LAS VARAS PARA MEDIR LA REPRESIÓN

¿Es más legal el accionar de la polícía de Nicolás Maduro que el de las fuerzas de seguridad argentinas?
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Existen posturas políticas, razonamientos ideológicos, posicionamientos sociales, en definitiva, formas de ver y de juzgar las realidades desde diferentes ángulos, dependiendo de cuál sea el discurso que se pretenda sostener y hacía dónde esté centrada la sensibilidad de cada persona o grupo humano particular.

¿Hay diferencias entre la muerte producida en un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y grupos de manifestantes de Venezuela y de Argentina? ¿La vida de las personas vale más en un país que en otro? ¿ Los organismos estatales creados para garantizar la paz social son más legales dependiendo de la orientación ideológica del partido que se encuentra en el poder en una nación que en otra?

Contestar a estos interrogantes puede develar, si es que se puede llegar a un punto de concordancia o consenso en la respuesta, el por qué ciertos colectivos ciudadanos toleran y hasta aplauden la acción represiva gubernamental de determinado Estado y la repudian por todos los medios posibles cuando es hecho se da en otro.

Durante varios años hemos visto, a través de todos los medios de comunicación, el brutal accionar de las fuerzas de seguridad que sostienen el régimen chavista venezolano, con una cantidad de muertos que ya se cuentan por cientos, incrementado de manera ostensible y notoria en el transcurso de los últimos meses.

Sin embargo, han sido muy escasas, por no decir nulas, las voces y las manifestaciones en repudio a los crímenes contra la población civil, perpetrados por las fuerzas policiales y para policiales que sostienen al régimen chavista de Nicolás Maduro, por parte de personas o grupos con una clara alineación política, que sí han protagonizado hechos de inusitado vandalismo para con sucesos acontecidos en nuestro país desde la asunción de Mauricio Macri a la Primera Magistratura de la Nación.

Inevitablemente, si se quiere tratar bien este tema, no se puede dejar de lado toda la parafernalia utilizada para mancillar al actual gobierno argentino, sin que existiera ninguna prueba concluyente que respaldara ese accionar, en el lamentable episodio en el que perdió la vida Santiago Maldonado.

Lo que hoy se sabe de ese hecho puntual, en base a los estudios científicos realizados por los peritos más destacados del área, con intervención de un Poder Judicial absolutamente independiente, y hasta con la coincidente opinión de los profesionales designados por los propios familiares de Maldonado, no dejan dudas sobre la manera en que este activista falleció, de las circunstancias que precipitaron su inmersión en las heladas aguas de un rió patagónico, y, sobre todo, de que no se pudo comprobar que su cuerpo tuviera algún tipo de herida o golpe que haya sido producido por hombre alguno.

Ahora el gobierno argentino se encuentra, nuevamente, ante otro hecho luctuoso, en el que un joven de 27 años, perteneciente a la comunidad Mapuche, fue muerto, aparentemente, por parte de personal de Prefectura Nacional, más precisamente del Grupo Albatros, en ocasión de un ataque de miembros de esa comunidad, que portando elementos para causar destrozos y daños en bienes y personas y que superaban ampliamente en número al personal militar, los enfrentó. El intercambio fue escalando en violencia pasando de las piedras y palos, por parte de los mapuches, a los disparos con munición de guerra. Los efectivos respondieron con ráfagas de metralletas.

Con absoluta certeza, el nombre de este mapuche se convertirá en otra bandera más que será utilizada para producir el mayor daño posible a la actual conducción nacional de “Cambiemos”.

Quizá, el problema más importante no esté en la manera con la que se mide la relación de fuerzas entre efectivos de seguridad que configuran un cuerpo profesionalizado para estas lides y activistas que aparentan ser simples revoltosos sin ningún poder de daño. Porque, de ser esté el conflicto más grave, bastaría con demostrar lo contrario para dar por tierra con uno de los mayores prejuicios que afrentan actualmente aquellos que tienen la misión de salvaguardar la vida y los bienes de todos los habitantes de la Nación. No, el problema está radicado en cómo la sociedad entiende que deben actuar las fuerzas de seguridad argentinas.

Durante muchos años, sea quien fuere al que se le ocurriera hacer una manifestación, violando cualquier tipo de derecho amparado por la Constitución Nacional, y sin que importara el motivo de la misma, resultaba impensado el accionar represivo. Pero esto, en un país que se precie de sostener un verdadero estado de Derecho, es algo inconcebible. Todos los ciudadanos gozamos de igualdad de derechos ante la ley, y, como bien dice nuestra Carta Magna, “conforme a las leyes que su ejercicio, lo que vale decir que el goce de esos derechos no es irrestricto, sino que está sujeto a una reglamentación que se denomina, paradójicamente, “Poder de Policía”.

Pero, si cada uno va a interpretar a su manera ese Poder de Policía, lo más probable es que nos vamos a sumir en un fenomenal caos, ya que nadie va a aceptar como válido el criterio del otro. Para eso existen los organismos creados por el Estado, al amparo de la ley, que son, en definitiva, quienes tienen el monopolio del uso de las armas, por imperio de la misma ley que los crea. Cualquier otro grupo de personas o cualquier particular que intente hacer valer su derecho por fuera de las formas establecidas por nuestro ordenamiento jurídico, se verá expuesto a sufrir las consecuencias que ese accionar lógicamente acarrea.

El ejemplo más típico que me viene en este momento es el del ladrón que entra a robar a una entidad bancaria y se enfrenta al previsible rechazo de quienes custodian el lugar. Con absoluta seguridad se producirán disparos de armas de fuego, por parte de los dos bandos y, con la misma certeza, existe una probabilidad muy alta de que este delincuente termine gravemente herido o muerto. Entonces, si se da el caso, ¿se desataría una ola de protestas masivas por la suerte corrida por quien intentó apoderarse, de manera violenta, de lo que no le pertenecía, de lo ajeno? La respuesta es no, ya que, más allá de algunas teorías que sostienen la necesidad imperiosa de la disuasión antes que la represión, el hombre común está convencido que el planteado era una de los finales y, por qué no, una de las posibilidades que el mismo malviviente barajaba.

Con el ejemplo anterior quiero hacer incapie en el enorme prejuicio que hoy recae sobre todo lo que tenga que ver con la participación de los organismos estatales en el control y eventual represión de la enorme cantidad de conflictos que se generan a lo largo y a lo ancho de la Argentina, fruto de una política permisiva y direccionada durante la extensa experiencia kirchnerista en el país para retrotraer a la población a una época pasada, una época superada y, por consiguiente, inexistente en la actualidad.

Y, para finalizar, voy a regresar a un punto que siempre toco en la mayoría de mis editoriales: la necesidad de realizar un “cambio cultural” dentro del seno de nuestra sociedad, que nos permita reconocer, de forma clara y cabal, sin pérdida de tiempo y demasiada inversión de pensamiento, cuándo se está frente a una reacción desmedida y cuándo los hechos son absolutamente justificados. Ese “cambio cultural”, que es imposible hacerlo de un día para otro, requiere del compromiso de todos los sectores sanamente involucrados con los ideales de una sociedad más justa e igualitaria. Aquellos que únicamente están comprometidos con el fomento de la discordia entre los argentinos nunca van a cejar en ese empeño, pero deben ser contrarrestados por la mayoría que ostenta un fin sensiblemente supremo. Y esa será la única manera de que vayan quedando en el olvido y de que el país vuelva a una senda de orden legal que garantice, verdaderamente, la igualdad de derechos para todos los habitantes de la Nación.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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