Nicolás Caputo y Energía, en los tiempos de la transparencia

POLÍTICA 10/11/2017 Por
Ser amigo del Presidente puede habilitar algún privilegio. O suponer la incomodidad de ser observado con más atención. Nicolás Caputo, socio de Central Puerto, bien lo sabe: gracias a su intervención en las licitaciones de generación eléctrica, todos los participantes están siendo forzados a precisar sus vínculos con el poder
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Un gobierno lleno de funcionarios que recalaron en la administración pública desde el sector privado genera un terreno fértil para encontrar lazos que permitan sospechar favoritismo hacia firmas privadas que articulen negocios con el Estado o bajo su órbita.

No faltan antecedentes en la historia argentina que permiten disparar conjeturas maliciosas sobre empresas aprovechadoras y funcionarios que prodigan favores. Uno y otro dato activan la búsqueda de posibles casos, algo que bien conoce Juan José Aranguren a quien se le objetó la tenencia de acciones de Shell.

Central Puerto pertenece al holding Sadesa, actor de fuste en el mercado que, entre otros activos, también tiene la central Piedra del Aguila, Central Térmica Mendoza y una discutida participación en TGN. Además del de Caputo, entre sus socios figuran otros apellidos ilustres como el de Miguens Bemberg, Reca, Escasany y Ruete Aguirre.

La firma estuvo participando en varias licitaciones energéticas pero sus ambiciosas ofertas resultaban grandilocuentes para los concursos diseñados, de instalar usinas chicas y ágiles. Este error estratégico la convirtió en lo que voces maliciosas del mercado identificaron como una loser serial.

Hasta que la suerte dio un vuelco en el último concurso, convocado bajo la resolución 287 para ampliar el parque eléctrico a través de cogeneración o cierre de ciclos (aprovechando el calor de un proceso industrial o el vapor de una usina térmica). Aquí consiguió que Energía le aceptara dos propuestas y reivindicó su suerte.

Fue entonces cuando la Oficina Anticorrupción entró al ruedo recomendándole a Energía que todos los oferentes presentaran una "declaración de interés", según ordena el decreto 202 para los concursos públicos a partir de marzo del año pasado.

Esta norma fuerza a transparentar los vínculos de los participantes privados con funcionarios de alta jerarquía o directamente comprometidos en la decisión que los involucra. Esa ligazón directamente inhibe una adjudicación directa o deja la operación bajo una lupa más potente si se trata de un concurso.

La recomendación del organismo que comanda Laura Alonso fue informal y estuvo inspirada en las suspicacias que despertó el hecho de que "Nicky" Caputo, el entrañable amigo de Mauricio Macri, estuviese involucrado.

La Secretaría de Energía respondió también por una vía oficiosa que el caso no encuadraba en aquel decreto porque el concurso fue convocado por Cammesa, que es una sociedad de derecho privado, y porque Caputo tiene "sólo el 4% de Central Puerto", cuando la norma impone restricciones a partir del 5% como mínimo de tenencia accionaria de parte de la persona amiga del poder. Bingo.

Pero como recomienda el saber popular, no sólo hay que ser transparentes sino mostrarlo. Y la Secretaría de Energía Eléctrica, a cargo de Alejandro Sruoga, exigió la declaración de interés a esos concursantes y desde entonces la hizo extensiva a todos los participantes del resto de licitaciones.

En tiempos depuradores, parece mejor no alimentar sospechas. Y la participación de Caputo enciende muchos sensores, involucrando incluso a otros actores.

Una de las usinas con las que Central Puerto acaba de ganar un lugar será emplazada sobre un predio de Terminal Seis, complejo agroindustrial que Aceitera General Deheza (AGD) tiene en sociedad con Bunge. Parte de la electricidad será para T6 y el grueso volcado al sistema con un contrato a largo plazo y en dólares.

El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, quien es director de AGD, firma propiedad de su familia política, también quedó en la mira cuando hombres del departamento de la UIA reclamaron a Energía precisiones sobre cambios en la forma de valuar los activos en el concurso y que perjudicaban la performance del proyecto que tenía con la firma de Caputo.

Un mercado en ebullición por la competencia entre proyectos para generación, enseguida tildó al presidente de la UIA de presunto lobbista del amigo de la Rosada, su circunstancial socio. Algo que el industrial niega de modo rotundo y creíble.

De algún modo, el decreto 202 identifica a la amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato con algún funcionario de alta jerarquía, como condición para someter a un contrato con el Estado a un seguimiento más estricto de Anticorrupción y de la Sindicatura General de la Nación. No es este caso. Pero en tiempos de una Justicia mágicamente desperezada y activa en el combate de la corrupción, el Gobierno parece haber elegido curarse en salud.

Fuente: Cronista

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