EL "JUICIO POR JURADOS"

Nociones básicas de un instituto democratizador de la justicia penal

Con el resonante caso del hoy condenado a la pena de cadena perpetua, Fernando Farré por el alevoso asesinato de su esposa, los medios de comunicación le han dado vasta cobertura a un instituto del Derecho Penal que los argentinos estábamos acostumbrados a verlo en películas y viejas series norteamericanas, y que creíamos que nuestra legislación nacional no lo contemplaba.

Sin embargo, el “juicio por jurados”, que es el instituto al que hoy quiero referirme, goza de larga vida en nuestro sistema jurídico, ya que su implementación ha estado contemplada desde la sanción y entrada en vigencia de la Constitución Nacional de 1853, si bien existen antecedentes anteriores en las fallidas Constituciones e 1819 y 1826.

Pero, al ser ésta una normativa sujeta a una ley que la regule, por razones políticas ha tardado más de 160 años en poder verse reflejada en un caso tan resonante y de tanta repercusión pública como el del “caso Farré”. Si bien, es de aclarar, que ya existían en nuestro país jurisdicciones provinciales, como la de Córdoba, en donde este sistema para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona fue utilizado en varias oportunidad, pero sin la publicidad que el femicidio perpetrado por Fernando Farré le imprimió.

Según Víctor Irurzun: “El jurado es el contralor de la función judicial, es el modo de superar la legislación inquisitiva, hace a la publicidad republicana, a la oralidad, a la inmediación del juez con la prueba y permite valorar la realidad social”.

Podemos definir así al juicio por jurados, como el instituto que permite la participación ciudadana dentro del proceso penal con la función de determinar el estado procesal del imputado decidiendo sobre su culpabilidad o no culpabilidad, sólo a través de la valoración de hechos y pruebas y no del derecho, facultad que continúa en manos del juez. Es decir, el juicio por jurados aparecería como un medio para limitar el monopolio de la justicia, y como una garantía para el imputado de ser juzgado por sus pares.

Al hablar del jurado debemos decir que es la institución para la participación de los ciudadanos en la administración de justicia, mediante la cual personas designadas por sorteo contribuyen al enjuiciamiento de determinados delitos, a través de un veredicto relativo a la prueba de los hechos. Son ciudadanos comunes de la circunscripción territorial en la que tuvo lugar el hecho. El nombre o la designación de la palabra “jurado” deriva en el hecho del juramento que presta cada uno de los futuros integrantes de esta institución, para desempeñar el rol para el cual fueron electos. O sea evaluarán los hechos llevados a la sala del tribunal de acuerdo a su sana crítica, y juzgarán si el imputado es culpable o no culpable en su veredicto.

En otras palabras se podría decir, que el principio de la mayoría, básico para el concepto de democracia, aún no ha calado lo suficiente en la estructura actual del poder judicial. Si bien no es totalmente idóneo decir que el jurado traduce esa representatividad, esta institución que está conformada por funcionarios públicos ocasionales o accidentales (ya que no gozan de un cargo público permanente) se puede sostener que los jurados representan la participación y la responsabilidad de personas comunes que hacen a un Estado democrático, lo cual asegura la profundización de este sistema y redobla su apuesta por un Estado Constitucional de Derecho. El jurado, políticamente, no es otra cosa que la exigencia, para los funcionarios permanentes que tienen en sus manos la decisión de aplicar la pena -máxima herramienta de coacción estatal- para lograr la aquiescencia de un número de ciudadanos mínimo, que simboliza, de la mejor manera posible la opinión popular en una sociedad políticamente de masas. En todo caso, esto constituye un freno político para la arbitrariedad de funcionarios públicos permanentes que tienen el monopolio de la aplicación del poder coactivo estatal en sus manos, siendo la opinión vinculante del jurado quienes los autoricen o no, aun en contra de la ley, a la implementación de la pena.

El juicio por jurados reviste la naturaleza de una garantía para el enjuiciado, porque responde al garantismo que surge de la constitución, y porque el constituyente cuando dio recepción al jurado le atribuyo ese carácter específico (artículo 24). De esta manera, se deja de lado la postura que afirma que el juicio por jurados es una simple modalidad de enjuiciamiento.

Además podemos observar que el juicio por jurados aparece referido en la segunda parte del texto de nuestra constitución, designada “Autoridades de la Nación”, donde se fija que es atribución del Congreso dictar las leyes necesarias para su implantación (artículo 75, inciso 12) y que es ése el modo en que deben concluir los juicios criminales ordinarios (artículo 118). Pero también la referencia de dicha institución se encuentra en la primer parte, designada “Declaraciones, derechos y garantías”. El artículo 24 dice que “El Congreso promoverá… la implantación del juicio por jurados”. Es por eso que aun más concluimos con la posición de que el juicio por jurados es una garantía que resguarda el derecho a ser juzgado por sus pares, y que no se refiere a una estructura organizativa o modalidad de las autoridades que ejercen el poder jurisdiccional.

El juicio por jurados de esta manera es una garantía penal, y como toda garantía penal, según Luigi Ferrajoli, su función es de cierto modo la de deslegitimar la potestad punitiva, y teniendo como una de las tantas finalidades, la de la protección del más débil (porque ya no va a ser juzgado por una sola persona, sino por representantes del pueblo, evitando de esta manera decisiones arbitrarias).

La implementación del juicio por jurados conlleva a la democratización de la justicia y aumenta la representatividad de los ciudadanos. Desde el inicio, los constituyentes de 1853 aspiraron a lograr que este instituto perdure en el tiempo. Para ello es necesario, hoy en día, brindarle al poder judicial su legitimidad política e institucional como también otorgarle al pueblo la posibilidad de ejercer su legítimo derecho de intervenir en la administración de la misma.

Para lograr una adecuada administración de la justicia que satisfaga las necesidades actuales del pueblo, es necesario imponer un medio de control popular que lo da únicamente el jurado. Este generará la integración de la sociedad al sistema judicial, dándole más confianza al mismo y haciendo de este un sistema ágil, eficaz y democrático. Frente a la posible falta de independencia del poder judicial respecto de los demás poderes del estado, al rigorismo burocrático y al excesivo formalismo positivista, la respuesta de este instituto es lograr la mejora y flexibilización a través de la descorporativización.

Sin dudas que el efecto positivo que trae a la sociedad la implementación del juicio por jurados es el de volver a creer en el poder judicial, evitando que de maneras reiteradas se produzcan hechos de violencia por parte de la sociedad en la búsqueda de justicia como respuesta a un delito o crimen, en otras palabras, no podemos retroceder socialmente hacia la implementación de la ley del talión por la falta de legitimación que atraviesa la justicia penal.

El juicio por jurados garantiza la calidad institucional, la participación del pueblo y el control del ciudadano hacia el poder judicial, logrando de esta manera imparcialidad, transparencia, legitimidad como resultado de las decisiones tomadas por nuestro pueblo y eficacia en la intervención del sistema penal.

Recordemos que el poder reside en el pueblo y el pueblo, a través de su voto, le ha conferido el poder a los poderes ejecutivo y legislativo, no así al judicial. Pues entonces, la implementación del juicio por jurados sería la llave secreta para que se lo democratice finalmente, al menos en lo que al Derecho Penal se refiere, a través del ejercicio de la ciudadanía plena.

Para finalizar, es oportuno citar a Carbajal Palacios, quien expresa: "No se requieren conocimientos científicos ni intelectualismos peligrosos para el ejercicio de la justicia; sólo se requieren hombres probos, sinceros, conscientes de su responsabilidad que traduzcan en sus veredictos la conciencia social, la conciencia del pueblo. O sea, el conocimiento de los jurados no debe versar sobre el derecho sino sobre la vida, sobre los hechos aprehensibles por los sentidos”.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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