CANDIDATOS CORRUPTOS: ¿FRACASO DE LA JUSTICIA O DEL PUEBLO?

Reflexiones sobre imputaciones de José Nun a la Justicia de la Nación
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José Nun, ex Secretario de Cultura de la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner y en los comienzos del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, convertido, desde su alejamiento de la función pública en 2009, en un reconocido crítico de la gestión kirchnerista. Y en ese rol, ha producido una serie de afirmaciones que van desde la acefalía materialmente manifiesta por la que hoy atraviesa el partido justicialista hasta aseverar que la candidatura de la ex Presidenta para el cargo de Senadora de la Nación demuestra el fracaso de la justicia argentina.


Con respecto a esta última sentencia de Nun, creo que se equivoca, y mucho. Ya que no es la justicia la que fracasa cuando se presenta para disputar un cargo electivo una persona que tiene infinidad de cuestiones judiciales pendientes que se podría escribir todo un “tratado” con ellas, sino que quienes fracasan son los votantes si, finalmente, aquellos que están siendo investigados por la imputación de graves delitos durante el ejercicio de la función pública, son electos.


Este pensamiento deriva del razonamiento que a continuación paso a exponer.


Para resolver los conflictos que puedan originar las divergencias entre los diversos intereses sectoriales, y para evitar los abusos en que pueden incurrir los órganos del gobierno con motivo del ejercicio del poder, el Congreso debe estar dotado de la independencia y el prestigio suficientes que le permita desempeñar su actividad sin quedar sujeto a presiones ineludibles que desemboquen en una desnaturalización de sus funciones, o al deterioro de su autoridad por obra de la mediocracia.


Esa independencia procura ser garantizada a través de diversas disposiciones constitucionales. Algunas estableciendo las condiciones o requisitos de elegibilidad de los legisladores, las inhabilidades e incompatibilidades congresuales. Otras previendo las prerrogativas que amparan a los legisladores y al Congreso.


Las condiciones para la elección de los legisladores, sus incompatibilidades e inhabilidades tienen, como meta inmediata, el propósito de componer la integración del Congreso con aquellos individuos que, a criterio del cuerpo electoral, sean los más idóneos para reflejar el bien común entre todas las personas habilitadas para acceder a las bancas, y que no tengan conflictos de intereses políticos, materiales, jurídicos o éticos para desempeñar sus funciones con un grado de eficiencia razonable.


En el caso concreto de las incompatibilidades congresuales, son establecidas, en forma directa o indirecta, por las normas constitucionales con el objeto de impedir el desempeño simultáneo de la función legislativa y de ciertos cargos públicos o privados por hallarse el legislador en una situación material que repercute negativamente sobre una actuación eficaz o independiente.


En cambio, las inhabilidades son impuestas por la ley suspendiendo, transitoriamente, el ejercicio de derechos políticos por quien es alcanzado por ellas.


La interpretación de las condiciones, incompatibilidades e inhabilidades puede ser realizada con un criterio restrictivo o amplio. En el primer caso, su aplicación se limita a los supuestos previstos por la Constitución para las incompatibilidades, y por la ley para las inhabilidades, sin que sea viable su extensión por analogía. En el segundo, la aplicación se extiende a todas aquellas hipótesis en que, razonablemente, se pueda afectar el ejercicio independiente, eficaz o digno de la labor congresual, en cuyo caso, y ante la duda, corresponde hacer efectiva la incompatibilidad o inhabilidad. El primero de estos criterios es el que fue receptado por la doctrina constitucional, aunque no siempre por la jurisprudencia congresual.


Las incompatibilidades pueden manifestarse tanto antes como con posterioridad a la incorporación de la persona elegida para integrar alguna de las Cámaras del Congreso. Si es anterior, la incorporación queda condicionada a la desaparición de la incompatibilidad. Si es posterior, se impone la suspensión o el cese del mandato legislativo. En ambos supuestos, y considerando las particularidades del caso, cada Cámara decidirá sobre las consecuencias que traerá aparejada la incompatibilidad sobre el mandato legislativo.


Las incompatibilidades congresuales difieren sustancialmente de las condiciones que supeditan la elección de los legisladores. Las incompatibilidades afectan al individuo que fue elegido legislador, y que ya está incorporado o en condiciones de ser incorporado al cuerpo legislativo. En cambio, las condiciones de elegibilidad se refieren a los requisitos objetivos que debe cumplir una persona para ser elegida válidamente.


Una de las muestras más importantes de esa diferencia reside en las consecuencias que se derivan de una y otra situación. Así, la inelegibilidad es causal de nulidad de la elección viciada impide, en forma definitiva, el ingreso al Congreso del individuo electo. En cambio, la incompatibilidad genera una situación transitoria, en el curso de la cual la desaparición o subsistencia de la causal de incompatibilidad desemboca en la conservación de la banca, o en el cese del mandato legislativo.


Las condiciones para ser legislador, son los requisitos impuestos por la Constitución para que una persona pueda ser elegida o asumir una banca en el Congreso.


A través de una interpretación literal de los arts. 48 y 55 de la Constitución, se entiende que los diputados deben cumplir esos requisitos al momento de ser incorporados a la Cámara. En cambio los senadores deben satisfacerlos en el momento de la elección. Esa interpretación permitió la elección como diputados de personas que, tanto al momento de los comicios como al momento del comienzo de su mandato no habían cumplido veinticinco años de edad. A mi parecer, tanto los diputados como los senadores deben cumplir con los requisitos constitucionales al momento en que comienza su mandato. Exigir tales requisitos al momento de la elección —senadores— puede impedir la postulación de candidatos que cumplirán con ellos cuando se inicie el mandato. Supeditar el cumplimiento al momento de la incorporación del candidato electo —diputado— puede desembocar en la existencia de vacantes al comienzo del mandato correspondiente y durante un lapso posterior relativamente prolongado.


Las condiciones establecidas por los arts. 48 y 55 de la Ley Fundamental, tienen carácter objetivo. Se refieren a la edad, nacionalidad, lugar de nacimiento o residencia y, en el caso de los senadores, al hecho de disfrutar de una renta anual.


La verificación de estas condiciones debe ser hecha por los jueces electorales al momento de la oficialización de las candidaturas. Si se oficializa la candidatura de una persona que no cumple con los requisitos constitucionales, y ella resulta electa, corresponderá que las cámaras rechacen su diploma por aplicación del art. 64 de la Ley Fundamental.


Pero, al margen de los requisitos enunciados en los arts. 48 y 55, que no pueden ser ampliados por el legislador, el art. 16 de la Constitución impone el requisito de la idoneidad para el acceso a un cargo público. Se trata tanto de la idoneidad técnica como ética.


El único órgano constitucionalmente habilitado para expedirse sobre el cumplimiento del requisito de la idoneidad, es el pueblo en los comicios. Las cámaras, en ejercicio de la prerrogativa del art. 64, no pueden sustituir al pueblo en la apreciación de un requisito esencialmente subjetivo. Sí lo pueden hacer solamente cuando la ausencia de idoneidad es sobreviniente a la incorporación del legislador (art. 66 Constitución Nacional), pero no si es anterior porque sobre ella ya se expidió el pueblo.


Finalmente, con toda esta explicación, y teniendo en muy alta consideración que el soberano supremo es el pueblo, que el voto refleja la voluntad superiór que debe regir en toda democracia moderna, será solo la inteligencia del votante quien, en definitiva, va a decidir si un candidato es idóneo para ocupar un cargo elegible por el sistema de sufragio universarl. Querer desconocer este principio básico es desmerecer el acto mismo del sufragante, o, en otras palabras descalificar la soberanía del pueblo expresada en las urnas.


Las instituciones no son entidades que vienen de otras galaxias, sino que están compuestas por ciudadanos con capacidades y limitaciones idénticas a la de cualquier hombre de a pié. La justicia nunca fracasa. Las sociedades fracasan o, por el contrario, son exitosas. Todo depende de una valoración subjetiva de lo que se entienda por fracaso y por éxito.


Sentenciar y tirar frases efectistas lo hace cualquiera. Sostener esas sentencias o esas frases, por más lustre que tenga el personaje, es dar cabales explicaciones de su significado, su alcance y su sentido.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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