Cambiemos quiere convertir en ley el régimen penal empresario

POLÍTICA 06/11/2017 Por
La Cámara de Diputados debatirá de nuevo el texto, que tuvo muchas modificaciones en el Senado. Durante la discusión en comisiones, sólo lo apoyó el oficialismo
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Los diputados pondrán en marcha este miércoles un cronograma frenético que los llevará a sesionar, según prevé el oficialismo, todas las semanas hasta el Año Nuevo. Los dos primeros puntos en esa agenda son convertir en ley el régimen penal para empresas, que el Senado modificó sustancialmente después de una media sanción muy accidentada en Diputados; además de ratificar la prórroga por cuatro años a la suspensión de desalojos en comunidades indígenas. Ambos temas serán los principales de la sesión de pasado mañana.
Para el debate, regresarán de Nueva York dos de los diputados más importantes del oficialismo, que se encuentran por estas horas en viaje oficial con el presidente Mauricio Macri. Se trata del jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, y el titular de la bancada del PRO, Nicolás Massot; que adelantarán su viaje de vuelta para participar de la sesión en la Cámara baja.

El régimen penal para empresas volverá al recinto de la Cámara baja tras recibir cambios estructurales. Los senadores reescribieron casi integralmente el proyecto que los diputados aprobaron hace cuatro meses en una sesión descontrolada, en la que terminaron incluyendo en el texto dos artículos que se contradecían. En el paso de la nueva versión por las comisiones de Diputados, sólo Cambiemos apoyó las modificaciones del Senado. El resto de los bloques presentaron dictámenes en minoría. Por ello, la discusión en el recinto se anticipa intensa.

Entre las principales modificaciones que plasmó el Senado, quedó establecida la prescripción de las penas para delitos de corrupción empresaria, que quedó fijada en 6 años (borrando la imprescriptibilidad dispuesta por los diputados); y además quedó abierta una puerta a que las personas jurídicas sean eximidas de las penas si cumplen ciertos requisitos. Es el artículo 9 del texto, que exime de pena y de responsabilidad administrativa a la empresa que cumpla tres requisitos simultáneos: denuncia espontánea del delito como consecuencia de una investigación interna; adhesión a un programa de integridad cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de quienes delinquieron; y devolver el beneficio indebido obtenido. Incluso en el Senado hubo críticas a ese punto.

Además, el proyecto ya no apunta a castigar a las empresas por todos los delitos del Código Penal, como había impulsado el massismo en Diputados, sino que abarca sólo algunos delitos de corrupción. La nueva redacción también modifica el régimen de compras y contrataciones del Estado para exigir a los contratistas un programa de integridad adecuado.

Desalojos a indígenas

Por otra parte, los diputados procurarán ratificar la prórroga de la Ley 26.160, que ya aprobó el Senado y que mantiene suspendidos desde 2006 los desalojos a comunidades indígenas. La norma vence el 23 de noviembre. Con su nueva redacción, le da al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) plazo hasta 2021 para terminar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras ocupadas por las comunidades, que inició hace once años.

Del total de 1.532 comunidades identificadas, el INAI relevó en estos años 759, es decir, apenas un 49% del total. Además, de esas comunidades censadas, sólo 459 cuentan "con resolución", una terminología técnica que el INAI identifica como relevamientos culminados.

Como este año estaba previsto relevar otras 150 comunidades, aún quedarían por lo menos 623 comunidades que no atravesaron ningún proceso y 303 que aún no lo han concluido. Al menos 926, el 60% de las comunidades, dependían de la prórroga de esta norma, cuyo debate se dio en medio de la investigación por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Santiago Maldonado durante la protesta de una comunidad indígena en Chubut.

Fuente: Cronista

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