¿Debería estar preso Amado Boudou?

OPINIÓN 06/11/2017 Por
No se debe reclamar ahora venganza contra quienes los perpetraron, sino justicia. Y, no está de más recordarlo, la justicia no es lo mismo que venganza.
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Más allá de la algarabía popular que el hecho ha despertado, la detención de Amado Boudou tiene un no sé qué, que se yo… en definitiva, no nos cierra. Es como si existiera una necesidad de sobreactuación, una suerte de rastacuerismo judicial situado más allá de la estricta aplicación la ley penal. Vale la pena analizar esta perspectiva, aunque no sea políticamente correcto.
Como se sabe, en el mundo del derecho penal prisión preventiva es un recurso extremo porque, tal como lo dice la constitución, nadie es culpable hasta que un juez determine lo contrario. Esto quiere decir que, hasta tanto el proceso penal se substancie y no haya una condena, el acusado tiene el derecho a permanecer en libertad. Es la presunción de inocencia lo que hace posible tal cosa.
El juez puede recurrir excepcionalmente a la prisión preventiva en casos de flagrancia, reincidencia, riesgo de fuga o cuando la libertad del imputado haga peligrar el proceso en su conjunto. En este último caso se valora su capacidad, política o económica, para entorpecer la investigación. En general, cuando se trata de delitos de corrupción presuntamente cometidos por funcionarios o exfuncionarios, es ésta la razón más invocada para solicitar estas detenciones.
Sin embargo no es posible inferir, a modo de un principio inconmovible, que los imputados comprendidos en tal categoría puedan, en todos los caso, entorpecer una investigación. El juez debe ponderar correctamente este riesgo porque, de lo contrario, los funcionarios serían sujetos de una presunción de culpabilidad inconstitucional, basada meramente en su capacidad de influencia. Esto no parece razonable ni, mucho menos, legal.
¿Califica Boudou dentro de estas casuísticas? No parece que fuera así. Desde que dejó la vicepresidencia (y ya con múltiples denuncias sobre su espalda) pudo fugarse en infinidad de ocasiones y no lo hizo. De hecho, fue sometido a un juicio oral y público del cual resultó absuelto por prescripción de la acción. Que se sepa, estuvo siempre a derecho en cuanto a presentaciones ante los tribunales. Su conducta procesal no tenía, hasta el momento, reproche alguno.
Tampoco puede sostenerse seriamente que el hombre pudiera entorpecer el proceso aunque efectivamente quisiera hacerlo. Para esto necesitaría ser un tipo influyente, algo que en la actualidad no lo es. Muy por el contrario, Boudou es hoy un cadáver político, sin amigos de fuste ni, mucho menos, aliados de importancia. Sólo lo respalda Luis D’Elía que, a efectos prácticos, es mejor que no lo hiciera. Cristina Fernández tiene sus propias preocupaciones, casualmente emparentadas con el actual destino de su antiguo preferido. Se encuentre en su departamento de Puerto Madero o internado en el penal de Ezeiza, Boudou tiene nulas posibilidades de entorpecer ninguna investigación. Suponer lo contrario es un desvarío.
Pero el juez Ariel Lijo piensa que el hombre todavía goza de gran poder y que, por ello, puede arruinarle el expediente. Era natural, por lo tanto, ordenar un operativo de detención que hiciera honor a esta certeza. Fue así que, luego de una tensa espera nocturna, personal de Prefectura irrumpió en el domicilio de Boudou bien temprano a la mañana del pasado viernes. Todo quedó filmando (lo cual es correcto) pero, antes del mediodía de aquél día, ya todos los medios contaban con las imágenes de su detención, lo cual no parece ser tan apropiado.
Esta sobreactuación, festejada por los milenaristas del tipo Elisa Carrió o la señora Dengue, Graciela Ocaña, preocupó no obstante a la Casa Rosada. Ayer se supo que Mauricio Macri estaba furioso con la filtración de las imágenes de Boudou esposado, descalzo y en pijamas. La ira presidencial no tiene que ver con algún tipo de cariño hacia el personaje, sino con la posibilidad de que se asocie tanta extroversión con algún tipo de maniobra del gobierno. Esto sería inaceptable para los estándares de institucionalidad que dicen respetarse desde Cambiemos. Mezclar política con tribunales no sería uno de los símbolos del cambio sobre el que tanto se bate el parche.
Frente a una opinión pública sensibilizada por una década de tendencias cleptocráticas, un Boudou humillado y tras las rejas es una suerte de elixir colectivo. Los memes de su detención prácticamente colapsaron las redes sociales, en muchos de los cuales se bromeaba sobre quién sería el próximo kirchnerista en caer. Nadie se sorprendería que, en los próximos tiempos, otro prominente representante de aquella nomenclatura diera con sus huesos en la cárcel.
Este jubileo penitenciario, no obstante, no puede soslayar ciertas cuestiones que merecen alguna reflexión. Los jueces que, como Lijo, se muestran ahora tan propensos a llevar adelante una suerte de turbo-justicia son los mismo que, durante años, hicieron la vista gorda con las fruslerías y desatinos de Néstor, Cristina y los suyos. Es, cuanto menos, sospechosa esta súbita pasión justiciera, justo ahora que los K son especies de residuos políticos a la vera de la ruta del poder.
Lijo, particularmente, pudiera estar llevando a cabo una maniobra de rehabilitación que lo absolviera antiguos pecados de pereza. Según un informe de auditoría recientemente publicado por el Consejo de la Magistratura, el juez no habría molestado a Florencio Randazzo, denunciado por abuso de autoridad y fraude contra la administración pública en agosto de 2014, ni a Matteo Goretti, hombre muy cercano a la vicepresidenta Gabriela Michetti, ni a Cristina Kirchner, acusada junto a Julio De Vido Daniel Cameron, Axel Kicillof y Hernán Lorenzino por estafa procesal, malversación de fondos públicos y abuso de autoridad vinculados a YPF en diciembre de 2013. De hecho, y precisamente por esta auditoría, tanto Lijo como el juez Daniel Rafecas han sido denunciados por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos por posible mal desempeño en sus funciones debido al cajoneo de una serie de expedientes sensibles que “afectarían el debido proceso”.
Otro asunto es la pertinencia de estas detenciones. Si (es una posibilidad) en el futuro próximo la Cámara de Apelaciones revocara alguna de las recientes prisiones preventivas, la sensación colectiva sería la de un retorno a la impunidad. La consecuencia inmediata sería una lluvia de recriminaciones y amenazas en contra de quienes se atrevieran a resolver de esta forma, agregando una sutil amenaza sobre cualquier tipo de convicción de sentido contrario a lo que se está llevando adelante. Esto no es bueno para una República, en donde nadie debería estar condenado de antemano más allá de las opiniones y sensaciones de la opinión pública.
¿Debería estar preso Boudou? Probablemente no, no en esta instancia. Esta columna ha batallado incansablemente contra todos los abusos, tanto el campo institucional como en el económico, que llevaron adelante los K en el poder. Pero no se debe reclamar ahora venganza contra quienes los perpetraron, sino justicia. Y, no está de más recordarlo, la justicia no es lo mismo que venganza. Aunque el actual presidiario represente lo peor de una época de la que muchos, con toda razón, repudian, es un ciudadano cuyos derechos están plenamente vigentes. No se pueden forzar los argumentos jurídicos sólo porque sería deseable que estuviera en la cárcel ni, muchos menos, para tapar pasadas omisiones de jueces que, en el atardecer del kircherismo, se muestran hoy particularmente activos en eso de hacer leña del árbol caído, que tan fácil parece ser en los días que corren.

Fuente: Alfil Diario

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