APRENDIENDO A VIVIR EN UN VERDADERO "ESTADO DE DERECHO"

Irrestricto respeto a la ley y a sus intituciones como base primigenia para lograr un "cambio cultural"

Tal como lo expresé en mi editorial del día de ayer, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la aplicabilidad del sistema del “Dos por Uno” para el cómputo de las penas en los casos de delitos de “lesa humanidad” ha levantado una bataola fenomenal dentro de nuestra sociedad, tanto desde sectores académicos como en la opinión pública en general.

Siguiendo con mi pensamiento, que en definitiva es el pensamiento de muchos ciudadanos de este país, en el sentido de la imperiosa necesidad de producir un “cambio cultural” en la Argentina, que, entre otras cosas, pueda ayudarnos a dejar de lado las malas prácticas a las que durante décadas se ha ceñido la vida social y política del país, considero que la educación, a través de una adecuada información, es un elemento de primordial importancia para comenzar a transitar el camino de ese “cambio”.

Y aún corriendo el riesgo de ser catalogado con el mote de “maestro ciruela”, me permitiré seguir machacando desde este espacio de expresión sobre los principios de independencia y separación de los poderes del Estado, siendo que ellos son una de las bases fundamentales sobre la que se asienta todo el sistema republicano de gobierno, sistema éste consagrado por la Constitución Nacional, desde su sanción en el año 1853, y que, amen de conservar y mantener su plena vigencia a través de las distintas reformas a las que fue sometida nuestra Carta Magna desde la fecha señalada hasta el presente, obliga a que sea respetada, tanto en su espíritu formal como en su contenido material, si es que realmente deseamos considerarnos y ser considerados por el resto del mundo como una nación que se ajusta al estado de Derecho.

Ya Thomas Hobbes, en su obra “Leviathan”, mencionaba que los hombres realizaban renuncias individuales sometiéndose a la soberanía de un Estado absolutista que es capaz de controlar el instinto de conservación de aquéllos, y organizarlos socialmente de modo de conservar la paz.

Posteriormente otro autor tomara las ideas primigenias de Hobbes. Russeau, desarrolla la idea de que mediante un contrato social, los hombres constituyen una sociedad civil de modo organizado. Mediante éste, las personas realizan renuncias individuales para alcanzar el consenso comunitario, mientras por otro lado protegen sus derechos. Evidentemente es indispensable, en este contexto, organizar al Estado soberano de tal manera que éste proteja los derechos de los súbditos, y esto solo es posible limitando de forma considerable su poder.

Finalmente, también es necesario mencionar a Jhon Locke. Éste fue el primero en expresar la idea de división de poderes como forma de limitar al Estado. En su obra “Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil”, en el capitulo XII “de los poderes legislativos, ejecutivo y federativo del Estado”, desarrolla las competencias, funciones y limites de cada uno de los poderes.

Claramente, el citado autor no hace referencia al poder judicial, sin embargo es posible y quizás razonable interpretar que las funciones judiciales están ubicadas dentro del poder legislativo en razón de su contenido, esto es, hacer derecho.

Podemos afirmar que los lineamientos teóricos que trajo la teoría de John Locke, fueron el antecedente directo de los escritos de Montesquieu. Éste establece que: “hay en cada Estado tres clase de poderes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el Poder Ejecutivo de los que dependen el derecho civil”.

Por su parte, el poder judicial debe ser ejercido por “personas del pueblo”, nombradas en ciertas épocas del año de la manera prescripta por la ley, para formar un tribunal que sólo dure el tiempo que la necesidad lo requiere.

Finalmente, el poder ejecutivo debe estar en manos de un monarca, porque esta parte del Gobierno, que casi siempre necesita una acción rápida, está mejor administrada por una sola persona que por varias.

También es para destacar el postulado de la división de poderes: “Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el Monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separa del poder legislativo y ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo el juez podría tener la fuerza de un opresor”.

Claramente en la estructura del Estado actual, ésta división tripartita se ha mantenido solo en forma teórica. Podemos ver con el avance legislativo ha ido otorgándole a los distintos poderes funciones que le son propias de otros poderes. Esto no quiere decir que dejen de cumplir su función principal de control en este sistema de frenos y contrapesos.

En la actualidad podemos ver casos en que un poder ejerce potestades que, en principio y según un criterio interpretativo rígido del postulado de división de poderes, corresponde a los otros.

Entonces, ¿Cómo debemos definir, el principio de división de poderes?

Cada poder conserva un núcleo esencial no reducible de facultades propias que coincide con el concepto clásico material, pero a su vez, avanza sobre competencias de los otros dos poderes, con ciertos matices.

Los poderes comienzan entonces a relacionarse entre si de un modo distinto al ejercer potestades materialmente administrativas, legislativas y judiciales. Sin embargo, como ya fue mencionado, cada poder conserva un núcleo de competencias propias que esta compuesto esencialmente por las potestades materialmente propias y otras materialmente ajenas o extrañas que revisten carácter complementario de las propias o, en su caso, excepcionales.

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que la esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución. Ningún departamento del gobierno puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido encomendadas.

Cada uno de los poderes tiene su propia esfera de acción, pero no están enteramente separados, porque se combinan y se complementan entre si: son coordinados. Los tres representan la soberanía de la Nación para sus objetivos principales; sus facultades derivan directamente de la Constitución; y en su ejercicio de la ley; y ambas han establecido poderes estrictamente legislativos, estrictamente ejecutivos, y estrictamente judiciales; pero en el cumplimiento de sus funciones necesitan en muchos casos, unos y otros, ejercitar poderes de naturaleza distinta a los que le son exclusivos: la línea divisoria no se halla precisamente demarcada.

Claramente, esta reseña histórica de la evolución de la división de poderes y separación de funciones en el Estado, nos arriba a una primer conclusión la cual se refiere a que mediante las libertades individuales de cada uno de los poderes y la limitación clara de sus funciones, ninguno de ellos vería afectada (en principio) su independencia por el accionar del otro.

El Dr. Richard Bellamy, en el marco de la discusión entre el Constitucionalismo Legal y el Constitucionalismo Político, hace expresa mención al “Equilibrio de Poderes” y plantea algunas cuestiones que conviene traerlas a colación.

El autor se pregunta ¿Cómo se relaciona la noción de equilibrio, con la separación de poderes por un lado, y con el Estado de derecho por el otro?

Dicho en sus palabras, en muchos aspectos, la separación de poderes apareció como una adaptación de la concepción segmentada del pluralismo y el equilibrio, y comparte muchos de sus problemas. De hecho, algunas versiones asociaban a cada uno de los tres órdenes sociales con diferentes funciones de gobierno.

A medida que esta noción fue llegando a su fin, se comenzó a reforzar la idea de una división funcional como herramienta para suministrar un sistema de equilibrio dentro de una sociedad sin clases. El fundamento principal de este esquema era evitar que los encargados de formular las leyes fueran también los responsables de su interpretación, ejecución y aplicación. Supuestamente este diseño evitaría que la norma se ejerciera de un modo arbitrario y orientado al propio beneficio.

Sin embargo, este autor encuentra tres problemas que se interponen en el camino de este desempeño natural, todos ellos relacionados con las diferencias sobre la versión segmentada del equilibrio de poderes.

El primero es: “la dificultad práctica y conceptual de diferenciar las distintas funciones”.

Bellamy ejemplifica este problema refiriéndose a lo jueces cuando se pronuncian sobre qué reglas se deben aplicar al momento de analizar cada caso en particular. Claramente en estos casos usualmente se sientan precedentes que se traducen en nuevas leyes. Es decir que, cada una de las ramas del gobierno toma parte en mayor o menor grado en cada una de las tres funciones. El autor aclara que incluso como los defensores de esta doctrina reconocen, que la separación de poderes es, en el mejor de los casos, “parcial”.

El segundo problema es: “que incluso aunque dicha separación de funciones fuere posible, no llevaría necesariamente a controlar y frenar el poder arbitrario”.

Como ya se ha hecho mención, la tesis preveía originalmente que las diferentes funciones fueran ejercidas por distintos sectores sociales. Sin embargo, esta separación será socavada si quienes controlan las distintas instancias del poder pertenecen todos al mismo grupo. En los sistemas presidenciales no es infrecuente que el partido del presidente tenga mayoría en las cámaras legislativas. Y también puede darse el caso de que el poder judicial comparta las convicciones ideológicas o los intereses tanto del presidente como de la mayoría del cuerpo legislativo.

El tercer problema, y según Bellamy el más importante, es: “que la separación de poderes no proporciona estímulos que garanticen que estos agentes sirvan a los intereses de sus principales: los ciudadanos”.

El autor reflexiona sobre esta separación funcional y considera que trae consigo una división vertical del poder. En las divisiones verticales, al contrario que en las horizontales, no se da el factor de competencia por el poder. En consecuencia, cada parte funcional puede elegir entre incrementar su renta política o bien eludir sus responsabilidades y derivar estas cargas en los otros grupos. Esta particularidad esta presente en el caso de la rama judicial, que casi no se ve obligada por mecanismo alguno a rendir cuentas ante nadie de sus decisiones. De esta manera, puede aumentar su poder reconociendo nuevos conjuntos de derechos, sin tener que cargar con responsabilidad alguna por el impacto de sus decisiones sobre otras políticas sociales o posibles aumentos en la fiscalidad.

Por otra parte, el mencionado autor destaca que la multiplicidad de agentes públicos y privados ayuda a superar dos problemas de cualquier sistema político de frenos y contrapesos.

El primero es la posibilidad de que tales frenos y contrapesos lleguen a perjudicar la independencia de una determinada institución o rama del gobierno. La multiplicidad de frenos y controles supera el doble peligro de una independencia recortada o de un exceso de la misma.

El segundo problema del control entre las ramas del poder es que puede llegar a ser demasiado contundente, en especial si alcanza a bloquear un poder central de la institución afectada.

Para concluir, como es dable apreciar, hasta los más estudiosos, aquellos que han dedicado toda una vida consagrada a dilucidar los vericuetos de la vida de los hombres en sociedad, tienen reparos para con principios que se suponen indiscutibles. Pero, una cosa es tener reparos, hacer una critica constructiva a los mismos, con el fin de mejorar cada día más el sistema que hemos elegido para vivir dentro de una comunidad de personas, y otra es criticar desde la absoluta ignorancia y, peor aún, tratar de violentar ese mismo sistema por el hecho de que alguno de sus puntos no nos parece, de manera particular, acorde a Derecho o afecta de alguna manera nuestros intereses personales o nuestros sentimientos.

Lo primero que debemos aprender para poder transitar ese “cambio cultural” tan ansiado, es el absoluto respeto por la ley y sus instituciones. Logrado esto, entonces estaremos en condiciones de modificar aquellos puntos que hayan caído en la obsolescencia, por la dinámica propia de la evolución de las sociedades, o que hayan dejado de ser operativos por el mismo motivo.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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