LA LEY EN SOCIEDADES DESIGUALES

La "inpunidad estructural" y el descrédito normativo en América Latina

No es fácil creer en la ley en América Latina. No es fácil hacerlo cuando ella convive tranquila, y a veces sin inmutarse siquiera, con situaciones de desigualdad, exclusión y pobreza que poco tienen que ver con la igualdad, la libertad y la dignidad de los seres humanos y menos aún con la pretensión de generalidad de la ley. Más difícil todavía es argumentar a favor de ella. Si se trata de una persona joven, quizás de una o varias generaciones enteras, que no han tenido experiencia directa de las dictaduras militares y los momentos de gran opresión, la ley y el Derecho pueden llegar a ser palabras sin sentido, meras fórmulas vacías que justifican el trabajo del abogado, pero que a nadie conmueven. De un modo u otro, la lucha por el cumplimiento de la ley no entusiasma a grandes sectores sociales y en especial a las nuevas generaciones. Para otros tantos, es una palabra bonita o “seria”, pero que carece de fuerza política. En el mejor de los casos, un ideal ético o una buena costumbre que habla bien de quien cree en ellas pero que a nadie perturba o moviliza con profundidad.


La perdida de la fuerza política de la ley o, lo que es lo mismo, la perdida de su fuerza normativa, es una de las grandes calamidades de nuestra región, una verdadera peste, que todos conocemos con el nombre de “impunidad estructural”. Esta impunidad, a la que ya nos hemos acostumbrado, es la contracara de la República, porque encubre al poder concentrado y su distribución de privilegios; es la contracara de la democracia, porque torna inútil los pactos políticos y la actividad parlamentaria y es la burla más hiriente del Estado de Derecho porque lo convierte en una fachada o una máscara que oculta el abuso de poder. Se podrá decir que esta descripción es exagerada o puramente literaria y que nada es blanco o negro en los procesos sociales o políticos. Por supuesto que es así. La realidad es variopinta, pero de lo que se trata es de abandonar el tono neutro y tímido y falsamente académico cuando hablamos de los problemas del cumplimiento de la ley y recuperar el “lenguaje fuerte o recio” que usaban quienes realmente creían que la ley podría ser un instrumento idóneo para la construcción de una sociedad republicana, democrática, regida por la razonabilidad de la actuación pública y al servicio de la igualdad y la libertad de todos los hombres y no sólo de algunos. Verdades e ideales de a puño, que nos hemos acostumbrando a convertir en frases de cortesía o notas al pie de página.


Es común atribuir este problema a un defecto de los ciudadanos. La falta de educación cívica, las tendencias autoritarias o populistas que nacen de la propia cultura, la comodidad de la sumisión, el sentido mesiánico que produce lideres carismáticos, el egoísmo, la desarticulación social, el analfabetismo y otros males de la gente son los que causan este descreimiento ante la ley. Por el contrario, las personas cultas, los líderes políticos, los intelectuales comprometidos, los sectores empresarios, los funcionarios del Estado y otros grupos sociales con “conciencia cívica”, son quienes proclaman el cumplimiento de la ley. En los últimos tiempos esto se ha intensificado con los reclamos de seguridad jurídica que provienen de muchos de esos sectores, como una condición ineludible del crecimiento y el desarrollo social. Nada más alejado de la realidad. En un sentido o en otro. Justamente son los sectores dirigentes de nuestras sociedades quienes proclaman la inutilidad de la ley (que muchos de ellos provocan o agravan) o se han acostumbrado a convivir con instituciones que no se aplican, se aplican malamente o de un modo totalmente distorsionado.


Ello podría haber generado una sociedad con pocas leyes y con pocos discursos “institucionalistas”. Pero no es así. Al contrario, vivimos en una sociedad donde el incumplimiento sistemático de la ley se oculta tras una cortina de normatividad profusa. Muchas leyes que nadie conoce y nadie aplica. Un orden jurídico “gaseoso”, una producción normativa descontrolada y muchas veces irresponsable y una técnica legislativa confusa y favorecedora de la litigiosidad. Tras esta cortina de humo, producida por la “inflación legislativa”, ha nacido, crece y se reproduce la sociedad de privilegios, cuya peor versión es la exclusión social de grandes sectores de la población y cuya mayor insensatez es la exclusión, a veces masiva, de las nuevas generaciones.


El ciudadano común que no cree en la ley y desconfía de los sistemas judiciales tiene muy buenas razones para hacerlo. Solo le basta mirar a su alrededor. Allí descubrirá que los derechos más elementales no se cumplen. Por ejemplo, que las Constituciones obligan, bien o mal, a una salario digno y luego las condiciones de trabajo son lindantes con la esclavitud. O que la niñez está protegida por códigos enteros y luego pocos pueden ir a la escuela y muchos deben trabajar o conseguir su sustento en las calles. O que se proclama el derecho a la salud y luego, si no se habita en las grandes urbes, no hay un hospital donde ir. Se proclama la igualdad de la mujer y la vida cotidiana la desmiente cotidianamente. Las leyes obligan a pagar impuestos que no se pagan. Obliga a imponer castigos que no se imponen o no se cumplen. Todo esto en un nivel muy básico y muy evidente. Se dirá, y es un tema central de discusión política en América Latina, que nuestras leyes no tienen sentido de realidad o que existe una discordancia fundamental entre la visión del hombre de la legislación y la concepción de la actividad económica. Se dirá también que, en realidad, las condiciones de producción de riqueza hoy permiten cumplir con lo que las leyes proclaman, pero el grado de desarrollo ético de la sociedad es muy distinto a su capacidad tecnológica. En fin, se puede discutir este problema desde muy variados ángulos, pero todos ellos parten de una evidencia, casi física, de que muchas leyes elementales y fundamentales no se cumplen, se hace poco para hacerlas cumplir y ya estamos acostumbrados a que esto sea así. Este ciudadano que observa sin mucho esfuerzo esta realidad, si agudiza su mirada, podrá observar que además muchos leguleyos justifican estos incumplimientos e, incluso, llegan a construir teorías prestigiosas para demostrar que es correcto que no se cumplan o explican el Derecho sin advertir el carácter estructural de su ineficacia.


Este fenómeno puede llevar a situaciones límite. Como señala Carlos Nino, “la existencia en la sociedad argentina de una pronunciada tendencia general a la ilegalidad y a la anomia resulta bastante fácil de percibir. Es suficiente con tener presente la forma en que se violaron masivamente los derechos humanos en la década del 70 a través de un terrorismo de Estado que desconoció la propia legalidad impuesta por el régimen militar”. Palabras más o palabras menos esta descripción se puede aplicar a casi todos los países de América Latina. No sólo hemos tenido una historia de dictaduras y golpes de Estado, de quiebres institucionales variados y de violencia, sino de dictaduras que no respetaban sus propias reglas, de regímenes fraudulentos que terminaban por hacerse trampa a sí mismos, de ordenes jurídicos construidos a fuerza de decretos del Poder Ejecutivo o leyes de privilegio, que luego tampoco se cumplían, en un juego de espejos al infinito, que marca la profundidad y la gravedad del incumplimiento de la ley en nuestra región.


La contracara de esta realidad anómica es la debilidad de nuestros sistemas judiciales. Debilidad de la ley y debilidad de los jueces son dos miradas sobre el mismo fenómeno y es muy difícil saber cual comenzó primero. La debilidad del Poder Judicial en América Latina es histórica y responde a su proceso de formación institucional. La “justicia del rey”, trasladada por españoles, portugueses y franceses, ratificada a lo largo de las centurias, funcional a los intereses coloniales y a la concentración del poder, nunca fue pensada para convertirse en una justicia republicana, que hiciera cumplir la ley. Así lo dice Francisco Tomás y Valiente: “El rey es el principio y referente de toda actividad de poder y quien tenga poder (ya sea de justicia o de gobierno, conceptos entonces no diferenciados) los tiene porque del rey le viene (...) lo que el rey ha delegado es revocable en cualquier momento, ya se trate de la enajenación o venta por precio de un oficio –el rey siempre podía recuperarlo -, ya se trate de una delegación concreta en un órgano permanente. Es decir, el rey retiene en sí mismo la justicia y con ello la posibilidad de avocar para sí cualquier proceso, cualquier asunto de justicia aunque esté atribuido a otros órganos de la administración” .


A lo largo de nuestra historia institucional esta dependencia originaria fue acentuándose. Los caudillos y presidentes manipularon a los jueces y los jueces se dejaron manipular. Los Tribunales Superiores avalaron las dictaduras militares y éstas sostenían a tribunales que les daban cierta legitimidad superficial. Ocurrieron matanzas memorables, golpes de Estado cruentos, rebeliones, alzamientos, opresiones, se firmaron contratos que establecieron privilegios irritantes para empresas extranjeras, se mantuvo la servidumbre hasta bien entrado el siglo XX, se expropió ilegalmente, se usurparon tierras, se mató, ejecutó o desaparecieron los ciudadanos y el Poder Judicial siempre se mantuvo al margen, entretenido en el lento tramitar de expedientes polvorientos, en la repetición mágica de fórmulas vacías, en una crueldad convertida en rutina. Hubo jueces que se rebelaron frente a esta situación, pero fueron echados, encarcelados, asesinados o repudiados. El propio sistema judicial se preocupó de marginar a quienes no aceptaban esta situación y de volver sumisos a quienes pretendían renovar la cultura judicial. Hoy, transitando la segunda década del siglo XXI, nos encontramos con una administración de justicia tan débil como entonces y todavía poco dispuesta a construir su verdadera fortaleza.


Se impone, pues, a modo de conclusión: los ciudadanos tienen muy buenas razones para desconfiar de la ley y de los jueces. No se trata de un “defecto” de la educación cívica. Al contrario, esa desconfianza se nutre de una decisión racional, a la cual llegaría sin dificultades cualquier analista experto: en las actuales condiciones institucionales de América Latina quien apueste a la ley y al funcionamiento de los sistemas judiciales asume riesgos que no son razonables. Es altamente probable que ellas no funcionen o lo hagan de un modo tardío o las decisiones finalmente sean arbitrarias. Si se trata de sectores sociales débiles, con escaso margen para la perdida y la recuperación, esa decisión puede ser más irrazonable todavía. Se ha invertido, entonces, la fórmula básica del Estado de Derecho, que ahora dice: “cuanto más débil es una persona o un sector social, más irrazonable es que confíe en la ley y los tribunales, para la consecución de sus intereses o la satisfacción de sus necesidades”.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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