La caída de la "resolución 125 del vino", el primer cambio que sufrió la reforma tributaria

POLÍTICA 10/11/2017 Por
El gobierno de Mendoza había advertido la semana pasada a los ministros Nicolás Dujovne y Francisco Cabrera sobre el peligro del fantasma de la 125
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El presidente Mauricio Macri junto al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo (Prensa Presidencia)

"Alfredo, te aviso que decidí que el impuesto al vino y los espumantes no entren en la futura reforma, los informes técnicos y de salud que nos presentaron son contundentes". Con estas palabras, una hora antes de la cumbre con mandatarios provinciales en la Casa Rosada, Mauricio Macri le comunicó al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que el proyecto no incluirá el gravamen a ninguna de las dos bebidas alcohólicas.

"El impuesto al vino se frenó porque la Argentina tiene un presidente como Mauricio Macri que escucha y entiende los problemas", evaluó Cornejo anoche, y destacó la calidad de los informes de salud y técnicos que acercó la provincia a la Rosada esta semana. "Le iban a aplicar un impuesto a una industria que es diferente a las otras que tiene unos 17.000 productores y que da trabajo a unas 130.000 personas", apuntó el mandatario y agregó: "En las cuentas del país, el vino es una de las pocas actividades que ha exportado 1.100 millones de dólares, y podemos seguir creciendo pero apalancados en el consumo interno: los impuestos perjudicarían esa aspiración de exportar cada vez más".

Cornejo destacó, además, que la vitivinicultura es una producción industrial pero con una base netamente agraria. "Por cada hectárea hay un empleo detrás de eso. Pocas cosas se hacen tan artesanalmente, no es el caso ni de la cerveza ni de la gaseosa", graficó.
Además, sostuvo que "desalentar el consumo de bebidas como el vino sería desalentar una actividad que tiene un gran eslabonamiento económico". "Va a contramano de todas las reformas que plantean —manifestó—. Una economía más sana no tiene que tener impuestos distorsivos y por suerte el Gobierno entendió y evitamos el fantasma de una futura 125 del vino, como la comenzaron a llamar nuestros productores aunque los tiempos son muy distintos y los dirigentes son otros".

La resolución 125, presentada el 10 de marzo de 2008 por el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, sigue siendo una especie de fantasma para la política económica. La norma buscaba establecer retenciones móviles con una fórmula de cálculo donde, a medida que el precio de la soja aumentaba, el Estado se llevaba la mayor parte de la renta.

La intransigencia del gobierno de Cristina Kirchner en no aceptar cambios a la medida fue lo que provocó el rechazo generalizado de los productores agropecuarios. Todavía es un triste recuerdo de los argentinos y, vaya la paradoja, quien le dio fin a la idea de Lousteau de aplicar retenciones móviles a la soja fue un mendocino. En este caso, quien frenó el impuesto también lo es.

"Mi voto es no positivo", dijo Julio Cobos en la madrugada del 17 de julio de 2008. Con esa frase de extraña construcción gramática, pronunciada cerca de las 5 de la mañana, el entonces vicepresidente de la Nación tuvo que desempatar la votación 36 a 36 en el Senado sobre la resolución 125. Esta imponía derechos de exportación móviles a las exportaciones de granos. Tras cuatro meses de protestas continuas impulsadas por los productores, que incluyeron cortes de rutas y movilizaciones masivas en Rosario y Buenos Aires, ese día quedó derogada la medida. En una dramática jornada, la decisión quedó en manos de Cobos, que casi nueve meses antes había triunfado en las elecciones como compañero de fórmula de Cristina Kirchner.


El gobierno de Mendoza había advertido la semana pasada a los ministros Nicolás Dujovne y Francisco Cabrera el peligro del fantasma de la 125. Varios productores de la industria manifestaron que si se incluía ese impuesto interno al vino la gente iba a salir a protestar a las rutas en la zona de cuyo como ocurrió hace mas de 9 años con la Resolución 125. El emisario fue el ministro de Economía, Energía e Infraestructura Martin Kerchner quien el martes pasado le entregó dos informes (uno técnico y otro de salud) al Gobierno que explicaban el impacto negativo de esa medida.

Anunciada la modificación, ahora el Gobierno espera más reclamos de cambios por parte de varios gobernadores. La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, ya pidió una reunión con Macri y a la lista se suma Juan Manuel Urtubey, mandatario de Salta.
En alerta por la propuesta oficial de eliminar los impuestos a los productos tecnológicos importados manifestó que "esa medida dinamitaría la industria electrónica en la provincia". A través de una carta dirigida al Presidente, la mandataria solicitó "una audiencia en carácter de urgente para abordar la situación de la industria y el empleo" y advirtió que la provincia "se vería gravemente afectada" si prospera la iniciativa que impulsa el gobierno nacional.

Bertone puso al frente de las negociaciones con los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Francisco Cabrera (Producción) a su titular de Industria, Ramiro Caballero. El funcionario presentó el viernes pasado un informe que destaca que la Industria manufacturera representa el 38% del PBG, y el 37% del empleo privado directo. A ello, se le debe considerar otro 15% indirecto, llegando así a más del 50% del empleo privado registrado en la provincia. En tanto, dentro del subrégimen industrial, el 80% representa a la industria electrónica, que es la principal afectada por las medidas que propone Nación. Medidas, que ponen en jaque unos 9.600 trabajadores de manera directa, por la baja de impuestos internos.

El informe advierte que el proyecto, si se concreta, daría por tierra la recuperación del sector industrial. El informe destaca que se han logrado recuperar marcas y lanzar productos de última tecnología, y que para este año se proyecta un crecimiento de 1,5 millones de celulares producidos en Tierra del Fuego, con respecto al año pasado. Caballero le explicó al Gobierno que durante 2016 y 2017 "se trabajó fuertemente para ser más competitivos y así como para diversificar la producción y mejorar los procesos administrativos, con el objetivo de que la burocracia no eleve los costos y así poder mejorar los precios". También informó que "este año se han recuperado unos 1727 puestos de trabajo, llegando a 11812 puestos en el subrégimen". También manifestó que "en Tierra del Fuego no se es más caro que en otros países que producen tecnología" -citó a Brasil como ejemplo- y especificó que "se producen muchas recargas sobre los precios en la cadena de comercialización fuera de la Provincia".


Con respecto a Salta, esta semana quien se pronunció a favor de algunos cambios en el proyecto de Reforma Tributaria fue el directivo de la UIA y presidente de Celulosa Argentina José Urtubey, hermano del Gobernador. Manifestó que "se marcó una luz amarilla sobre las economías regionales por el impuesto al vino que ya no está, pero también al azúcar y es necesario que mejoren el anteproyecto para luego llevarlo al Congreso". El industrial agregó: "El año pasado fue el peor de los últimos diez y no se puede pensar en aplicar impuestos a las economías regionales que afectaran el empleo y la producción y hay que considerar el problema del azúcar, ya que subir impuestos a bebidas con ese componente afectará a las economías regionales".

La caída del impuesto al vino significa el primer traspié para el proyecto de ley anunciado la semana pasada por el ministro Dujovne y podría no ser el último. El Gobierno deberá, entonces, prepararse para recibir más reclamos de otros mandatarios provinciales y cámaras de sectores que podrían considerarse afectados por la reforma tributaria.

Fuente: Infobae

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