IMPUTADOS Y SENTENCIADOS CON UN PIE EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN

Las incongruencias de un sistema electoral a contramano de los tiempos y de la sociedad
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Con el llamado a declaración indagatoria a la candidata a primera senadora por la Provincia de Buenos Aires, la ex Presidenta Cristina Fenrnández de Kirchner, quien encabeza la lista por “Unidad Ciudadana”, hecha por el Juez Claudio Bonadió, en la causa por la denuncia realizada por el fallecido Fiscal Federal Alberto Nisman, por la supuesta comisión del delito de “encubrimiento” en la causa AMIA, se abre una instancia judicial que denota el grado de desproligidad que afecta al sistema electoral argentino.

Si bien las garantías constitucionales tienen plena vigencia en el país, y, en virtud de ellas, cualquier habitante de la Nación puede postularse para un cargo electivo, el delito por el que tendrá que declarar quien hoy pretende ocupar una banca en el Senado de la Nación reviste una gravedad tal, que debería inhabilitarla para ello hasta que la justicia determine, de manera fehaciente, la responsabilidad que le cabe en el hecho.

Este tipo de situaciones, que dejarían a más de un candidato fuera de carrera, podrían interpretarse como una restricción a los derechos y una manera de sacar de en medio a una importante figura. Sin embargo, si se tomase la decisión política de apartar de los cargos electivos a aquellos que tienen causas pendientes con la justicia, también obraría como un freno preventivo para la tentación natural de quienes sienten que el poder otorga impunidad.

De más está decir, pero nunca viene mal recordar, que una vez que los resultados electorales sean conocidos, y que seguramente depositarán a la ex Presidenta de “todos y de todas” en el hemiciclo legislativo, aunque no triunfe en la contienda del próximo 22 de octubre, complicarán, fueros parlamentarios de por medio, toda la operatoria judicial para aclarar uno de los hechos más vergonzantes y reprobables que salpican a la administración del “Relato K”.

Nadie debe llamarse a engaño y pensar que quien está sindicada, además del gravísimo delito por el que se la va a indagar el día 26 de este mes, como la “jefa” de una asociación ilícita, esto es, ni más ni menos, como la máxima responsable de una banda delictiva, se va a allanar mansamente a los requerimientos que se le hagan desde el Poder Judicial.

Los argentinos no podemos engañarnos nuevamente, y creer en las vanas promesas de una mujer que durante todo su mandato se mofó de las instituciones de la república, pergeniando toda una ingeniería de vericuetos legales, aunque con la liviandad de aquellos que sienten que los brazos de la justicia jamás van a poder alcanzarlos, tendiente a cometer los delitos más reñidos con la alta investidura que el pueblo de la Nación la supo honrar.

Este tipo de incongruencias, en las que se pone en tela de juicio la capacidad de un simple ciudadano para competir en un cargo electivo y, a la vez, para someterse a las decisiones de uno de los poderes supremos de la Nación, demuestran a las claras la vulnerabilidad que hoy afecta al sistema democrático argentino, que no ha querido o no ha podido modificar su normativa electoral para evitar esta clase de colisiones éticas, morales y jurídicas.

En todo esto hay una gran verdad que no debe escaparsele a nadie: son los políticos, en su papel de representantes del pueblo de la Nación y de las Provincias quienes tienen la tarea de elaborar las leyes que van a regir nuestra vida como sociedad organizada. Y los códigos electorales, así como cualquier otro código, no es más que otra normativa que impone las reglas para asegurar esa vida social.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, ¿qué clase de aseguramiento puede esperar la sociedad, con legisladores sentados en sus bancas, elaborando normativas legales, mientras, a la vez, deben probar ante la justicia su inocencia ante determinado delito que se les imputa?, o lo que es peor todavía, ¿de qué manera puede compatibilizarse la labor legislativa de un miembro del Congreso de la Nación, cuando ya le ha sido dictada una sentencia condenatoria, pero, por la meneara en que está diagramado el proceso judicial argentino, se ampara en una instancia superior que rechace o convalide esa sentencia?. El caso más emblemático que en este momento se me viene a la mente es el del actual Senador Nacional por la Provincia de la Rioja, Carlos Saúl Menem, quien también fue habilitado para competir en las próximas elecciones legislativas, teniendo sobre si una sentencia que lo encontró penalmente responsable por la voladura del arsenal en la Ciudad de Río Tercero.

Evidentemente, urge un cambio en todo lo que se refiere a estos aspectos, cambio sin el cual seguiremos reclamando al Poder Legislativo de la Nación la elaboración de leyes más justas y acordes a los tiempos actuales, mientras en su recinto, y teniendo la responsabilidad de tamaña tarea, se encuentran sujetos sospechados, imputados y hasta sentenciados por la justicia por delitos de variada calificación, pero que los invalidan de entrada para ese cometido.

Sinceramiento, puesta en valor la institucionalidad republicana, creación de normativas que se ajusten a las situaciones cotidianas de una sociedad en constante evolución, ética y moral en la vida pública como en la privada son sólo algunos de los importantes ítems que deben ser tema de debate político para acabar con tanta incongruencia e impunidad, sí y sólo sí estemos dispuestos a reconvertir métodos de republiqueta en sistemas de vida modernos, justos, equitativos para todos los ciudadanos y que aseguren condiciones de igualdad ante la ley. Por el contrario, si los representantes del pueblo no están dispuestos a asumir los riesgos que debates como éstos suponen, seguiremos viviendo dentro de una organización que declama el acatamiento a las normas jurídicas para todos los habitantes de la Nación, pero que algunos encuentra las mil maneras para vulnerarlas, sobre todo cuando se tiene poder político y económico.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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