LA IMPUTACIÓN DE PREVARICATO CONTRA LOS MINISTROS DE LA CORTE

Un mamaracho jurídico por "cinco minutos de fama"

Siguiendo la línea editorial de la que me he ocupado durante esta semana, esto es el tremendo revuelo que suscitó, tanto en la opinión pública en general como en medios políticos y académicos, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la aplicación del “Dos por Uno” al caso de un condenado por delitos de “lesa humanidad”, hoy quiero referirme a la imputación por la supuesta comisión del delito de “prevaricato”, realizada por el fical Marijuán, contra los tres miembros del alto tribunal que votaron por la afirmativa.


En ese sentido, primero creo conveniente aclarar de que prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Es comparable al incumplimiento o mal desempeño de los deberes del servidor público.


Así, el artículo 269 del Código Penal dice en forma textual: “Sufrirá multa de pesos tres mil a pesos setenta y cinco mil e inhabilitación absoluta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.


Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.


Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, será aplicable, en su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores”.


La ocurrencia de “mal desempeño” judicial se produce, generalmente, en las causas bajo la jurisdicción del magistrado sospechado. En este punto, parece que resulta posible acotar un poco más la apertura del concepto de “mal desempeño”, y reducir la causal a supuestos de inidoneidad psicológica o técnica del juez, incumplimiento de sus deberes funcionales, comisión de abusos de poder, entre otras circunstancias.


Si la facultad de someter a jueces inamovibles a un jurado de enjuiciamiento deriva de la responsabilidad que se exige a quienes ocupan cargos públicos en una República —art. 1, CN—, debe existir cierto contenido para el concepto de “mal desempeño”.


A mi juicio, incurre en “mal desempeño” todo juez que no cumple con sus deberes normativos, es decir, todo juez que no actúe conforme a derecho, dentro de los límites de la buena fe, sin abusar de sus poderes funcionales, esto es, utilizando su poder jurídico exclusivamente para aplicarlo en los supuestos para los cuales le ha sido confiado.


Así, para ayudarnos a saber quién se desempeña mal, podemos preguntarnos quién se desempeña bien —que no es lo mismo que la “buena conducta” del art. 110. CN—: a) quien tiene apego al trabajo; b) quien aplica correctamente el derecho positivo; c) quien siempre considera las particulares circunstancias del caso antes de resolver; d) quien estudia los casos para resolver de acuerdo con los hechos probados y el derecho aplicable; y e) quien protege los derechos fundamentales de las personas.


También se ha dicho que la expresión mal desempeño del cargo conlleva “... una falta de idoneidad, no sólo profesional o técnica, sino también moral, como la ineptitud, la insolvencia moral, todo lo que determina un daño a la función, o sea a la gestión de los intereses generales de la Nación. La función pública, su eficacia, su decoro, su autoridad integral es lo esencial; ante ella cede toda consideración personal”. (Rafael Bielsa, Derecho Constitucional).


Se ha planteado como un problema si el acto fundamental que realiza un juez, que es el de dictar sentencias, puede ser materia de debate al momento de evaluar su responsabilidad política. En general, los precedentes del jurado de enjuiciamiento han tomado como regla general que los jueces no pueden ser sometidos a juicio político por el contenido de sus sentencias. Tampoco por los errores que pudieran haber cometido. Para eso están los recursos normales que provee el ordenamiento procesal.


Al respecto, el Consejo de la Magistratura ha manifestado que:

“… debe procurarse evitar que se utilice la solicitud de sanciones disciplinarias o inclusive la amenaza de juicio político como herramientas para condicionar el ejercicio independiente de la magistratura, lo cual constituye un avance indebido sobre las atribuciones constitucionales de los órganos judiciales... No cabe, pues, por la vía de una denuncia de la índole de la examinada en el presente expediente, cercenar la libertad de deliberación y decisión de que deben gozar los jueces en los casos sometidos a su conocimiento” .


Sin embargo, se han admitido excepciones al principio general de no juzgar a un magistrado por sus sentencias. Estas excepciones tienen razón de ser en tanto que en algunos supuestos es el propio contenido de las sentencias el que puede denotar un mal desempeño de tal magnitud que justifique la destitución por tal motivo.
Así, por ejemplo, la existencia de sentencias manifiestamente contradictorias dictadas por un juez en casos análogos en un lapso de tiempo corto, donde el magistrado cambia una y otra vez de criterio, puede poner de manifiesto una grave incapacidad para ejercer el cargo .


El artículo 15 de la ley 24.937 de organización y funcionamiento del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, que se refiere expresamente a la Comisión de Acusación del Consejo, señala:

“Cuando sean los tribunales superiores los que adviertan la presunta comisión de ilícitos o la existencia manifiesta de desconocimiento del derecho aplicable por parte de los jueces inferiores, dispondrán de un sumario que se remitirá con sus resultados, al Consejo”,


Aquí se advierte con claridad que el Congreso ha establecido un supuesto de mal desempeño relacionado con el contenido de las sentencias: el manifiesto desconocimiento del derecho aplicable.

Se sostiene entonces que si se trata de un acto judicial que de modo manifiesto y grosero se aparta del orden jurídico vigente y que, dada su manifiesta inexplicabilidad jurídica, puede dar indicios ciertos de esconder un posible desvío en el ejercicio del poder jurisdiccional concedido por la Constitución a los magistrados, y que podría surgir la responsabilidad política del juez por mal desempeño con relación al contenido de las sentencias.

Esto ocurriría cuando en el contenido de la sentencia se advirtiera un desvío de poder, es decir, la utilización del poder jurisdiccional para fines distintos de aquellos para los que fue atribuido a los jueces. Estos desvíos del poder jurisdiccional suelen estar relacionados con la falta de independencia o imparcialidad de los magistrados.

Como se ha dicho, si bien es cierto que en los juicios de destitución no deberían, como principio, revisarse el contenido de las sentencias —para no afectar la independencia judicial—, también es cierto que este principio no puede ser absoluto, pues en determinadas circunstancias es el contenido de esas sentencias la manifestación única del mal desempeño.

Ello sucede, por ejemplo, cuando las decisiones judiciales, en sí mismas, constituyen delitos, o también cuando éstas traduzcan ineptitud moral o técnica. Si un juez federal declarara válido un contrato de compra-venta de personas, o títulos de nobleza, o disolviera el Congreso, no se puede sostener que no podría ser removido por el contenido de sus sentencias.


Ahora, me gustaría centrarme en quién presentó la denuncia por prevaricato en contra de los ministros de la Corte Horaracio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. Se trata del abogado Marcelo Parrilli, ex legislador y letrado del Centro de Estudios Legales y Sociales.


El denunciante cita al respetado profesor de derecho penal y ex camarista Edgardo Donna, al describir la figura de prevaricato. “El prevaricato es un delito que atenta contra la administración pública pero esencialmente contra la administración de justicia, ya que el delito es cometido por los protagonistas del Poder Judicial abusando de las garantías que les otorga la Constitución: en la prevaricación, se tuerce el derecho por parte de quienes están sometidos únicamente al imperio de la ley”.


En su denuncia Parrilli recuerda que tanto Rosenkrantz como Rosatti,quisieron ser nombrados por el gobierno de Mauricio Macri por decreto y que ante el escándalo que se generó debieron seguir el trámite normal para obtener el acuerdo de la Cámara de Senadores.También consigna que la jueza Highton sigue en su cargo porque el Ministerio de Justicia decidió no apelar el fallo que le permitió continuar en su sillón después de cumplir 75 años, el límite impuesto por la Constitución. Después de ese desestimiento, salió el fallo de la Corte que ratificó ese límite etario para los jueces.


No se puede dejar de mencionar, y tener en cuenta a los fines de la investigación que se propicia con esta denuncia, que los tres ministros denunciados tienen fuertes vinculaciones con el actual gobierno nacional”, sostuvo Parrilli al reseñar los antecedentes de los tres supremos denunciados.


Estos antecedentes, que demuestran esa fuerte vinculación de los denunciados con el gobierno nacional, pueden tener como fundamento final sus votos en un fallo que, en línea con la política oficial del gobierno enunciada por sus máximas autoridades, se ha caracterizado por ir diluyendo el empuje de toda la política de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado, se ha acercado, peligrosamente, a la llamada “teoría de los dos demonios” con la cual se ha querido, desde siempre, justificar el genocidio perpetrado por las fuerzas armadas y sus cómplices civiles y tiene como estación final la amnistía, indulto o conmutación de penas de los condenados, es decir su impunidad, extremo al que, objetivamente, favorece el fallo a que me vengo refiriendo”, escribe Parrilli.


Ahora bien, teniendo bien en claro a qué se refiere la figura del prevaricato; pudiendo dilucidar de los propios dichos del denunciante supuestos por demás subjetivos e intencionados a desprestigiar, tanto a los denunciados como al gobierno del Presidente Mauricio Macri; y, finalmente, contando con la inmensa biblioteca que respalda el principio de que a los magistrados no se los juzga por el contenido de sus sentencias, ya que implicaría violar la independencia del Poder Judicial, se puede concluir que en nuestra sociedad existen fiscales y profesionales del derecho que son capaces de hacer cualquier mamaracho jurídico por tener los tan ansiados “cinco minutos de fama”.


Parafraseando al recordado Guillermo Nimo: “por lo menos, así lo veo yo”.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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