PESOS Y CONTRAPESOS DEL SISTEMA REPUBLICANO DE GOBIERNO

El poder que contrarresta el poder

Como he venido sosteniendo en mis dos anteriores editoriales, el avispero político y social, que de por sí configura la Argentina cada vez que alguna acción de gobierno, ley del Congreso o fallo de la justicia impacta de manera traumática en la opinión pública o es manipulada por sectores con intereses fácilmente reconocibles, se ha visto revolucionado en estos últimos días por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la aplicación del “Dos por Uno” para todos los delitos, incluso aquellos que recaen sobre crímenes tipificados como de “lesa humanidad”.

En igual sentido, he hecho una específica relación entre la convulsión que se desata en la sociedad y las malas costumbres o, directamente, la falta de ellas en lo que hace al ejercicio pleno del estado de Derecho en nuestro sistema republicano de gobierno, que hace olvidar, tanto a “opinólogos de café” como a prestigiosos estudiosos y analistas políticos, de todo aquello que tiene que ver con el principio de división e independencia de los poderes del Estado y, fundamentalmente, el contrapeso que supone este mismo principio, ya sea que se lo aplique desde dentro de un mismo poder como que provenga desde alguno de los otros dos poderes.

Una buena muestra de este contrapeso, que no es más que la garantía que tienen todos los ciudadanos de una sociedad democrática de que ningún poder del Estado va a vulnerar el espíritu de la Constitución y de las leyes, lo encontramos ya en el mismo accionar del Poder Judicial, a través de la imputación hecha por el Fiscal Marijuan a los tres ministros de la Corte que votaron por la afirmativa en el mencionado fallo, como también en el Proyecto de Ley votado ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, con el aval de todos los bloques, y que seguramente va a ser sancionado hoy por la Cámara de Senadores, para que sean excluidos del beneficio de libertad anticipada a todos aquellos condenados por delitos de “lesa humanidad”.

Esto último afirma aquello que Montesquieu delineó hace casi trecientos años y que se conoce como “Teoría de Separación de los Poderes del Estado”.

En ella, el pensador sostiene que la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial sólo podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos, si se combina con otro principio basado en su distribución social. Por esta razón describe un modelo institucional en el que la diversidad propia de una sociedad estamental -la sociedad inglesa- se integra formalmente a los poderes del Estado.

Los debates posteriores que dieron vida a las constituciones modernas, debates reconocidamente deudores de la teoría de Montesquieu, se centraron exclusivamente en el principio de distribución jurídica, transformándolo en un pilar fundamental en la organización de los Estados. Por más de dos siglos los expertos del derecho polemizaron sobre los alcances de este principio, en un debate en el que se enfrentaron los defensores de la autonomía absoluta de cada poder con aquellos que abogaban por su separación relativa. En uno y otro caso se trataba de interpretar adecuadamente lo que Madison llamó "El oráculo de Montesquieu".

Montesquieu elabora su teoría de la separación de los poderes del Estado a propósito de una cuestión anterior: la realización de la libertad como objetivo político. En uno de los breves capítulos que introducen su estudio sobre la Constitución inglesa, el autor ofrece una de sus más célebres definiciones: "En un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay leyes, la libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer".

El protagonismo conferido al deber dentro de esta definición permitió a Isaiah Berlin identificar la libertad de Montesquieu con la subordinación de los deseos y pasiones del hombre a los objetivos racionales de la naturaleza humana, haciendo de esta definición un ejemplo de los riesgos que implica el concepto de libertad positiva como dominio de sí. Montesquieu, olvidando sus momentos liberales, dice que la libertad política no es dar permiso para hacer lo que queramos, ni incluso para hacer lo que permite la ley, sino sólo "el poder de hacer lo que deberíamos querer", lo cual repite virtualmente Kant. Y más abajo explica: "La presuposición común a estos pensadores es que los fines racionales de nuestras "verdaderas" naturalezas tienen que coincidir, o hay que hacerlas coincidir, por muy violentamente que griten en contra de este proceso nuestros pobres yos, empíricos, ignorantes, apasionados y guiados por los deseos. La libertad no es libertad para hacer lo que es irracional, estúpido o erróneo".

El estudio de Montesquieu dedicado a la separación de poderes se inicia con el planteamiento de un problema fundamental para la realización de la libertad: el poder político que puede y debe garantizarla constituye en sí mismo un peligro para la libertad. Sin embargo, en la misma fórmula en la que el autor resume el problema del poder anuncia también su solución: "Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él,yendo hasta donde encuentra límites". La cuestión radica entonces en encontrar una forma de limitar el poder que no invalide su función como expresión y garante de la libertad de los ciudadanos. Este es el problema al que pretende dar respuesta la Constitución inglesa descrita por Montesquieu, a partir de un sistema de distribución jurídica y social de las funciones del Estado que permite que "el poder contrarreste el poder".

El sistema jurídico distribuye el poder del Estado en tres órganos: el Legislativo, representante de la voluntad general del pueblo que expresa a través de las leyes; el Ejecutivo, encargado de dar cumplimiento a dicha voluntad, y el Judicial, que juzga los delitos y las diferencias entre particulares. Pero, además, el sistema comprende una serie de facultades y procedimientos que permiten que estos órganos -específicamente el Legislativo y el Ejecutivo- participen de otro poder sin confundirse con él. El Legislativo tiene la facultad de examinar las acciones del Ejecutivo y puede acusar a los ministros si considera que no actúan en conformidad con lo dispuesto en la ley. El Ejecutivo, por su parte, participa del Poder Legislativo a través del derecho a veto que le permite rechazar las resoluciones del órgano legislador. Del mismo modo, el Legislativo sólo puede sesionar a instancias del Ejecutivo que lo convoca y durante el período que este disponga; pero el Ejecutivo está obligado a convocarlo al menos una vez al año, para que resuelva sobre la recaudación de impuestos y las fuerzas armadas. Por último, si bien el órgano judicial no participa de los otros poderes, una de las Cámaras del Legislativo, la Cámara de los Lores, participa del Poder Judicial en tres instancias: cuando la aplicación de una ley implique una rigurosidad mayor que aquella que esta ley se proponía establecer; cuando un particular viole los derechos del pueblo en un asunto público, y cuando el acusado sea un noble.


En sociedades complejas y dinámicas como las nuestras, en las que emerge una pluralidad de frentes de conflictos de distinto estatus político; con una diversidad de posiciones que se articulan en torno a un mismo conflicto; y con una ciudadanía que puede tener tantas filiaciones como conflictos y posiciones se presentan, en una sociedad de estas características, digo, las divisiones y conflictos entre intereses daría la impresión, a primera vista, que no pueden conciliarse con la simpleza de un mecanismo triestamental de pesos y contrapesos, puesto que la dificultad radica no sólo en definir cuáles son los conflictos "relevantes" de la sociedad, sino también , y más importante aún si estamos pensando en un principio que consagra el derecho político a la representación de los grupos en conflicto, en identificar las "posiciones" a considerar y a quienes las representan, evitando los peligros de la intervención partidista o clientelar o la réplica de una lógica jerárquica y excluyente.

Pero, y a modo de conclusión, sin la aparente simpleza de ese mecanismo triestamental de pesos y contrapesos, aún identificando las posiciones y sus representantes, nada tendría sentido ni lógica, ya que el mecanismo al que me refiero y al que Montesquieu le dedicó toda una “teoría” completa es la garantía que hace del republicanismo uno de los sistemas más justos y perfectibles que disponen las democracias modernas para manejarse en un estado de Derecho.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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