los conflictos o a escalarlos? En las redes sociales muchos partidarios del oficialismo han instalado un clima en el cual la única solución consiste en reprimir a los pequeños grupos de insurgentes. ¿Cuántos muertos creen que solucionarían en el problema? ¿Diez, cincuenta, cien? ¿Los que fueren necesarios?


Algunos analistas creen que esta regresión le da rédito al Gobierno porque satisface, a bajo costo, la necesidad de orden de un sector de la sociedad. Otros creen que obedece a la esencia de un Macri que visita a los terratenientes de la Patagonia mientras reprime a los indios: la caricatura tan temida. En el medio el Gobierno se enfrenta un dilema. Quiere poner orden pero, al mismo tiempo, cuenta con fuerzas poco preparadas. Dos años después de asumir, Patricia Bullrich no pudo formar un grupo de elite capaz de producir un desalojo sin costos humanos. Los intrusos siguen ahí y sus fuerzas de seguridad produjeron una muerte: no parecen los resultados buscados.

¿No será hora de pensar todo de nuevo antes de confundirse con la caricatura? ¿No será hora de bajar las armas si no se sabe bien cómo usarlas y pensar en soluciones más abarcativas?

Fuente: Infobae

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