Un consenso gestionado en tiempo récord por un gobierno en minoría

OPINIÓN 17/11/2017 Por
La pasada estudiantina del gasto público ha dado paso a una resaca que debe ser mitigada tan pronto sea posible.
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Mauricio Macri no perdió el tiempo. Tan pronto se conoció la incontrastable victoria de Cambiemos en las pasadas legislativas convocó a todos los gobernadores (la mayoría peronistas y, como tales, previsiblemente desorientados) a forjar un acuerdo federal sobre los impuestos que se pagan en el país. La iniciativa, sorprendentemente, tuvo éxito. Bajo el discreto título “Consenso Fiscal”, todos los gobernadores con excepción del de San Luis y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires asumieron una serie de compromisos impositivos, algunos de ellos muy importantes.
La magnitud del logro no puede ser soslayada. Es la primera vez en casi 25 años que las provincias y la Nación discuten sobre impuestos y la mejor manera de disminuir su peso sobre la actividad económica. Desde el 2003 tal posibilidad estuvo vedada. No solamente por el solipsismo que caracterizó las administraciones kirchneristas desde entonces (refractarias a cualquier cosa que significara un consenso) sino por el énfasis que, desde el poder, se puso sobre el rol preeminente del Estado sobre la economía y la sociedad.
Aquella visión predominantemente estatista uniformó casi todo el pensamiento político durante largos años. Nadie, excepto un puñado de valientes, se atrevió a contradecirla abiertamente. Ni siquiera el actual presidente lo hizo. Apenas que apeló, alguna que otra vez, al recurso de reclamar mayor racionalidad para diferenciarse del culto sovietizante que se extendía por entonces sobre la economía argentina.
Tales delirios, mezcla de Aldo Ferrer con Nicolás Maduro, tuvieron un costo enorme. No sólo en la caída de la productividad nacional, sino en los recursos necesarios para mantener la máquina del Estado funcionando. Al principio, la bonanza producida tras la devaluación y pesificación asimétrica decretadas por Eduardo Duhalde generó un boom de ingresos que permitió financiar la nueva visión política. Luego, cuando los famosos superávits gemelos pasaron a mejor vida, se echó mano a los recursos de las AFJP para, posteriormente, pasar al incremento liso y llano de la presión tributaria. Finalmente, cuando ya nada de todo aquello podía volver a repetirse, se desempolvó la máquina de imprimir billetes y se lanzaron al mercado toneladas de papel moneda con cada vez menos valor.
La inevitable inflación generada por tal ordalía de gasto público produjo un efecto decisivo sobre las jurisdicciones provinciales y municipales. Con números en rojo, la mayoría de ellas resolvió competir con la Nación para conservar su participación sobre ingreso total. El resultado fue uniforme: todos los impuestos subieron significativamente, especialmente los odiosos Ingresos Brutos y el distorsivo impuesto de sellos. Fue una auténtica lucha por la supervivencia fiscal, en donde gobernadores e intendentes dieron batallas memorables para cobrar más y mejor sobre la indefensa masa de atribulados contribuyentes.
Todo esto tuvo un límite. Ningún país puede crecer si los impuestos terminan liquidando al sector privado. El triunfo de Macri en diciembre de 2015 reflejó en buena parte el hartazgo que sentía un importante sector de la sociedad por pagar impuestos del primer mundo para recibir, a cambio, servicios del tercero. El presidente tomó debida nota de aquél estado de ánimo, pero su debilidad inicial lo cohibió de ir realmente a fondo sobre la estructura impositiva vigente.
Esta prudencia cambió desde octubre pasado y justo es decir que la velocidad con que la Casa Rosada avanzó sobre el tema resulta sorprendente. Le llevó menos de un mes convencer a los mandatarios provinciales de discutir el asunto y firmar un compromiso de fondo. Si a esto se le agrega que, en términos estrictos, el gobierno sigue con los mismos números en el Congreso que los que ostentaba antes de las legislativas, la magnitud de lo logrado es impresionante.
El acuerdo es extenso (tiene 22 páginas) y con muchos puntos realmente medulares. Por mencionar alguno, se establecen modificaciones en la Ley de Impuesto a las Ganancias, se propone aprobar una ley de Revalúo Impositivo (que supone más ingresos sin mayor carga tributaria para las provincias), una nueva ley de coparticipación federal, la reformulación del Esquema de Imposición sobre los Combustibles y la asignación del impuesto al cheque a la Anses. Para satisfacción de Córdoba se elimina la vieja obligación de armonizar las cajas de jubilaciones no transferidas y el fin de los subsidios diferenciados para Buenos Aires. Asimismo se imponen límites progresivos –pero también draconianos– a los ingresos brutos y la eliminación del impuesto de Sellos.
El hecho que en que los gobernadores acepten tocar los Ingresos Brutos y el impuesto de Sellos (verdaderas vacas sagradas en la estructura de ingresos provinciales) revela que las convicciones presidenciales son también compartidas por ellos, al menos en sus principales rasgos. La pasada estudiantina del gasto público ha dado paso a una resaca que debe ser mitigada tan pronto sea posible. En este sentido nadie, ni siquiera los mandatarios nominalmente kirchneristas, se atreve a defender el orden de cosas que se arrastra desde hace tantos años. No habrá una economía sustentable con el actual nivel de carga fiscal. Todos tendrán que poner su cuota de sacrificio para las empresas y los particulares comiencen a producir más y asuman riesgos imposibles de tomar en el actual contexto.
Quizá sea esta la oportunidad de Juan Schiaretti de relanzarse a nivel nacional. Desde hace un tiempo el cordobés viene sosteniendo la necesidad de reemplazar el impuesto a los Ingresos Brutos por una especie de IVA provincial que evite sus efectos distorsivos. Habida cuenta de los compromisos asumidos los gobernadores tendrán, como consecuencia de ellos, una disminución relativa de sus ingresos al mediano plazo. En este sentido, el disponer de una novedosa herramienta tributaria con la cual barajar y dar de nuevo, sin las connotaciones negativas que se le atribuyen a los ingresos brutos, puede que sea una estrategia para recuperar parte de los recursos caídos sin afectar dramáticamente a la producción y al comercio.
María Eugenia Vidal también puede darse por satisfecha. Logró lo que quería renunciando al reclamo incoado ante la Corte Suprema por el fondo del conurbano. La diferencia, por supuesto, la pondrá el propio Macri, aunque sin tocar los recursos coparticipables, que era precisamente el límite fijado por los colegas de la bonaerense. El cómo lo hará es harina de otro costal; por ahora que nada empañe la satisfacción que genuinamente ostentan los signatarios.
Debe hacerse justicia, finalmente, a cierta vocación punitiva que presenta el acuerdo. En un país acostumbrado a no cumplir (tómese, a guisa de ejemplo, la inveterada costumbre criolla por evadir el pago de impuestos) resulta fácil firmar compromisos grandilocuentes pues, probablemente, nada suceda si su ejecución se dilata per secula seculorem. Esta vez puede que no sea así.
El consenso establece una serie de compensaciones entre Nación y provincias que habrán de producirse sólo si se respeta lo acordado. La cantidad de dinero en juego es un aliciente a la cooperación mutua y un poderoso disuasorio a quienes pretendan sacar los pies del plato tan pronto algo se complique. No hay pactos más sólidos que aquéllos que reflejen los verdaderos intereses de las partes. Éste parece, en verdad, tener los condimentos necesarios para que efectivamente se cumpla. El Congreso tiene ahora la palabra, aunque el presidente espera que los gobernadores sean los ventrílocuos de todo aquello que los legisladores digan en el recinto. No olvida, ni siquiera en este momento de fortaleza, que los suyos continúan siendo allí una minoría.

Fuente: Alfil Diario

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