¿LICENCIA O RENUNCIA? THAT IS THE QUESTION

El procesamiento de la Dra. Gils Carbó y una decisión personal que deja entrever su honorabilidad o su inmoralidad
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Desde esta pagina he venido insistiendo en la fundamental importancia que reviste, para el aceitado funcionamiento del sistema republicano de gobierno, el tema de “la justicia”, en tanto garante de todos los principios, derechos y obligaciones que la Constitución Nacional establece como marco regulatorio para todos los habitantes de la Nación, y de la que derivan las leyes que conforman todo nuestro sistema legal.

No resulta ocioso, entonces, hacer hoy incapie en el procesamiento de la Dra. Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, dictado por el juez Julian Erolini por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública en el caso en el que se investiga el sospechoso pago de comisiones en la compra del edificio de la calle Perón al 600.

El juez sostuvo que Gils Carbó y varios funcionarios a cargo de la Procuradora violaron "consciente y voluntariamente los deberes atinentes a sus cargos" e “idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio ubicado en la calle Teniente Juan Domingo Perón 667". Y agregó el magistrado que "Se generó también de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes, que como contrapartida conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional".

En este espacio no es mi intención valorar la gravedad del delito, sino tratar de descifrar el enorme perjuicio que el mencionado procesamiento implica para la credibilidad de una institución del Estado que, desde hace ya varios años, viene siendo motivo de acaloradas discusiones, tanto por expertos como por legos, y que hace, en definitiva, a la valoración con que el ciudadano común y corriente siente en cuanto a la protección de sus derechos por parte de servidores públicos que, en virtud de las funciones que ejercen, deberían estar alejados de toda sospecha.

En razón de ello, es de fundamental importancia conocer qué es la Procuración General de la Nación y cuáles son las funciones que tiene su titular, así como el marco regulatorio al que está sujeto.

La Ley 27, promulgada en 1862 durante el gobierno de Bartolomé Mitre, organizó la justicia federal, conformó la Corte Suprema de Justicia y es el primer texto legal que se refiere al Procurador General de la Nación.

En su origen, se lo integró al Poder Judicial y no se establecieron sus funciones específicas. Leyes posteriores fijaron su intervención frente a la Corte Suprema, de manera parcial. En esta coyuntura, y de manera muy resumida, el Procurador fue visto desde una doble función: por un lado, como un asesor del Poder Ejecutivo, a la manera de la figura del Fiscal General en los Estados Unidos; y por otro, como un miembro del Poder Judicial.

En los Estados Unidos la actuación del Fiscal General está perfectamente definida. Es un miembro integrante del Poder Ejecutivo. Su designación es política, depende del Presidente, y su nombramiento requiere el acuerdo del Senado, sin mayorías especiales. Es el “abogado en jefe” y la cabeza del Ministerio de Justicia. En este caso, se trata del asesor legal del Presidente de más alto rango, y quien defiende, ante los Tribunales Federales y ante la Corte Suprema de Justicia, al Estado Federal, sus políticas, actos, etc.

Hasta la reforma constitucional de 1994, se debatía sobre el rol del Procurador General, en tanto dependiente del Poder Judicial, o, por el contrario, como consejero del Presidente de la Nación y del Poder Ejecutivo.

Como es usual en nuestra historia institucional, hasta 1994 la figura transitó por ambas alternativas, sin que se hubiera definido cabalmente su rol. Por otra parte, el Poder Ejecutivo cuenta también con la institución del Procurador del Tesoro, quien es el asesor legal de más alto rango del Poder Ejecutivo y depende funcionalmente del Ministro de Justicia. En este caso, y por aplicación de las normas que lo crean, es su función asesorar legalmente al Presidente, con lo que el Procurador General parecía quedar como un integrante del Poder Judicial, salvo durante el gobierno del Dr. Carlos Menem, en donde se especificó que dependía del Poder Ejecutivo y su nombramiento no requería el acuerdo del Senado.

La reforma constitucional de 1994 zanjó definitivamente el asunto, y le otorgó al Procurador General de la Nación rango constitucional. Los constituyentes ubicaron estratégicamente el artículo referido al tema como “Sección Cuarta”, a continuación de las que se refieren a los tres Poderes del Estado. Podemos decir, siguiendo a buena parte de la doctrina constitucional, que se trata de un “cuarto poder”.

El art. 120 de la Constitución caracteriza al Ministerio Público como un órgano independiente, que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. La cabeza de este “poder” es el Procurador General de la Nación.


Vale la pena dimensionar la relevancia que tiene esta figura en el marco institucional de la Nación. Se trata del guardián de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Es, en definitiva, quien representa al Estado y a la sociedad frente al Gobierno o frente a cualquier organización o entidad que de algún modo afecte la legalidad.

En un sistema como el argentino, en el que la praxis” institucional se aleja grandemente de la teoría, la figura del Procurador General debería ser aquella que intente encauzar, mediante su actuación, el accionar de los gobiernos en el marco de la legalidad. Una mirada de estas características hace que su figura cobre enorme trascendencia.

La Ley N° 24.946, cuando estructura este “cuarto poder”, subordina a los fiscales que actúan en los distintos fueros al Procurador General de la Nación.

Los fiscales que actúan en la justicia penal federal, que entienden en la investigación de las denuncias por actos de corrupción en que pueden estar involucrados los funcionarios del gobierno, dependen funcionalmente del Procurador.

Además, y lo que resulta más importante, la Ley incorpora a este “cuarto poder” al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, que específicamente tiene la facultad de promover la investigación de los actos de corrupción en que pueden estar involucrados funcionarios de la administración nacional. Mediante esta figura, la ley profundiza el camino de la custodia de la legalidad e inviste de competencia al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas para que cumpla esta tarea, todo lo cual ha estado grandemente desdibujado hasta diciembre de 2015.

A los estudiantes de la Carrera de Derecho se les suele decir que una de las quejas que resuenan en algunos sectores de la sociedad civil es el hiperpresidencialismo que reflejaría nuestra Constitución. La praxis” del poder en la Argentina da la razón a las quejas relativas a la figura del Presidente. No obstante, la Constitución prevé varias figuras, como es el caso del Procurador General de la Nación que, de actuar conforme a su competencia, podrían coadyuvar a atenuar y moderar este presidencialismo.

Funcionarios integrantes de la Procuración General que sean independientes y marquen ante la justicia los deslizamientos del Poder Ejecutivo hacia conductas que escapan a la legalidad, tanto en la manera de ejercer el poder como en la investigación insoslayable, independiente y veraz de las denuncias de corrupción, podría ser un camino para que la praxis” del poder se acerque un poco más a los conceptos que figuran en la Constitución.

Ahora, bien, la “pregunta del millón” sería ¿de qué manera se puede compatibilizar el deseado acercamiento de la “praxis” del poder a los conceptos constitucionales, cuando quien es la mismísima titular de la Procuración General de la Nación está, hoy por hoy, procesada por un delito de corrupción?

A la luz de todos los conceptos básicos y fundamentales que hacen a nuestro ordenamiento jurídico, lo mínimo que esta funcionaria debe hacer es solicitar licencia hasta tanto se resuelva su situación procesal, ya que, de acuerdo a la manifiesta discrecionalidad demostrada desde que asumió su cargo, no debe esperarse de esta mujer una renuncia, que sería lo que cualquier servidor público, en un país dónde la ética y la moral para el ejercicio de la función pública primen sobre cualquier otro interés personal o político, haría. Pero, ya sabemos, estamos en Argentina y, tratándose de quien se trata, esta posibilidad se encuentra fuera de toda discusión.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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