Energéticas y Estado: contigo no quiero, pero sin ti no puedo

POLÍTICA 10/10/2017 Por
Ninguna empresa reivindica la intervención estatal per sé, ya que ésta siempre puede resultar perturbadora para un negocio. O vital para sostenerlo, según se lo mire
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"Si usted fabricara tapados, ¿a quién preferiría vendérselos: al Estado o a Christian Dior?...", interpeló a esta interlocutora Martín Genesio, presidente de AES, una firma de generación eléctrica con destacado papel en el mercado. El interrogante sugiere la respuesta: un actor privado, mucho más de fuste, siempre resulta más confiable que el fisco, atado a los vaivenes de la economía y la voluntad de los administradores de turno.

El comentario vino a cuento de la fuerte dependencia que estas empresas tienen de los pagos que el erario realiza a través de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), el vehículo que Energía utilizó en los últimos años para completar el precio de la electricidad que las usinas entregaron al sistema y que no pudo cubrirse con la recaudación tarifaria de las distribuidoras.
Esa brecha no es más que el subsidio a la demanda eléctrica, que este gobierno empezó a desmantelar gradualmente: para que el usuario final afronte menores precios, la caja pública afronta una parte del costo, incluido el del combustible. Hay incluso una cuenta pendiente por este concepto de unos $ 7000 millones que las usinas reclaman por haber recibido tarde aquellos pagos que desde hace un tiempo Cammesa realiza con puntualidad inglesa.

Lejos de ser despreciada, la cuña estatal ha sido un elemento clave en las últimas licitaciones para aumentar la capacidad de generación. Al menos en el arranque de la operación, Cammesa se compromete a comprar la energía con contratos de largo plazo y remunerados en dólares. Los inversores se animan. Los críticos de la política oficial, mascullan sus objeciones.

Similar contradicción se esboza en el terreno de los hidrocarburos y sus derivados. Después de años se acerca el supuesto maridaje de los precios internos con los internacionales, lo que hipotéticamente podría hacer oscilar el valor de las naftas y el gasoil argentinos tanto como suba o baje el precio del barril de petróleo en el mundo.

Ya no habrá más pacto de caballeros entre productores y refinadores locales bajo el arbitrio de funcionarios del área que permitan prever cuánto se moverán el crudo y las naftas. Aunque sea bajo la forma de documentos de trabajo, ya que esos acuerdos no siempre se perfeccionan como herramienta legal, con la consiguiente publicación en el Boletín Oficial. El Gobierno no quiere aparecer controlando precios y las empresas acordando valores en actitud de cartel.

Pero aún sin un papel que discipline los precios con pautados ajustes periódicos, por restricciones legales y operativas, nada garantiza que los precios internos vayan a moverse al unísono de los internacionales. No está claro si, por ejemplo, las leyes vigentes habilitarían a una refinadora a importar petróleo cuando y cuánto quiera si ese producto no escasea fronteras adentro y sólo porque es más barato afuera.

Las petroleras también claman por volver al reinado de los contratos entre privados, marginando la interferencia estatal. O, en palabras patronales, eliminando la discrecionalidad de los funcionarios de turno. "Al riesgo regulatorio no le entendemos muy bien y aplaudimos la decisión de liberar los precios", sentenció Gustavo Albercht, CEO de Wintershall, sumando su voz al coro de compañías que opinaron en ese sentido durante el reciente congreso de Argentina Oil y Gas 2017.

El comentario fue disparado por la atrevida pregunta del anfitrión del encuentro y titular del IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y Gas), Ernesto López Anadón, al panel integrado por los máximos representantes de esa firma, de Exxon, Daniel De Nigris, y PAE, Richard Spies: "¿Prefieren el riesgo de los precios libres o de los artificiales?".

Miguel Gutiérrez es uno de los más acérrimos defensores públicos de la contractualización del mercado energético, lo que supone liberarlo de la interferencia pública. Por eso le exigió públicamente a Juan José Aranguren eliminar el registro de importadores y la obligación de cortar el gasoil y la nafta con biocombustibles, que tienen precios regulados. Si hay libertad, que la haya en serio, es el mensaje del CEO de YPF.

Sin embargo, el Ejecutivo reclama que el fisco acuda al auxilio del mercado en caso de que el precio del barril y de los carburantes se encarecieran mucho, bajando los impuestos sobre estos productos. Eso aliviaría al consumidor de naftas. Pero, básicamente, le permitiría a las empresas subir los precios con más confort, ya que la amortiguación de esos aumentos quedaría en manos de la denostada administración pública. Para su dicha, Energía está trabajando exactamente en ese sentido.

Surgen dudas. Una es si las empresas querrán seguir siendo independientes de toda intervención aún si el barril derrapara a 30 dólares y se vieran en necesidad de bajar equipos y recortar personal. O cuando expire la resolución que garantiza un valor más alto para el gas no convencional hasta el 2021 si para entonces los costos de Vaca Muerta siguen siendo muy altos, como todo lo sugiere.

Fuente: Cronista

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