¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE DESTITUIR A ALEJANDRA GILS CARBÓ?

El apego irrestricto al Estado de Derecho resulta fundamental para consolidar el "cambio" que la Argentina necesita
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Desde que Mauricio Macri asumió como Presidente de la Nación, mediante el voto popular que lo consagró para el ejercicio de la más alta magistratura de la República, en segunda vuelta, era harto conocido que iba a tener que lidiar con funcionarios que respondían, ideológicamente, a la anterior administración kirchnerista del país, y que su remoción de cargos de vital importancia para el funcionamiento de las instituciones del Estado le iba a traer más de un quebradero de cabeza.

A sólo trece días de haber comenzado su mandato, el flamante presidente Mauricio Macri dispuso, por decreto, la intervención de la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual (AFCA). El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, dio a conocer la medida mediante una conferencia de prensa, aduciendo que las autoridades del AFCA habían cometido un acto de “rebelión” y que su Director Ejecutivo Martín Sabatella era un “militante político”. De nada sirvió la resistencia que opuso Sabatella a la medida, ya que el grueso de la dirigencia política nacional estaba en su contra, y fueron pocas las voces que consideraron su destitución como un acto contrario a Derecho.

Muy diferente es el caso de la actual Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien es la jefa de todos los discales federales, y en ese sentido ocupa uno de los puestos de mayor relevancia para el correcto desempeño de una institución que es, nada más y nada menos, que la encargada de investigar y, en su caso, elevar a juicio los más resonantes casos de corrupción cometidos durante los 12 años en que el régimen kirchnerista ostentó el máximo poder en el país.

La militancia política de Gils Carbó es pública y notoria, así como sus maniobras para obstaculizar la labor de fiscales que intentan poner en el banquillo de los acusados a ex funcionarios que gozaron de una impunidad sin precedentes durante más de una década. Conocidas son las presiones y hasta las sanciones que debieron soportar, por parte de la jefa de los fiscales, quienes osaron rebelarse contra su autoridad y sus tácitas ordenes para que ciertos personajes no fueran “molestados”.

Las denuncias hechas por estos fiscales, en contra de su jefa, que tuvieron más repercusión en el ámbito de los medios de comunicación que en la propia justicia, expresan de manera más que elocuente el gran poder con que cuenta esta funcionaria para seguir siendo una enorme “piedra” en los zapatos del Presidente de la Nación que más le molesta y preocupa.

Pero, para un gobierno que se precie de ser respetuoso del sistema que representa, remover este tipo de “indeseables” no es cosa fácil.

Para todos los gobernantes y funcionarios está previsto un procedimiento de destitución. En algunos casos, como en el del presidente y vicepresidente de la República, jefe de Gabinete, ministros, jueces y legisladores nacionales, el procedimiento está previsto en la Constitución Nacional.

Para la remoción del presidente, vice, jefe de Gabinete, ministros y jueces del máximo tribunal, debe realizarse un juicio político (en el caso de los ministros y jefe de Gabinete, además, el presidente puede removerlos por decreto). Para la destitución de los jueces nacionales inferiores, se aplica un procedimiento de remoción en el que participan el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento; y en el caso de los legisladores, son removidos por decisión de los dos tercios de los votos de la cámara a la que pertenecen.

Es extraño que la Constitución Nacional, que desde 1994 dio al Ministerio Público jerarquía de órgano de gobierno y asignó a sus máximas autoridades (el Procurador General de la Nación –jefe de los fiscales– y el Defensor General de la Nación) los mismos fueros que a los legisladores (inmunidad de arresto y de expresión), no haya previsto cuánto tiempo duran en su cargo ni el procedimiento para su destitución. En este aspecto, es la Ley 24.946 la que establece que a estos funcionarios se los destituye mediante un juicio político (Art. 18) y que permanecen en su cargo mientras dure su buena conducta (Art. 13). Pues ello no parece ser inconstitucional, en la medida en que la norma sólo reglamenta un vacío de la Ley Suprema sobre tan relevantes cuestiones.

Si bien es cierto que la Procuradora General de la Nación fue designada conforme al procedimiento formal previsto en dicha norma (designación del Presidente de la Nación con acuerdo del Senado) y que tiene estabilidad en el cargo según lo establecido en la ley referida, si a la manifiesta hostilidad para con las investigaciones arriba relatadas se le suma que ella misma está siendo sospechada de haber cometido delitos de corrupción, su remoción se torna inminente y de extrema urgencia.

Es por ello que las autoridades, sabiendo que sólo pueden destituirla mediante juicio político y que lograr el quórum para ello (dos tercios de cada cámara) será muy difícil, han pensado en removerla mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La realidad es que el acto de destitución pretendido no puede ser llevado a cabo a través de un decreto de esa naturaleza; pero sí es posible, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, modificar el procedimiento de destitución previsto en la Ley de Ministerio Público.

En efecto, la Constitución Nacional habilita el dictado de ese tipo de decretos, a través de los cuales el presidente se atribuye potestades legislativas (en este caso sería la de modificar el sistema de remoción del Procurador General de la Nación y del Defensor General), en la medida en que todos los ministros lo apoyen con su firma y que luego el Congreso lo apruebe, previa intervención de una comisión bicameral integrada por ocho diputados y ocho senadores. Y para lograr la aprobación del Congreso, tal como lo prevé la Ley 26.122, es suficiente la voluntad de una sola cámara.

Había resultado saludable para el sistema republicano de gobierno que los funcionarios que hicieron prevalecer ideologías y banderías políticas por sobre criterios de independencia funcional, ante un cambio de gestión, hubiesen tenido la honradez intelectual de apartarse voluntariamente, evitando que se pongan en funcionamiento mecanismos de emergencia que siempre provocan heridas en el funcionamiento de las instituciones.

Pero, en 17 meses de administración de “Cambiemos”, es notoria la campaña de desprestigio y de “chicanas” a las que debió y deberá enfrentarse el actual Gobierno, por parte de aquellos que cometieron toda clase de delitos en contra del erario público, y que no están dispuestos a hacerle fácil la tarea, sino todo lo contrario.

Por ello mismo, tanto el Presidente de la Nación como sus colaboradores más cercanos, deberán poner un cuidado especial para no cometer ningún tipo de error, ya sea en lo funcional como en lo material, si quieren que la reacción a cualquiera de las medidas requeridas resulte lo menos dolorosa y problemática posible.

De no ser así, si se hicieren las cosas sin el mayor apego a Derecho, o con desprolijidades que ya se supieron cometer en ocasiones pasadas, siempre será un punto de conflicto y dará tela para que se hable de “persecución política”, cuando, en realidad, solamente se está persiguiendo a simples delincuentes que usaron el poder, de la manera más inescrupulosa que se pueda imaginar, para engrosar sus abultadas cuentas bancarias.

Vivimos en un sistema democrático de Gobierno y en un pleno y acabado Estado de Derecho. Por fin, después de tantos años, podemos decir que Argentina ha vuelto a ser un país normal, que puede codearse, de igual a igual, con las demás naciones de planeta que respetan a rajatablas la institucionalidad y la legalidad.

Es por esto último, para poder decir que la administración de “Cambiemos”, a producido un verdadero “cambio” en el país, que la prolijidad con que se tomen este tipo de medidas se torna de una importancia sin precedentes para el futuro de la Nación.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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