La Corte en problemas: Recalculando puede provocar el ridículo

POLÍTICA 15/05/2017
La gente K continúa la presión ante un gobierno que, por algunos complejos inexplicables, es presionable desde la izquierda más que desde la derecha

Curiosa la sociedad en la que las grandes decisiones pasan por quienes pueden conseguir entre 50.000 y 60.000 personas para llenar el espacio público Plaza de Mayo, y desde ahí definir el pensamiento y la acción de 42 millones de personas. La sociedad argentina tiene alguna dificultad para expresarse donde corresponde: el sufragio, y ni siquiera exigió que se agilice la consulta popular, quedando a merced de los grupos de presión y el volátil humor popular. Mucho más complicado le resulta debatir los grandes temas con cierto rigor intelectual. Esto sucede con la cuestión denominada "de lesa humanidad", en la que ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación intentaría retroceder cuando el costo político ya lo pagó, si de eso se trata el recule, y corre el peligro de quedar como un apéndice del humor del Ejecutivo Nacional, cuando se esforzó por afirmar que ahora sí era una Corte independiente.

De acuerdo a Julio Blanck, en el diario Clarín, Ricardo Lorenzetti iba a votar según pretendía el Ejecutivo Nacional, que -según Rosendo Fraga, promovió el fallo para asegurar 1 millón de votos (que ahora puede perder)- pero cuando descubrió que la mayoría ya estaba asegurada decidió 'salvar el pellejo'.

De confirmarse la frivolidad y pequeñez ética, es evidente que la Justicia argentina 2017 nada tiene que ver con el concepto moral que hizo famoso al rey Salomón. Alguien con formación teológica recordaría Isaías 64:6 ("Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento"). Hay fallos escritos de una manera y de otra, a la vez, y el magistrado decidirá cuál utiliza según su conveniencia personal. Terrible para una sociedad que observa, con creciente desconfianza, el comportamiento de sus instituciones.

De acuerdo a Martín Granovsky, en el diario Página/12, el origen del fallo fue el ministro de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien tiene línea directa con la Casa Rosada, que luego le quitó el apoyo al fallo, promovió una ley de la Nación aclaratoria y hasta rectificatoria, y ahora exigiría un nuevo fallo de la Corte en otra de las muchas causas que andan por el quinteto a cargo del Poder Judicial.

Curioso lo de un hombre K como Granovsky, quien, además de establecer como un consenso nacional la causa de los derechos humanos tal como la contaron los K durante 12 años, un delirio conceptual sólo sostenido por quienes creen que una Plaza de Mayo es un país (y esto vale también para el PRO y su #1A), termina poniendo el acento en un integrante del equipo de letrados, Federico Morgenstern, el hombre que pudo cortar la tela pero no hacer el sastre y mucho menos vestirlo.

Muy importante lo de Mariano Spezzapria en el diario platense El Día: la Casa Rosada reaccionó según las encuestas y no el Derecho: el PRO carece de ideología, ¿cuál es la novedad que propone a la política argentina?

Casi increible lo de Eduardo van der Kooy en Clarín: Mauricio Macri no sabía nada de todo esto (¿sigue siendo el presidente de Boca Juniors o llegó a la Nación?) pero parece que sus colaboradores sí y hasta Elisa Carrió.

Aquí ambos aportes dominicales.

Comencemos por Blanck:

"(...) El martes (N. de la R.: 09/05), en la severa Sala de Acuerdos, Lorenzetti logró disimular la satisfacción por la parábola que lo terminaba reposicionando en el centro de gravitación de la Corte. No le costó demasiado hacerlo: es un hombre habituado a controlar al máximo sus emociones. Sus enemigos, que no son pocos ni poco influyentes, le reconocen un manejo florentino de las intrigas de palacio. El fallo que salió por 3 votos contra 2 lo había encontrado del lado perdedor. Pero Lorenzetti no había hecho demasiado para impedirlo cuando vio la determinación de sus colegas. Calculó, mejor que esa mayoría circunstancial, que la decisión terminaría sumergiendo en una ola de descrédito a quienes la apoyaran, y que estaba destinada a desatar una reacción adversa poderosa y extendida.

Así fue y así será, por mandato de la conciencia democrática de los argentinos, cada vez que se vislumbre la posibilidad de atenuar la condena que merecieron quienes violaron derechos humanos durante los años del terrorismo de Estado.

Con el mismo instinto político que Lorenzetti actuó el juez Juan Carlos Maqueda. En las tres semanas previas al fallo, cuando el tema se estaba tratando internamente en la Corte, los dos advirtieron a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco sobre la tormenta que iban a desatar. También hubo aviso al Gobierno. No fueron escuchados. Un impulso más fuerte guiaba a quienes estaban dispuestos a sacar el fallo a como diera lugar.

Una ley no escrita de la Corte indica que la agenda del tribunal la marca el presidente. Es quien determina, por lo tanto, cuando sale cada fallo. Lorenzetti no actuó con inocencia: hizo un cálculo de ganancias y pérdidas puso el 2 x 1 en la grilla de salida aunque él quedaba del lado de la minoría. Usó como palanca el apuro de sus colegas y la desaprensión y falta de sensibilidad política del Gobierno, que nunca midió cuánto podía impactar este tema. Cuando el fallo se estrelló contra la pared sólida del rechazo social y político, Lorenzetti volvió a ser el eje central buscando una salida al embrollo por encomienda de los mismos que habían impuesto la decisión. Aunque el costo para el tribunal resultó muy alto y el desgaste para sus integrantes todavía es difícil de medir por su extensión y profundidad. Y eso también lo afecta y lo desgasta. (...)".

Martín Granovsky en el diario Página/12:

"(...) Rosenkrantz parece entusiasmado con su papel revisionista en materia de derechos humanos. Hasta dejó estampada su huella en el trámite interno de la Corte antes del fallo que confirmó la reducción de condena para Luis Muiña, miembro de un comando que operó en el Hospital Posadas de Haedo en marzo de 1976.

La huella de Rosenkrantz se llama Federico Morgenstern, un integrante de su equipo de letrados. Los letrados se encargan de investigar la jurisprudencia y redactar los borradores del voto que luego corrige y firma el ministro. 

Morgenstern es un abogado que trabajó como prosecretario de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal junto con Martín Irurzun. Cuando Rosenkrantz fue ungido ministro de la Corte se lo llevó con él. Es uno de sus prosecretarios letrados.

Desde 2011 en la Corte Suprema los expedientes internos previos a un fallo recorren un circuito que va quedando registrado en el sistema informático.

El sistema tiene una cara accesible al público y otra restringida. PáginaI12 tuvo acceso a la parte restringida. El 28 de septiembre de 2016 se produjo una novedad que aparece registrada con la palabra “información”. Y al lado puede leerse: “Asignar proyectista: Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vocalía número 4: 20288020648. Morgenstern Federico”.

El proyectista es el secretario o prosecretario letrado que se encarga de darle forma al voto.

Funcionarios del Poder Judicial que pidieron reserva de su nombre explicaron a Página/12 que habitualmente la identidad del proyectista es conocida en la Corte pero no queda inscripta. Dijeron estar muy asombrados por el caso de Morgenstern, que además aparece con su número de CUIL completo.

“O alguien que no simpatiza con Rosenkrantz ni con Morgenstern lo quiso dejar estampado para embromarlo, o alguien que sí los quiere lo dejó asentado para que el prosecretario se gane el bronce”, fue la especulación de uno de esos funcionarios. Una tercera chance es que el propio Morgenstern haya querido pasar a la historia. (...)

Morgenstern se hizo famoso entre los abogados cuando publicó en 2014 su libro “Cosa juzgada fraudulenta”, una teoría útil para reabrir causas sobre presuntos actos de corrupción que hubieran sido cerradas por la Justicia.

El prólogo es de Rosenkrantz. Escribió que para Morgenstern la doctrina de la cosa juzgada írrita, como se llama en la jerga, debería ser usada cuando la investigación judicial no hubiese buscado la verdad sino directamente el sobreseimiento del procesado. Otra condición sería la inexistencia de riesgo de condena.

Un párrafo que Rosenkrantz rescata es el que sostiene que “en las últimas décadas” el verdadero peligro no es el Estado. “Es bastante mayor el peligro de la impunidad que (el peligro de) la sujeción a la tiranía estatal”, dice el actual proyectista del fallo sobre el dos por uno a un torturador. Lo más parecido en la historia argentina a una “tiranía estatal” fue la dictadura que gobernó entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. (...)".

Mariano Spezzapria en el diario El Día, de La Plata:

"Las encuestas de urgencia que recibieron el Gobierno y también algunos sectores de la oposición no dejaron lugar a dudas: el 85% de los consultados rechazaba el fallo de la Corte Suprema que benefició con la Ley del 2x1 a un represor de la dictadura. Los sondeos también registraron un apoyo de sólo el 10%. La discusión jurídica quedó entonces en un plano totalmente secundario.

Por eso Cámara de Diputados primero y luego el Senado sancionaron, en dos días, una nueva ley que establece la interpretación que los jueces deben darle a este tipo de casos, sin margen para la ambigüedad. Mientras que el Gobierno corrigió el curso de su silencio original y planteó un rechazo abierto al fallo, pese a que en forma subterránea hubo movimientos en sentido contrario.

Las versiones que rodaron desde el Palacio de Tribunales -sede de la Corte- hacían mención reiteradamente los nombres de “Pepín” Rodríguez Simón y José Torello, asesores directos del presidente Macri, como impulsores de la aplicación del 2x1 para los ex militares detenidos por delitos de lesa humanidad.

En medio de semejante tembladeral, los jueces de la Corte acordaron empezar a tratar en la semana que comienza los 15 casos que tienen en carpeta, similares al que los llevó a fallar sobre el represor Luis Muiña, que actuó en el Hospital Posadas de Morón. Uno de esos expedientes será, finalmente, el que le permitirá al tribunal emitir un fallo rectificatorio, aplicando la nueva ley. (...)".

Eduardo van der Kooy ratificando lo del peso en las encuestas, por sobre lo jurídico:

"(...) ¿Qué razón fuerte pudo haber inducido a los miembros del máximo Tribunal a emitir un dictamen controvertido y disruptivo para la sociedad?

El enigma se circunscribe antes a la determinación política que a la sustancia del fallo. Los cinco jueces, aún desde visiones de jurisprudencia bien distintas, fallaron bajo la sombrilla del derecho. El propio Congreso lo convalidó cuando consideró imprescindible reglamentar el dos por uno en los casos de delitos de lesa humanidad. Existía un vacío, según proclamó Elisa Carrió. El interrogante que permanece es si la enmienda no derivará en nuevas controversias judiciales.

La Corte dispone de por lo menos 25 causas anexas a la del caso Muiña para considerar en el futuro. Varias de ellas más urgentes que la que provocó el escándalo. Por un detalle: el ex represor que tomó notoriedad gozaba de libertad. Otros continúan encarcelados y algunos en delicado estado de salud.

La reconstrucción de la historia reconoce dos estaciones. En la Corte fue Carlos Rosenkrantz, uno de los nuevos miembros, quien dio impulso a la cuestión. Carrió venía prestando mucha atención a la misión sigilosa de la Conferencia Episcopal para el llamado a una reconciliación nacional amplia que, saltó a la vista, requiere aún para cristalizarse un tiempo largo de maduración.

La diputada mantiene un vínculo excelente con Fabián Rodríguez Simón, legislador del Parlasur. Considerado en el oficialismo como el cerebro jurídico de Macri. Aunque a veces atorado: fue quien en el arranque del mandato lo indujo a ensayar por decreto las designaciones en la Corte de Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Una audacia que derivó en un incordio y recule del Gobierno. Rodríguez Simón hace tándem en el Parlasur con Mariana Zuvic, discípula de la líder de la Coalición.

Rodríguez Simón es un frecuente interlocutor de Rosenkrantz. A Carrió siempre le atrajo la compostura de Rosatti. En especial, su modo de haber abandonado al kirchnerismo. Resistiendo presuntos actos de corrupción. Las señales de ambos, tal vez sobrevaluadas por los jueces, habrían amalgamado el fallo al cual se sumó Elena Highton. Los tres presentaron a Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda el hecho consumado. No estaba en juego sólo la resolución de un hecho jurídico: aquella asociación alteró también la lógica de las mayorías que el titular de la Corte venía desde hace mucho administrando con éxito. En este punto siempre conviene reparar en algo: Carrió libra una batalla incesante contra Lorenzetti. Le hizo una denuncia penal por enriquecimiento ilícito. Macri hace malabarismo para no quedar atrapado por ese fuego.

Rosatti no pareció, al comienzo, del todo convencido con el contenido del fallo. En marzo había votado junto a Maqueda, en otra sentencia dividida, por la imprescriptibilidad de las acciones civiles contra el Estado en juicios de lesa humanidad. En esa oportunidad (causa Amelia Villamil) la mayoría fue compuesta por Lorenzetti, Rosenkrantz y Highton. La jueza, en cambio, estuvo firme desde el primer momento. “No me vas a convencer”, le replicó a un colega que le acercó un memorándum con consideraciones desfavorables sobre el dos por uno. (...)".

Urgente 24

Redacción

Daniel MAKENA. Jefe de Redacción

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